Judiciales ⚖️
Casación abre una puerta en $LIBRA y revisa la exclusión de damnificados
La Sala II hizo lugar a una queja de dos inversores bielorrusos, con la disidencia de Yacobucci, y habilitó revisar el apartamiento de otros cinco. Lo que se discute es quién podrá apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos Javier y Karina Milei, y evitar así el cierre de la causa.
Un recurso que parecía agotado volvió a quedar en pie. La Cámara Federal de Casación Penal abrió la instancia para revisar si dos damnificados por la criptomoneda $LIBRA pueden ser querellantes, una figura clave para impulsar la investigación y para discutir el cierre del expediente.
La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, en el expediente caratulado «Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja». Por mayoría, el tribunal hizo lugar a la queja y concedió el recurso de casación contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo del Juzgado Federal N° 8 al pedido de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, dos ciudadanos bielorrusos, para ser tenidos como querellantes.
Un fallo dividido dentro de la Sala II
Slokar sostuvo que los agravios de la parte recurrente podían constituir alguna de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que correspondía hacer lugar a la queja. Ledesma adhirió al considerar que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia. Yacobucci, en cambio, votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible la queja, con costas.
El tribunal también ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y pedir el pase digital del legajo a la cámara de origen. Conceder el recurso no implica, por sí solo, que los inversores vuelvan a ser querellantes: lo que se abrió es la puerta para que Casación analice el planteo.
Los cinco inversores apartados también esperan
Además de los dos ciudadanos bielorrusos, Casación también habilitó que se revise el apartamiento de otros cinco inversores damnificados por la presunta criptoestafa: Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Los cinco habían sido admitidos como querellantes, pero fueron excluidos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que hizo lugar a un planteo de Mauricio Novelli, el lobbista que fue una de las piezas claves del lanzamiento de la criptomoneda.
En septiembre, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal, dejaron firme esa exclusión. En su fallo sostuvieron que los inversores «asumieron voluntariamente los riesgos» de comprar el memecoin y que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida». Las defensas de los damnificados calificaron ese argumento como un prejuzgamiento.
Qué hay en juego: apelar los sobreseimientos
De ser incorporados nuevamente, los damnificados buscarán apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para evitar el cierre de la causa. Sin querellantes, la investigación depende de la voluntad del fiscal Eduardo Taiano, a quien los afectados cuestionaron en septiembre por la demora en el avance del expediente.
La discusión de fondo excede lo procesal: quiénes pueden acusar y quiénes quedan afuera define si la causa $LIBRA se investiga o se archiva. El voto dividido de la Sala II muestra que ese punto sigue abierto.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de Casación hizo lugar a una queja y concedió el recurso de dos inversores bielorrusos que buscan ser querellantes en la causa $LIBRA.
- Slokar y Ledesma votaron a favor; Yacobucci votó en disidencia y propuso declarar inadmisible la queja.
- Casación también habilitó la revisión del apartamiento de Marchetto, Vega, Paris, Quintero y Romeo.
- Los damnificados buscarán apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos Javier y Karina Milei.
- Conceder el recurso no los reincorpora de manera automática a la causa.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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