Femicidio
Cuatro femicidios, cero garantías: paran las trabajadoras sexuales
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre. Denuncia que la criminalización, la falta de derechos y hasta los reclamos impositivos de ARCA empujan a la clandestinidad, el terreno donde ocurrieron cuatro femicidios.
Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre y ninguna superaba los 30 años. Por ellas, las trabajadoras sexuales de todo el país paran este martes bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».
La medida fue convocada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), cuya secretaria general, Georgina Orellano, precisó que las víctimas eran jefas de familias monoparentales y con experiencias recientes en el trabajo sexual. Se trata de Débora Bordón, asesinada en agosto en su departamento del barrio Agote de Rosario; Bárbara Aragón, también en Rosario; Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba; y Tatiana Fernández, de 27, en el barrio porteño de Retiro. Según el recuento difundido en torno al paro, en diez meses de 2026 se cometieron 240 femicidios en la Argentina.
Una vida precarizada, una vida que importa
Orellano explicó que muchas de las víctimas venían de trabajos informales, con deudas y precariedad, y que trabajaban en departamentos y publicaban sus servicios en páginas web. El paro, de alcance nacional, busca en primer lugar denunciar la precarización laboral de quienes ejercen el trabajo sexual en todos los ámbitos. Pero también pretende instalar que la vida de las trabajadoras sexuales vale, y que su oficio no habilita a nadie a culpabilizarlas ni a revictimizarlas.
La dirigente apuntó además contra un Estado que, según planteó, criminaliza y persigue al mismo tiempo. Detalló que las mujeres que trabajan en plataformas digitales reciben notificaciones de ARCA con reclamos de deuda y exigencias de pago de impuestos. «Por un lado el Estado te pide que pagues impuestos pero no te ofrece ninguna garantía, ningún derecho», afirmó. Cuando ocurre un femicidio de una trabajadora sexual, sostuvo, el Estado se desentiende.
El «asesino serial» y el problema que se esconde
Por los dos últimos casos, el de Villalba en Córdoba y el de Fernández en Retiro, hay un solo detenido, y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona. Orellano rechazó el modo en que los medios hegemónicos instalaron la figura del «asesino serial». «Hablar de asesino serial para nosotras es individualizar un problema que es social y estructural», sostuvo, y lo vinculó con el machismo, el patriarcado, la criminalización del trabajo sexual y la falta de derechos.
En esa línea, la secretaria general de Ammar relacionó estos crímenes con el femicidio de Nanci, la docente asesinada en Corrientes, un caso que también dejó a la vista las malas condiciones laborales y la ausencia del Estado frente a una trabajadora que denunciaba y reclamaba mejoras.
Clandestinidad: el costo de prohibir
Orellano recordó que el trabajo sexual no es un delito en la Argentina, pero que existen espacios criminalizados, como bares y whiskerías, y que tampoco se permite publicar avisos en los diarios. Para la dirigente, la prohibición no hizo desaparecer el trabajo sexual sino que lo individualizó y lo empujó a la clandestinidad. Proliferaron así las plataformas digitales y los departamentos temporarios, donde por ser trabajadoras sexuales deben pagar el doble o el triple.
«No nos mata el trabajo sexual, nos mata la clandestinidad, nos mata la falta de derechos, nos mata la criminalización a la que nos empujaron», resumió. En esa clandestinidad, advirtió, quedaron expuestas a situaciones de inseguridad y de riesgo.
Cómo se para en un trabajo sin patronal
La decisión salió de una asamblea federal que se realizó de manera virtual. El primer debate fue cómo hacer una huelga en un trabajo criminalizado, sin derechos, sin patronal y sin registro. «Teníamos que apelar a la creatividad», contó Orellano, y planteó que esa pregunta le cabe también a buena parte del movimiento obrero, que debe replantearse estrategias, alcance y representatividad.
La organización se tramitó en grupos de WhatsApp. Quienes trabajan en las rutas harán una asamblea y una olla popular, y las trabajadoras visibles publicarán durante toda la jornada una imagen en sus redes sociales. Algunas pararán apenas dos horas y colocarán un cartel en su esquina contra los femicidios y la violencia. En distintas provincias hay actividades que van desde radios abiertas hasta manifestaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, mujeres sindicalistas y actrices se sumarán a una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación. Ammar convocó además a compartir su imagen oficial en WhatsApp, Instagram, X o Telegram.
Una violencia que escala, también en las redes
Orellano describió una situación de violencia permanente: llegan videos, mensajes y audios con denuncias de agresiones de la policía y de vecinos. Mencionó el caso de Palermo, donde jóvenes van a la zona de trabajo sexual a hostigar a las compañeras, filman con sus celulares y suben el material a TikTok y otras redes. Según planteó la organización, la violencia se acentuó desde la llegada del gobierno de Javier Milei y, en la Ciudad, con la gestión de Jorge Macri.
«Todo vale cuando la vida de la otra no tiene un valor», dijo la dirigente, y afirmó que esos discursos tienen una bajada desde el gobierno nacional y calaron en la sociedad. «Estamos viviendo en una sociedad rota», sentenció. Esperan que la jornada genere conciencia social y reclaman justicia por las víctimas. «No podemos seguir contando muertas», concluyó Orellano.
Lo que tenés que saber:
- Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre: Débora Bordón, Bárbara Aragón, Daniela Villalba y Tatiana Fernández.
- Ammar convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».
- Por los dos últimos casos hay un solo detenido y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona.
- Orellano denunció que ARCA reclama impuestos a trabajadoras de plataformas digitales sin ofrecer garantías ni derechos.
- En la Ciudad de Buenos Aires habrá una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación.
Buenos Aires
Triple femicidio narco: tras más de un año, ofrecen $10 millones por cada prófugo
El Ministerio de Seguridad Nacional fijó por resolución una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco acusados por los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Tres de ellos tienen pedido de captura desde octubre de 2025 y la causa apunta a una organización con operaciones en varias jurisdicciones.
Cinco acusados por el triple crimen narco de Florencio Varela siguen sin ser capturados y el Estado ofrece $10 millones por cada uno a quien aporte datos para dar con ellos. Tres tienen pedido de captura nacional desde octubre de 2025, hace más de un año.
A través de la Resolución 1126/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional fijó la recompensa para Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire, señalados en la causa por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025.
Quién pidió la recompensa y a quién está dirigida
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, solicitó al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional, mediante un oficio del 22 de septiembre de 2026, que se fije el monto. La recompensa está destinada a personas que, sin haber intervenido en los hechos delictivos, brinden datos útiles que permitan la captura de los cinco acusados.
Quienes tengan información sobre el paradero de los buscados pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.
Las órdenes de captura, una por una
El 8 de octubre de 2025 se ordenó la captura nacional de Valverde Rodríguez y Morales Huamani, y al día siguiente se dispuso la de Ydone Castillo. Casi once meses después, el 18 de septiembre de 2026, se ordenó la captura nacional e internacional de Valverde Urtecho y Taya Humpire.
La medida expone que, a más de un año de los crímenes, cinco acusados siguen sin ser hallados.
Una organización con alcance en varias jurisdicciones
Según indica la resolución, las investigaciones y evidencias reunidas hasta el momento sostienen, con un alto grado de probabilidad, que los cinco forman parte de una organización criminal de estructura compleja, con diferentes niveles y funciones, dedicada centralmente al tráfico de estupefacientes. Esa red tendría capacidad logística para operar en territorio bonaerense, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Salta y en países limítrofes.
La resolución precisa además que las actuaciones judiciales comenzaron a raíz de los crímenes de Verdi, Gutiérrez y Del Castillo. Se trata de la valoración del juzgado en esta etapa de la causa, no de una sentencia.
El estado de la causa
Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, desaparecieron el 19 de septiembre de 2025 y fueron halladas muertas en una vivienda de Florencio Varela. Según informó la prensa local, la causa suma 16 detenidos y se investiga un posible ajuste de cuentas narco vinculado al robo de droga.
Días atrás se conoció que la madre de David Alberto Godoy, uno de los imputados, quedó en libertad por falta de mérito, mientras que otros cuatro acusados fueron procesados con prisión preventiva.
El pedido de datos a la ciudadanía llega con tres acusados con captura vigente desde hace más de un año y una causa que, según la propia resolución, apunta a una red con ramificaciones en varias jurisdicciones y fuera del país.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 1126/2026 del Boletín Oficial fija una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco acusados.
- Tres tienen pedido de captura nacional desde octubre de 2025; otros dos, desde el 18 de septiembre de 2026 (nacional e internacional).
- El pedido partió del Juzgado Federal Nº2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, el 22 de septiembre de 2026.
- Los datos se reciben en la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.
- La resolución sostiene que forman parte de una organización de tráfico de estupefacientes con operaciones en territorio bonaerense, CABA, Salta y países limítrofes.
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