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Causa $LIBRA: la Justicia apartó a los querellantes en la investigación que involucra a los Milei

El juez Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a un planteo del empresario Mauricio Novelli y excluyó a los denunciantes del expediente. La investigación continúa, pero queda únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano.

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La investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a varios integrantes de su entorno, sufrió un fuerte revés judicial. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió apartar a los querellantes de la causa tras hacer lugar a un planteo presentado por el empresario Mauricio Novelli, uno de los principales imputados del expediente.

La decisión representa un duro golpe para quienes impulsaban activamente la investigación sobre la presunta maniobra vinculada a la promoción de la criptomoneda por parte del Presidente y reduce la participación de las víctimas en el proceso. De todos modos, el expediente continuará bajo la conducción del fiscal Eduardo Taiano, quien deberá definir los próximos pasos de la pesquisa.

Los querellantes ya anticiparon que apelarán la resolución ante la Cámara Federal.

Una causa que compromete al Gobierno

La causa se inició luego de que Javier Milei promocionara el 14 de febrero de 2025 el token $LIBRA desde su cuenta oficial en X. Tras la publicación presidencial, el valor del activo digital se disparó para luego desplomarse, generando pérdidas millonarias entre miles de inversores.

En el expediente fueron denunciados, además del mandatario, Karina Milei, Manuel Adorni, Mauricio Novelli, Hayden Davis, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, entre otros, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y otras posibles maniobras vinculadas con el lanzamiento de la criptomoneda.

El argumento del juez

En su resolución, Martínez De Giorgi sostuvo que quienes pretendían actuar como querellantes no lograron demostrar un perjuicio directo ni acreditar que las billeteras virtuales desde las cuales compraron los tokens les pertenecieran efectivamente.

El magistrado señaló que la documentación presentada «no permite sostener que hayan sido especialmente perjudicados por la maniobra que resulta objeto de investigación» y consideró insuficientes los enlaces, registros y manifestaciones aportadas para probar la titularidad de las wallets utilizadas.

Asimismo, destacó que la estructura técnica de la red Solana y el funcionamiento de las billeteras de autocustodia dificultan identificar con certeza a sus verdaderos propietarios.

Un fallo que relativiza los riesgos de las criptomonedas

Uno de los aspectos que más controversia generó fue que el juez dedicó parte de los fundamentos a remarcar que $LIBRA era una memecoin, un activo digital de alta volatilidad.

Según sostuvo, quienes deciden invertir en este tipo de instrumentos asumen riesgos propios de esa operatoria, por lo que una pérdida económica no implica automáticamente la existencia de un delito ni habilita la participación como querellante.

Esa interpretación fue cuestionada por especialistas y por las víctimas, que sostienen que el eje de la investigación no es el riesgo financiero propio de las criptomonedas, sino la eventual utilización de la investidura presidencial para promover un activo que terminó desplomándose tras beneficiar a un reducido grupo de operadores.

La investigación continúa

Pese al apartamiento de los querellantes, el expediente no fue archivado. La investigación seguirá bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, quien mantiene abiertas las distintas hipótesis sobre el lanzamiento de $LIBRA, incluyendo la presunta extracción millonaria de fondos de liquidez y el posible vínculo entre los desarrolladores del proyecto y funcionarios del Gobierno.

La resolución, sin embargo, limita la intervención de quienes impulsaban medidas de prueba y representa un nuevo obstáculo para una causa que desde su inicio generó fuertes cuestionamientos sobre la actuación del Gobierno nacional y el rol desempeñado por Javier Milei en la promoción de la criptomoneda.

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La Corte dejó firme el decomiso por la causa Vialidad

La Corte Suprema rechazó los planteos de nulidad y confirmó la continuidad de la ejecución del decomiso.
El monto actualizado del decomiso es de $685.000 millones.

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La Corte Suprema desestimó planteos de nulidad y confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados.
El monto quedó fijado en $685.000 millones y se ratificó el avance de la ejecución patrimonial, que incluye la posible realización de bienes.

Fallo del máximo tribunal

La Corte Suprema de Justicia rechazó los pedidos de nulidad y las solicitudes de suspensión vinculadas a la ejecución del decomiso en la causa Vialidad. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la actualización del monto y habilitó la continuidad de las medidas patrimoniales contra los condenados.

Según la resolución, también quedó desestimado un recurso presentado por Lázaro Báez, condenado en la misma causa.

Monto actualizado y bienes alcanzados

El decomiso actualizado asciende a $685.000 millones, según surge de la actualización realizada a partir de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte.

Según publicó Perfil, la orden judicial alcanza un total de 111 bienes, sobre los cuales el Tribunal Oral Federal N° 2 ya inició el proceso de tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país.

Rechazos y recursos de las defensas

La decisión del máximo tribunal también confirmó el rechazo previo a los planteos de nulidad y a los pedidos de suspensión de las medidas de ejecución patrimonial.

Con este fallo, quedó firme la continuidad del proceso impulsado por el Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante la ejecución de la condena.

Antecedentes del caso Vialidad

La causa investiga una maniobra de defraudación en la adjudicación de obra pública vial entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios vinculados a la Dirección Nacional de Vialidad.

En el expediente, se estableció que las obras fueron adjudicadas de forma sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, por montos de miles de millones de pesos.

Condenas y postura de Casación

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios y empresarios por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

También había validado la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 para ejecutar el decomiso.

Entre los argumentos de la defensa de Fernández de Kirchner, se sostuvo que la acusación buscaba “sustituir el decomiso legal por un mecanismo resarcitorio ajeno al proceso penal”, lo que, según su postura, afectaba garantías constitucionales.

Puntos clave

  • La Corte dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad
  • El monto se fijó en $685.000 millones
  • El decomiso alcanza a 111 bienes
  • Se ratificó la continuidad de la ejecución patrimonial
  • El TOF 2 avanza con la tasación de propiedades
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