Ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos llevan más de una semana entrenando en suelo argentino, específicamente en Ushuaia, junto al Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM 4). La actividad, que comenzó el 8 de septiembre y se extenderá hasta el martes 22, fue confirmada por la propia Armada Argentina a través de su publicación oficial Gaceta Marinera, pero solo después de que medios especializados difundieran imágenes del equipamiento militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

El Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Carlos Presti, y la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, estuvieron en Ushuaia el viernes 12 de septiembre para recorrer el predio donde el Gobierno de Javier Milei planea acelerar la construcción de la Base Naval Integrada. Los acompañaron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Carlos Romay. La visita, seguida de inmediato por la revelación de los ejercicios con marines, colocó a Tierra del Fuego en el centro de la agenda geopolítica más sensible del país.

Una presencia que se admitió a regañadientes

La Armada intentó minimizar el impacto político al caracterizar la actividad como un «intercambio de expertos en clima frío» que se realiza desde 2017 en el marco de acuerdos de cooperación bilateral. Las técnicas que se practican incluyen desplazamiento con crampones, raquetas y esquí alpino, cordadas y procedimientos de supervivencia en montaña y frío extremo. Sin embargo, la fuerza no supo responder, ante consultas de la prensa, qué decreto, resolución o acuerdo específico ampara el ejercicio actualmente en curso. El silencio institucional fue elocuente.

El antecedente más próximo es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, por el cual el Gobierno autorizó el ingreso de hasta 30 integrantes del Naval Special Warfare, el cuerpo de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, para participar del ejercicio «Tridente». La actividad se desarrolló entre octubre y noviembre de 2025 en las bases navales de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano. En aquella oportunidad, la Casa Rosada argumentó que había enviado la solicitud al Congreso pero que este no la había tratado, razón por la cual recurrió al DNU. En abril de 2026, el Decreto 264/2026 habilitó el ejercicio «Daga Atlántica» con unos 50 efectivos estadounidenses en Puerto Belgrano, Córdoba y Moreno, más el paso del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley por la Zona Económica Exclusiva argentina. El Gobierno convirtió el DNU en el instrumento habitual para eludir el debate parlamentario sobre la presencia de tropas extranjeras en suelo argentino.

La Constitución dice otra cosa

La crítica más contundente provino del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien publicó un cuestionamiento directo al despliegue: «La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas». El jefe comunal exigió además que el Parlamento ejerza sus facultades de control y verifique «el posible incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 28», que establece que es atribución del Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la Nación.

Pérez fue cuidadoso en separar ambas cuestiones: la construcción de la Base Naval Integrada, que respaldó en sus objetivos, y la presencia de militares extranjeros en el territorio provincial. «La Base Naval Integrada debe ser 100% para nuestras Fuerzas Armadas, no para fuerzas extranjeras. Tiene que fortalecer nuestra presencia en la Antártida y el Atlántico Sur. Milei no puede confundir los intereses de Estados Unidos con los intereses de la Argentina», sostuvo el intendente.

La Base Naval Integrada: obra vieja, discurso nuevo

El proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia no es una creación de la gestión libertaria. Concebido hace más de una década, el complejo tiene como objetivos estratégicos aumentar la capacidad de control argentino en el Atlántico Sur y transformar a Ushuaia en la principal plataforma logística para la proyección antártica del país. Las obras comenzaron formalmente en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, con recursos del FONDEF y bajo la conducción del entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana. Cuando Milei asumió, los trabajos quedaron prácticamente paralizados durante casi tres años. En septiembre de 2026, a través del DNU 867, el Gobierno reasignó unos 217.959 millones de pesos (aproximadamente 142 millones de dólares) del Presupuesto nacional al Estado Mayor Conjunto, con el objetivo prioritario de retomar la construcción.

Lo que cambió respecto de intentos anteriores no es la obra en sí, sino el contexto geopolítico y el socio elegido para encuadrarla. El Gobierno de Milei descartó la participación de capitales chinos y profundizó el alineamiento con Washington. Estados Unidos considera estratégico el extremo sur argentino por su proximidad con la Antártida y por la creciente competencia con China en la región. El vínculo bilateral con ese objetivo de fondo ya estaba asociado al proyecto antes del anuncio. En agosto, una comitiva de senadores opositores que viajó a Tierra del Fuego no obtuvo autorización para ingresar al predio de la futura base, lo que agravó las sospechas sobre la opacidad del proceso.

El Atlántico Sur como escenario de tensión

Los ejercicios con marines transcurren en una semana particularmente densa en el plano internacional. El Gobierno de Milei acaba de anunciar sanciones contra empresas que operen en Malvinas y una batería de medidas vinculadas al reclamo de soberanía sobre las islas, cuya administración permanece en manos del Reino Unido. Argentina rechazó además una guía de negocios emitida por el gobierno británico sobre inversiones en Malvinas. En ese escenario, la imagen de marines norteamericanos entrenando en el extremo sur del país genera una contradicción difícil de disimular: el mismo gobierno que reivindica la soberanía argentina sobre las islas acepta, por decreto y sin control parlamentario, la presencia de tropas de una potencia que históricamente apoyó al Reino Unido en el conflicto de 1982.

Lo que tenés que saber

• Ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos entrenan en Ushuaia junto al BIM 4 desde el 8 de septiembre; la actividad concluye el 22 de septiembre.
• La Armada confirmó la presencia solo después de que medios especializados difundieran imágenes del equipamiento en el aeropuerto de Ushuaia.
• Los ejercicios fueron autorizados por decreto presidencial, sin intervención del Congreso, en línea con los antecedentes del DNU 697/2025 y el Decreto 264/2026.
• El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó la legalidad constitucional del despliegue y exigió que el Parlamento verifique el cumplimiento del artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional.
• El Gobierno reactivó la Base Naval Integrada de Ushuaia vía DNU 867 con una reasignación de unos 142 millones de dólares, pero la obra permanece sin financiamiento integral y sus principales etapas siguen pendientes.