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Legislativo

Adorni en el banquillo del Congreso: Milei pone el cuerpo para blindar a su ministro, en la mira judicial

El jefe de Gabinete presenta el Informe 145 de gestión ante la Cámara de Diputados con Javier Milei, Karina Milei y el Gabinete en pleno como escudo político, mientras la Justicia federal avanza sobre sus propiedades, sus viajes y el origen de sus fondos.

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Adorni expone en Diputados bajo la sombra judicial y con Milei en el palco

★ Manuel Adorni llegó esta mañana al Congreso de la Nación para presentar el informe de gestión ante la Cámara de Diputados con un contexto que ningún comunicado oficial puede disimular: el jefe de Gabinete expone ante los legisladores en medio de una causa judicial que investiga su presunto enriquecimiento ilícito, con allanamientos ya realizados, secretos bancarios levantados y la mirada de la oposición clavada en cada una de sus respuestas.

La presentación, que arrancó a las 10.30, se enmarca en el informe catalogado como «Informe 145», un documento de 1.936 páginas elaborado por la Jefatura de Gabinete y enviado a la Cámara Baja pocos minutos antes de la comparecencia.

El operativo político: toda la carne al asador

El Gobierno no dejó nada librado al azar. Según pudo confirmar la Agencia NA a partir de fuentes de la Presidencia de Diputados, Javier Milei y su hermana Karina Milei ocuparán el palco central del recinto, mientras que el Gabinete en pleno fue convocado a los balcones del primer piso para el inicio de la sesión. A esa presencia se suma la confirmada asistencia de los senadores nacionales del bloque que encabeza Patricia Bullrich.

El despliegue no es casual. En Balcarce 50 trabajan para que la performance de Adorni no tenga sobresaltos y para que el informe corra el foco de la agenda judicial que envuelve al funcionario. El propio Milei ya había anticipado su presencia en el recinto, y el Gobierno subraya, ante cada consulta periodística, que Adorni nunca dudó en presentarse.

La causa que no para

La investigación judicial que recae sobre Adorni avanzó de forma acelerada en las últimas semanas. El fiscal federal Gerardo Pollicita, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, investiga el financiamiento de la compra de un departamento de casi 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, adquirido por el funcionario con préstamos de cuatro mujeres mayores, jubiladas y empleadas públicas, cuyos ingresos no coincidirían con los montos del crédito cedido.

A principios de abril, la Justicia ordenó el allanamiento de tres inmobiliarias que intervinieron en esa operación. En esa misma jornada, la escribana Adriana Nechevenko de Schuster, cuyo nombre aparece también vinculado a una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, declaró ante Pollicita y negó irregularidades. La investigación también ordenó el levantamiento del secreto bancario para examinar el financiamiento de viajes privados al exterior, incluyendo traslados a Nueva York y Punta del Este.

Además, Adorni figura en la causa por el presunto fraude de la criptomoneda $LIBRA como «legitimador», según registros del iPhone del operador Mauricio Novelli analizados por la DATIP; y la oposición intentó, sin éxito por no reunir la mayoría agravada, forzar su citación al Congreso antes de esta presentación.

Una oposición con los colmillos afilados

Mientras el oficialismo monta un dispositivo de apoyo descomunal, la oposición se prepara para aprovechar la instancia. La comparecencia obligatoria del jefe de Gabinete ante el Congreso es, por definición constitucional, una instancia de control político: Adorni deberá responder preguntas de los legisladores sin el escudo de los micrófonos de la conferencia de prensa.

La semana que viene, según trascendidos parlamentarios, la causa judicial y la situación patrimonial del funcionario serán el eje de las preguntas de los bloques de la oposición, que llegaron al recinto con expedientes, informes y una estrategia coordinada para presionar sobre los puntos más oscuros del Informe 145.

Puntos clave:

  • Manuel Adorni presenta el Informe 145 (1.936 páginas) ante la Cámara de Diputados a las 10.30 de este miércoles.
  • Javier Milei, Karina Milei y el Gabinete en pleno estarán presentes en el recinto como demostración de respaldo político al jefe de Gabinete.
  • Adorni enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, que ya ordenó allanamientos, levantamiento del secreto bancario y tomó declaración a la escribana interviniente.
  • La causa incluye el examen del financiamiento de un departamento en Caballito y propiedades vinculadas, con préstamos de mujeres cuyos ingresos no coinciden con los montos cedidos.
  • Adorni también está mencionado en la causa $LIBRA como «legitimador», lo que amplía el frente judicial que enfrenta al mismo tiempo que debe rendir cuentas ante el Congreso.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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