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Venezuela Renace: el plan de reconstrucción que enfrenta una catástrofe sin precedentes

El gobierno venezolano lanzó el plan «Venezuela Renace» para recuperar miles de viviendas destruidas por el doblete sísmico del 24 de junio, que dejó 3.685 muertos, casi 17.000 damnificados y una emergencia humanitaria que se superpone a una crisis social preexistente. La ONU movilizó más de 274 millones de dólares en respuesta, pero la magnitud de la tragedia supera con creces los recursos disponibles.

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Con 3.685 muertos, 17.900 damnificados y una gran deuda estructural, Venezuela pone en marcha el plan de reconstrucción de viviendas dos semanas después de los sismos.

La tarde del 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió lo que los sismólogos denominan un doblete sísmico: dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó en el estado de Yaracuy, pero los estados de La Guaira, Caracas y el Distrito Capital resultaron los más devastados. Desde entonces se registraron más de 1.076 réplicas. Los especialistas califican estos sismos como los más potentes en Venezuela en 126 años.

El martes 7 de julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez activó desde la avenida Bolívar de Caracas la Gran Misión Venezuela Renace, un programa gubernamental que integra las capacidades operativas de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Corporación Juntos Todo es Posible y la Misión Venezuela Bella. El objetivo declarado: reconstruir las viviendas afectadas y devolver el hogar a quienes lo perdieron. Las cifras oficiales, informadas por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez a través de Telegram, contabilizan 3.685 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y 190 colapsados. Además, fueron rescatadas 6.462 personas y atendidas 86.794 familias instaladas en 87 campamentos transitorios.

Un despliegue técnico en escenario de devastación

El plan moviliza equipos multidisciplinarios integrados por trabajadores, ingenieros, arquitectos y estudiantes universitarios, en coordinación con instituciones públicas. Rodríguez informó que la iniciativa también cuenta con asesoría técnica internacional de países con experiencia en gestión de riesgos sísmicos, y remarcó que Venezuela es un país sísmico y lo seguirá siendo, por lo que resulta imprescindible fomentar una cultura preventiva y un plan técnico de largo plazo para la infraestructura nacional.

La ministra Jacqueline Faria, designada presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace y al frente del Ministerio de Transporte, informó que de las 4.940 estructuras ya evaluadas en Caracas y La Guaira, el 82% de las diagnosticadas en la capital recibió etiqueta verde o amarilla, es decir, son habitables o requieren solo rehabilitación. En La Guaira, zona de mayor devastación, ese porcentaje baja al 67%, lo que refleja la magnitud diferencial del impacto en el corredor costero.

Paralelamente, el gobierno anunció medidas económicas de emergencia: la banca pública y privada activará una cartera hipotecaria con un 80% de subsidio y se eximirán tasas e impuestos en registros de alquileres o compras de inmuebles para damnificados. También se decretó la prohibición de exportar materiales de construcción para destinar todos los recursos disponibles a la reconstrucción. Un programa de financiamiento contemplará pagos mensuales durante seis meses a las personas afectadas, aunque los montos aún no fueron precisados.

La ONU y la dimensión de la crisis humanitaria

El secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó que el plan de respuesta humanitaria del organismo reunió hasta el momento 274 millones de dólares, a los que se suman más de 32 millones de dólares adicionales aportados por el sector privado. Sin embargo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estableció que el plan total requiere 632 millones de dólares para brindar atención que permita salvar vidas, con una meta de asistencia a 5,5 millones de personas vulnerables.

Venezuela solicitó además asistencia técnica y financiera al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En conversación con el administrador del organismo, Alexander De Croo, Rodríguez comprometió la realización de una evaluación de necesidades posterior al desastre para avanzar en la recuperación y reconstrucción nacional. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) desplegó más de 3.000 toneladas métricas de alimentos en el país, suficientes para alimentar a unas 10.000 familias durante dos meses, y advirtió que los terremotos amenazan con agravar el hambre en una nación que ya afrontaba múltiples necesidades humanitarias previas al desastre.

Crisis sobre crisis: el contexto que el discurso oficial omite

La OCHA advirtió que la emergencia se superpone a una crisis humanitaria preexistente: a comienzos de 2026, 7,9 millones de venezolanos ya necesitaban asistencia por los efectos del estancamiento económico, la inflación y la saturación de los servicios públicos. En zonas como La Guaira, la destrucción de infraestructuras críticas, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, agravó aún más las condiciones de acceso y asistencia.

Los especialistas señalaron que los daños materiales se vieron agravados por la construcción deficiente y el colapso de edificios antiguos, en un país donde las normas antisísmicas aprobadas tras el terremoto de Caracas de 1967 nunca fueron priorizadas. El uso de edificios con planta baja flexible, vulnerables al colapso en cadena, resultó determinante en la magnitud de las víctimas. La ONU estimó en 37.000 millones de dólares los daños materiales totales provocados por la catástrofe.

En las zonas de mayor impacto, como la parroquia de Catia La Mar en el estado La Guaira, las morgues y hospitales resultaron desbordados. Centenares de cuerpos sin identificar fueron sepultados en fosas individuales en el cementerio local. Al cierre de esta edición, al menos 157 personas permanecen desaparecidas.

Puntos clave

  • El doblete sísmico del 24 de junio dejó 3.685 muertos, 16.740 heridos y 17.907 damnificados, con 190 edificios completamente colapsados.
  • El plan Venezuela Renace fue activado el 7 de julio por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde la avenida Bolívar de Caracas, con despliegue simultáneo en la capital y varios estados.
  • De las 4.940 estructuras evaluadas, el 82% en Caracas y el 67% en La Guaira fueron clasificadas como habitables o de rehabilitación posible.
  • La ONU reunió 274 millones de dólares en respuesta humanitaria, aunque el plan total requiere 632 millones para asistir a 5,5 millones de personas vulnerables.
  • La catástrofe se superpone a una crisis humanitaria preexistente que ya afectaba a 7,9 millones de venezolanos antes de los sismos.

Geopolítica 🌎

El apellido más polémico del Perú llega al poder: Keiko jura y anuncia militares en las calles

La hija de Alberto Fujimori asumió como la 66ª mandataria de la historia peruana y prometió militarizar la seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Diez jefes de Estado asistieron a la ceremonia en Lima, entre ellos el rey de España Felipe VI y el presidente argentino Javier Milei.

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"Recibimos un Estado debilitado": Fujimori promete militarizar la seguridad con la sombra del fujimorismo encima.

Keiko Fujimori juró este martes como presidenta del Perú para el período 2026-2031 ante el Congreso de la República en Lima. Con ese acto, se convirtió en la 66ª mandataria de la historia peruana y en la primera mujer en llegar a la presidencia del país andino por el voto popular. En su primer discurso ante el Parlamento, adelantó el perfil que tendrá su gestión: mano dura contra el crimen organizado, militarización de la seguridad y un diagnóstico lapidario sobre el Estado que recibe.

«Recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos», declaró Fujimori ante los legisladores. Prometió aplicar «método, disciplina, trabajo y una ruta clara» para revertir esa situación, según informó Perú 21.

Militarización de la seguridad como eje de gestión

El eje central del discurso inaugural fue la seguridad. Fujimori anunció que su gobierno desplegará a las Fuerzas Armadas en zonas dominadas por el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal. «Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno», sostuvo la nueva presidenta.

En la misma línea, precisó que «durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos».

Fujimori también advirtió que la ofensiva «no será únicamente contra el delincuente común» sino que apuntará a «las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal». Anunció el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para desarticular esas organizaciones «desde sus cabecillas y sus estructuras económicas» y fue explícita respecto a la tolerancia cero hacia la corrupción policial: «ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno».

El anuncio de militarización de la seguridad interior despertará inevitablemente el debate sobre sus límites constitucionales y sobre el historial del fujimorismo en materia de derechos humanos: durante la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), las fuerzas armadas cometieron graves violaciones a los derechos humanos, documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, torturas y un programa de esterilizaciones forzadas que afectó a más de 270.000 mujeres, mayoritariamente campesinas e indígenas.

El peso de un apellido y la sombra de la historia

Keiko Fujimori asume con el peso político y simbólico de ser hija del expresidente que gobernó el Perú con mano de hierro durante una década. Alberto Fujimori fue condenado por la justicia peruana por crímenes de lesa humanidad y falleció en septiembre de 2024 tras obtener un indulto humanitario que fue restituido judicialmente. Keiko, por su parte, enfrentó sucesivos procesos judiciales por presunto lavado de activos vinculado al financiamiento irregular de sus campañas electorales y pasó períodos bajo prisión preventiva, aunque llegó a esta elección sin condena firme.

Su triunfo en el balotaje, conseguido en su cuarta candidatura presidencial, se produjo en un país agotado institucionalmente: desde la caída de su padre en 2000, Perú atravesó ocho presidentes sin que ninguno completara su mandato, con destituciones parlamentarias, renuncias, condenas judiciales y hasta un suicidio presidencial en medio de una investigación por corrupción.

Lima, escenario de una cumbre regional

La transmisión del mando reunió en Lima a diez jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes de organismos internacionales y potencias globales. Entre los mandatarios presentes se encontraban el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Antonio Kast (Chile), junto a Nasry Asfura, jefe de Gobierno de Honduras, y Mike Eman, de Aruba. También participaron representantes de China, Estados Unidos, Japón y Corea.

La presencia de Milei no fue puramente ceremonial. El mandatario argentino, que llegó a Lima junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro bilateral previo con Fujimori para afianzar los vínculos entre ambos gobiernos. La afinidad ideológica entre el libertarismo argentino y el fujimorismo peruano, dos proyectos que comparten el discurso antiestatal, la retórica de seguridad dura y el rechazo a los gobiernos progresistas de la región, marcó el tono político de la jornada.

Puntos clave

  • Keiko Fujimori juró como la 66ª presidenta del Perú y primera mujer en alcanzar ese cargo por el voto popular.
  • Anunció la militarización de la seguridad interior durante los estados de emergencia, con las Fuerzas Armadas al mando de las operaciones de orden público.
  • Prometió combatir el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y la minería ilegal con apoyo de inteligencia y tolerancia cero hacia la corrupción policial.
  • Diez jefes de Estado asistieron a la ceremonia, entre ellos el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay y Paraguay.
  • El historial de violaciones a los derechos humanos durante la presidencia de Alberto Fujimori proyecta su sombra sobre los anuncios de militarización de su hija.
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