★ La sesión del Senado del pasado miércoles 19 de marzo dejó al desnudo la ruptura del consenso democrático sobre la última dictadura cívico-militar. Por primera vez desde 2003, no fue posible acordar en el Congreso una declaración política sobre el 24 de marzo de 1976 que reflejara una base de consensos mínimos. La Libertad Avanza se abstuvo, y Patricia Bullrich intentó sin éxito imponer un texto que eliminaba toda referencia al terrorismo de Estado y a los juicios de lesa humanidad.

El quiebre marca el fin de un pacto de tolerancia cero a cualquier reivindicación del terrorismo de Estado que se había consolidado desde la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003. Con el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, la visión de la «Memoria Completa» y la «teoría de los dos demonios» se volvió la política oficial del Estado argentino.

El rechazo libertario al «Nunca Más»

El proyecto presentado por el senador Eduardo «Wado» de Pedro, integrante de H.I.J.O.S. e hijo de desaparecidos, destacaba «el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio del Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho».

La Libertad Avanza intentó primero boicotear la sesión dejándola sin quorum. Al fracasar esa maniobra, Bullrich propuso una redacción alternativa que incluía la «condena a cualquier tipo de violencia plasmado en el concepto del Nunca Más», con la implícita inclusión de los crímenes realizados por organizaciones guerrilleras.

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch sentó la postura de su bloque: «Hubo un golpe de Estado como consecuencia de hechos terroristas por grupos guerrilleros que asesinaron inocentes y esa es la verdad completa y creo que nos tenemos que poner de acuerdo que no tiene que pasar más ninguna de las dos cosas. No podemos avalar el terrorismo guerrillero y no podemos avalar nunca más la fuerza del Estado contra los ciudadanos», subrayó el legislador.

De Pedro rechazó la modificación por considerarla un vaciamiento del sentido histórico de la conmemoración. El proyecto finalmente se aprobó con 49 votos afirmativos, mientras los 20 senadores de La Libertad Avanza se abstuvieron. El único libertario que votó a favor fue Luis Juez.

La construcción del consenso democrático

Desde 2002, una serie de leyes fueron consolidando el pacto social sobre la última dictadura. En agosto de ese año se consagró el 24 de marzo como «Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia» a través de la ley 25.633, que instauró una jornada de reflexión colectiva y crítica sobre la tragedia del golpe cívico militar.

Mediante esa norma, se dispuso que todos los establecimientos educativos incluyeran en los respectivos calendarios escolares jornadas alusivas al Día Nacional, con el objetivo de «consolidar la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos».

En 2003, a instancias de un proyecto de la diputada de izquierda Patricia Walsh que recibió el apoyo del gobierno de Kirchner, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que el gobierno de Raúl Alfonsín había impulsado en 1986 en medio de amenazas de golpe militar. Con esa decisión política terminó la impunidad de los genocidas y se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad.

El 20 de marzo de 2006, el Día Nacional de la Memoria pasó a ser feriado nacional inamovible a partir de la aprobación de la ley 26.085.

El primer intento de Macri y la resistencia social

En 2017, el gobierno de Mauricio Macri dictó un decreto declarando la movilidad del feriado, pero fue dejado sin efecto por la resistencia de la oposición. Ese año también hubo una multitudinaria marcha en contra del fallo que establecía la conmutación de la pena para genocidas, conocido como «dos por uno».

Producto de esa movilización histórica por su masividad inédita, el Congreso aprobó en un mismo día y en cuestión de pocas horas en ambas cámaras una ley que prohíbe la aplicación del «dos por uno» a los delitos de lesa humanidad.

Durante el gobierno del Frente de Todos se presentaron varios proyectos de ley «antinegacionistas», que apuntan a prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina. También proponen la formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado.

La visita de diputados libertarios a genocidas

A mediados de 2024 estalló una polémica cuando se conoció que un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitó en el penal de Ezeiza a represores de la última dictadura cívico-militar condenados por delitos de lesa humanidad, entre quienes se encontraba Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Carlos Suárez Mason (h) y Adolfo Donda.

El plan fue impulsado por el diputado libertario Beltrán Benedit y contó con la participación de María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci (aunque esta última desistió de entrar al penal a último momento).

La visita, que se realizó con vehículos oficiales de la Cámara baja, había sido facilitada por el cura Javier Olivera Rabasi y tenía como objetivo compartir con los genocidas un proyecto para morigerar sus penas. La difusión pública de una foto en el penal de los diputados libertarios con los represores provocó fuertes cuestionamientos de la oposición, que intentaron sin éxito sancionar a los legisladores.

El negacionismo como política de Estado

Si persistía alguna duda sobre la postura oficial, el gobierno ratificó su visión con la difusión de un video grabado en la víspera del 24 de marzo del año pasado que llevaba la voz en off del presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, un personaje ultraconservador vinculado al ecosistema libertario que se dedica a dar la «batalla cultural» con millonarios aportes internacionales.

La designación de Bryan José Mayer, quien en 2023 calificó de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985, como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos completa el panorama. Mayer se suma a la conducción de Joaquín Mogaburu, titular de la Subsecretaría y conocido por sus posiciones negacionistas sobre el número de desaparecidos.

El episodio del Senado deja en evidencia que, más allá de la visión del gobierno, existe una porción importante de la política que aún conserva anticuerpos para defenderse frente a una estrategia de banalización que intenta equiparar crímenes comunes con el terrorismo de Estado, como si las cargas de responsabilidad fueran simétricas.

Puntos Clave:

• La Libertad Avanza se abstuvo en el Senado en el proyecto de compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, rompiendo el consenso construido desde 1983

• El gobierno de Milei convirtió la «teoría de los dos demonios» en política oficial de Estado, designando negacionistas en la Subsecretaría de Derechos Humanos

• Desde 2002, una serie de leyes consolidaron el pacto democrático: el 24 de marzo como feriado inamovible, la anulación de Obediencia Debida y Punto Final, y la prohibición del «dos por uno»

• En 2024, diputados libertarios visitaron en el penal de Ezeiza a represores condenados como Astiz, Guglielminetti y Donda, con vehículos oficiales del Congreso

• La Conferencia Episcopal advirtió sobre «una tendencia creciente al autoritarismo» en el documento difundido por el 50° aniversario del golpe ★