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El Congreso en llamas: Adorni protegido, fondos buitre pagados y el Súper RIGI avanza

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda confeccionada por el oficialismo para dejar atrás el escándalo por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Aprobó el pago a dos fondos buitre, bloqueó la moción de censura contra el jefe de Gabinete y avanzó con el Súper RIGI, un régimen de beneficios fiscales extraordinarios para megainversiones de más de 1.000 millones de dólares que la oposición califica de enclaves tecnológicos al servicio del capital extranjero.

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Diputados aprobó el pago a fondos buitre y avanzó con el Súper RIGI mientras bloqueó la moción de censura contra Adorni.

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda confeccionada por el oficialismo para dejar atrás el escándalo por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Aprobó el pago a dos fondos buitre, bloqueó la moción de censura contra el jefe de Gabinete y avanzó con el Súper RIGI, un régimen de beneficios fiscales extraordinarios para megainversiones de más de 1.000 millones de dólares que la oposición califica de «enclaves tecnológicos» al servicio del capital extranjero.

Este miércoles es el día elegido por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) para reconvertir la agenda legislativa y relegar al segundo plano la crisis política que rodea a Manuel Adorni, jefe de Gabinete investigado por la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito. Con el quórum obtenido en el límite, 129 legisladores, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó a las 12.26 la cuarta sesión del período ordinario.

La maniobra fue posible gracias a la misma coalición que la víspera había vaciado la sesión convocada por la oposición para interpelar a Adorni: la UCR, el PRO y los bloques que responden a los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Entre Ríos, además de los peronistas aliados de Tucumán, Salta y Catamarca. Los mismos diputados que retacearon el quórum para avanzar contra el jefe de Gabinete pusieron el cuerpo para la sesión oficialista.

Ravier se va, Matzkin llega, y Bullrich suma poder

La sesión incluyó un episodio de alto voltaje político interno. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, quien asumió ese cargo en reemplazo del propio Adorni, fue el último en ingresar al recinto, determinante para completar el quórum. Apenas iniciado el debate, presentó su renuncia a la banca y el pleno se la aceptó. Su lugar fue ocupado por Martín Matzkin, dirigente de La Pampa alineado con Patricia Bullrich, quien juró como diputado nacional con mandato hasta diciembre de 2029.

La titular del PRO, hoy senadora nacional y jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, estuvo presente en el recinto, sentada a metros del estrado, para acompañar el juramento de Matzkin. Con este movimiento, Bullrich consolida un núcleo de aproximadamente 12 legisladores propios en la Cámara de Diputados, una fuerza interna con identidad diferenciada dentro del arco oficialista.

Adorni se coló igual: moción de censura rechazada

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, intentó forzar la inclusión sobre tablas de la moción de censura contra Adorni, que no estaba en el temario oficial. La iniciativa requería tres cuartos del cuerpo y obtuvo apenas 104 votos a favor contra 125 en contra. En igual sentido, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, solicitó un apartamiento de reglamento para que la comisión de Asuntos Constitucionales avanzara la semana siguiente con el dictamen de los proyectos contra el funcionario. También fue rechazado.

Antes de los temas centrales, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, pronunció una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por la suspensión de prestaciones del PAMI, calificando la medida como un ataque directo contra jubilados y pensionados.

Fondos buitre aprobados: 171 millones de dólares para Bainbridge y Attestor

En el primer tramo sustancial de la jornada, Diputados aprobó los acuerdos de conciliación celebrados entre el Estado nacional y dos grupos acreedores: Bainbridge Ltd. y el fondo Attestor Value Master Fund, correspondientes a bonos del default de 2001, por un monto de 171 millones de dólares. El proyecto tenía un vencimiento formal ineludible antes del 30 de junio, lo que le quitó margen de negociación a la oposición.

El miembro informante, el legislador libertario Bertie Benegas Lynch, defendió el acuerdo como el cierre de una herida de «deshonra internacional» abierta desde hace 25 años. El diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, rechazó la iniciativa y recordó que el default de 2001 fue consecuencia de políticas de libre mercado que el propio Milei reivindica como modelo.

El Súper RIGI: ¿desarrollo industrial o enclave para el capital extranjero?

El eje central de la jornada fue el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, más conocido como Súper RIGI, enviado al Congreso mediante el Mensaje N°181/2026 y firmado por Milei, Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. El proyecto establece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de al menos 1.000 millones de dólares en sectores de frontera tecnológica: inteligencia artificial, semiconductores, producción de baterías, vehículos eléctricos, hidrógeno verde, energías renovables y reactores nucleares de pequeña y mediana escala.

Los beneficios contemplados son notoriamente más generosos que los del RIGI original: alícuota del 15% en Impuesto a las Ganancias, arancel cero para bienes de capital, contribuciones patronales reducidas al 10%, deducción de quebrantos sin límite temporal, y libre disponibilidad de divisas de exportación que sube progresivamente hasta el 100% a partir del tercer año. Todo bajo un paraguas de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria garantizada por 30 años.

La oposición kirchnerista y la izquierda cuestionaron con dureza el proyecto. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, señaló la contradicción de ampliar exenciones fiscales para grandes capitales mientras el Gobierno ajusta sobre jubilados y pensionados. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño vinculó el régimen a intereses de Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien mantuvo reuniones con Milei y funcionarios del gabinete antes de la presentación del proyecto. Su par Néstor Pitrola advirtió que Argentina se convertiría en una «zona franca» donde las ganancias fluyen al exterior sin dejar riqueza local.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió el proyecto ante las comisiones y negó cualquier lobby de empresas tecnológicas específicas. También reveló que desde la aprobación del RIGI original a mediados de 2024 se presentaron 39 proyectos por un total de 138.000 millones de dólares, aunque la inversión efectivamente concretada apenas supera los 700 millones de dólares, una brecha que la oposición explotó para cuestionar el impacto real del esquema.

El análisis de la fundación Fundar señaló que el Súper RIGI «mantiene la contradicción original» de un gobierno que reivindica el libre mercado pero adopta como política emblema la selección estatal de sectores ganadores, sin que exista un repositorio público de proyectos adheridos, lo que genera opacidad sobre el uso de recursos fiscales resignados.

Homenaje a Taty Almeida: presente, ahora y siempre

En un momento de singular peso simbólico, el diputado de Unión por la Patria, Horacio Pietragalla Corti, encabezó el homenaje a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el 14 de junio a los 95 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Almeida, cuyo nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, dedicó casi cinco décadas a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia tras la desaparición de su hijo Alejandro, secuestrado en 1975. Asumió la presidencia de Madres Línea Fundadora tras la muerte de Nora Cortiñas en 2024 y fue distinguida en abril pasado con el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.

Puntos clave

  • El oficialismo obtuvo quórum con 129 legisladores para una sesión que la oposición no pudo lograr el martes para interpelar a Adorni.
  • Diputados aprobó el pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Bainbridge y Attestor antes del vencimiento del 30 de junio.
  • La moción de censura contra Adorni fue rechazada con 125 votos en contra; el jefe de Gabinete sigue siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
  • El Súper RIGI ofrece estabilidad fiscal por 30 años, alícuota del 15% en Ganancias y libre disponibilidad de divisas para proyectos de más de 1.000 millones de dólares.
  • El Congreso rindió homenaje a Taty Almeida, referente histórica de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el 14 de junio a los 95 años.

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A 71 años del bombardeo a Plaza de Mayo: la masacre impune que sigue sin condena

El 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea lanzaron 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo en un intento de magnicidio contra Juan Domingo Perón. Más de 350 civiles murieron. A 71 años, la masacre permanece impune y el odio político que la impulsó sigue mutando de forma.

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A 71 años: el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955 que dejó más de 350 muertos y sigue impune.

El 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea lanzaron 14 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo en un intento de magnicidio contra Juan Domingo Perón. Más de 350 civiles murieron y alrededor de 2.000 resultaron heridos. A 71 años, la masacre permanece impune y el odio político que la impulsó sigue mutando de forma: donde antes caían bombas, hoy caen sentencias judiciales fabricadas a medida.

El día que las Fuerzas Armadas atacaron al pueblo

El jueves 16 de junio de 1955 amaneció como un día de confrontación abierta entre el gobierno de Juan Domingo Perón y sectores del establishment eclesiástico, militar y empresarial que buscaban su caída. A media mañana, decenas de aviones de la Aviación Naval y parte de la Fuerza Aérea despegaron con un objetivo preciso: asesinar al presidente constitucional y derrocar el gobierno peronista.

Las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo y las calles aledañas. Las aeronaves, que llevaban inscripta la leyenda «Cristo vence» como símbolo de la alianza entre el catolicismo conservador y los sectores golpistas, atacaron sin distinción a los civiles congregados. Uno de los proyectiles impactó directamente contra un trolebús repleto de pasajeros. El saldo de la masacre fue de más de 350 muertos y cerca de 2.000 heridos, en lo que representó el mayor ataque armado a la población civil en suelo argentino hasta entonces.

Perón se refugió en el Edificio Libertador. Las tropas leales al Gobierno frenaron el alzamiento esa misma tarde. Los golpistas que no lograron escapar fueron sometidos a consejos de guerra, pero los principales responsables se exiliaron en Uruguay, donde el presidente Luis Batlle les otorgó asilo político. Entre los implicados en los hechos de aquella jornada figuraba un joven oficial, Eduardo Emilio Massera, quien años después encabezaría uno de los comandos de la dictadura genocida de 1976.

El contexto político: lo que no podían ganar en las urnas

El ataque del 16 de junio no fue un hecho aislado. Se inscribió en una estrategia política de sectores que comprendían que el peronismo era imbatible en elecciones libres. En 1954, el oficialismo había obtenido el 62,54% de los votos, consolidando una base popular que ninguna fuerza opositora podía erosionar por vías democráticas. A esa fortaleza electoral se sumaba una distribución del ingreso sin precedentes en América Latina: bajo la gestión peronista, los trabajadores alcanzaron una participación de alrededor del 53% en el PBI, un dato que irritaba profundamente a las élites económicas tradicionales.

El conflicto con la Iglesia Católica, desatado tras la sanción de la ley de divorcio y la eliminación de la educación religiosa en las escuelas públicas, les proveyó a los sectores conservadores una coartada moral para acelerar el camino del golpe. La masacre del 16 de junio fue la primera expresión de esa alianza entre el poder económico concentrado, la jerarquía eclesiástica y fracciones de las Fuerzas Armadas.

La impunidad como política de Estado

El bombardeo fracasó como golpe de Estado en junio, pero logró su objetivo tres meses después. El 16 de septiembre de 1955 la autodenominada Revolución Libertadora derrocó a Perón, quien partió al exilio y no regresaría al país hasta 1973, luego de 18 años de proscripción. Los crímenes cometidos el 16 de junio nunca fueron juzgados con la profundidad que merecían. La masacre permaneció impune, borrada del relato hegemónico durante décadas, mientras se amplificaba mediáticamente la reacción espontánea de militantes que indignados incendiaron algunas iglesias aquella misma noche.

La Revolución Libertadora proscribió al peronismo, persiguió a sus militantes y sindicalistas, fusiló opositores en los basurales de José León Suárez y firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la historia argentina. El ciclo de violencia política inaugurado aquel 16 de junio no se cerró en 1955: se prolongó, con diferentes intensidades y métodos, durante décadas.

71 años después: la misma matriz, distintas herramientas

A 71 años del bombardeo, el odio al peronismo sigue vigente aunque ya no cae desde el cielo en forma de bombas. Opera hoy en los tribunales, en los sets de televisión, en los escritorios de jueces funcionales al poder económico. La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en diciembre de 2022, debe leerse en esa continuidad histórica: una proscripción no por medios militares, sino judiciales; no con aviones, sino con sentencias diseñadas sin pruebas directas. Tal como señalaron organismos de derechos humanos y juristas de distintas corrientes, la instrucción de esa causa estuvo plagada de arbitrariedades, escuchas ilegales, filtraciones mediáticas y operaciones de prensa.

Esta estrategia de persecución jurídica a líderes populares, conocida como lawfare, combina jueces, grandes medios de comunicación y servicios de inteligencia para desacreditar e inhabilitar políticamente a quienes representan al campo nacional y popular. El mecanismo fue reconocido y analizado por decenas de organizaciones de derechos humanos, académicos y juristas en Argentina y en el mundo. No es una teoría conspirativa; es una metodología documentada.

En 1955, sectores de la Sociedad Rural, la jerarquía eclesiástica y fracciones castrenses empujaron el golpe. Hoy son grupos mediáticos concentrados, grandes poderes económicos y una parte del Poder Judicial quienes reproducen esa misma lógica. El objetivo tampoco cambió: restaurar un orden donde el mercado imponga las reglas y el Estado abandone toda función redistributiva. En 1955 se habló del «tirano prófugo». Hoy se construye la figura de la «jefa de una asociación ilícita». La estigmatización es una constante que atraviesa décadas y adapta su lenguaje a cada época.

La resistencia como hilo histórico

El intento de asesinar a Perón fracasó, pero logró su proscripción por 18 años. La condena judicial a Cristina, en 2022, no pudo borrarla del escenario político. En ambos casos, la resistencia popular fue la respuesta. Los hijos de los fusilados de José León Suárez militaron en unidades básicas. Las Madres de Plaza de Mayo, cuyo origen como movimiento de lucha está indisolublemente ligado a las consecuencias políticas del ciclo abierto en 1955, marcharon durante décadas reclamando Memoria, Verdad y Justicia. Y las nuevas generaciones reconocen en esa historia una continuidad que ninguna sentencia ni ninguna bomba logró interrumpir.

Recordar el bombardeo del 16 de junio de 1955, a 71 años de aquella masacre impune, no es un ejercicio nostálgico. Es comprender que los mismos intereses que ordenaron lanzar bombas sobre trabajadores siguen operando, con otras herramientas y otros actores, contra cualquier proyecto político que coloque al pueblo en el centro de las decisiones.

Puntos clave

  • El 16 de junio de 1955, aviones de la Aviación Naval y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo con más de 14 toneladas de explosivos, dejando más de 350 muertos y alrededor de 2.000 heridos.
  • El ataque buscó asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, quien había sido reelecto en 1954 con el 62,54% de los votos; fracasó ese día, pero derivó en el golpe de la Revolución Libertadora tres meses después.
  • Los responsables de la masacre nunca enfrentaron una condena proporcional a sus crímenes; el bombardeo permanece impune 71 años después.
  • El odio político al peronismo adopta hoy la forma del lawfare: persecución judicial, mediática y de inteligencia contra líderes populares como Cristina Fernández de Kirchner, con métodos distintos pero idéntica matriz.
  • La resistencia popular frente a cada intento de proscripción es el hilo histórico que conecta las generaciones de 1955 con las actuales.
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