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Adorni acusó de “golpismo” a la oposición y dio una breve explicación sobre sus causas judiciales

El jefe de Gabinete inauguró su informe de gestión en Diputados con un ataque a kirchneristas, empresarios y medios, y defendió el plan económico con aplausos de Milei desde el palco. Evitó responder preguntas por su enriquecimiento ilícito y sus viajes, aunque dio una breve explicación sobre las causas judiciales en su contra y anunció que quedará constancia de todo en su próxima declaración jurada.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.

Adorni fue al Congreso a acusar, no a responder, y dio una breve “explicación” sobre sus causas judiciales

★ El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, compareció este miércoles ante la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión en un clima de alta tensión política. Lejos de contestar preguntas o dar respuestas sobre las causas judiciales que lo involucran, el funcionario utilizó gran parte de su tiempo para acusar al kirchnerismo, a empresarios «prebendarios» y a sectores de los medios de comunicación de haber orquestado una «operación golpista» durante la segunda mitad del año pasado.

La sesión se desarrolló con la presencia del presidente Javier Milei, quien concurrió al recinto junto a parte de su Gabinete y fue acompañado por legisladores del bloque de Patricia Bullrich en los palcos de invitados, en lo que el oficialismo presentó como un gesto de respaldo institucional.

La tesis del «golpismo» y la defensa del plan económico

En el primer tramo de su discurso, Adorni atacó con dureza al kirchnerismo y sostuvo que un conjunto de fuerzas políticas, empresariales y mediáticas realizaron lo que definió como una «operación golpista» que retrasó, según sus palabras, «la reconstrucción del camino elegido por el gobierno libertario». El funcionario atribuyó a esa supuesta operación el alza del riesgo país registrada durante la segunda mitad de 2024, que a su criterio «trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos».

«El kirchnerismo intentó desestabilizar durante la campaña, generando corrida cambiaria y suba de tasas, lo que agravó la situación», señaló Adorni, según la Agencia NA. También acusó a la oposición de «operar financieramente en contra del gobierno e impulsar leyes en el Congreso con el único propósito de romper el equilibrio fiscal».

En la misma línea, el jefe de Gabinete defendió los resultados macroeconómicos de la gestión libertaria. Citó el descenso de la inflación del 211% al 31%, el superávit fiscal que definió como «el primero en más de un siglo» y la reducción del gasto público «al mínimo en diez años». «La actividad económica está mejorando», sostuvo, mientras los diputados de La Libertad Avanza y los invitados en los palcos lo aplaudían.

Los silencios más elocuentes

El contraste entre el tono ofensivo de Adorni hacia la oposición y sus respuestas sobre sus propios problemas judiciales fue la marca central de la jornada. Al finalizar su exposición, el funcionario reconoció que «muchos de los presentes» querrían preguntarle por sus causas judiciales y se adelantó a responder, aunque con precisión selectiva.

Sobre la causa vinculada al viaje de su esposa en el avión presidencial, Adorni destacó con énfasis que fue archivada por la Justicia a pedido de la fiscalía, como efectivamente ocurrió. Pero esquivó con evasivas las preguntas sobre el expediente central: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y que incluye allanamientos en inmobiliarias, el levantamiento de su secreto bancario y testimonios sobre préstamos otorgados por cuatro mujeres con ingresos incompatibles con los montos cedidos.

Sobre ese expediente, Adorni se limitó a señalar que «todo está siendo investigado por la Justicia» y que su próxima declaración jurada patrimonial «estará todo actualizado». No aclaró que la Oficina Anticorrupción prorrogó el vencimiento de ese trámite del 30 de mayo al 31 de julio de 2026, mediante la Resolución 3/2026, en el momento de mayor exposición judicial del funcionario.

Consultado sobre sus viajes a Punta del Este y otros destinos en vuelos privados presuntamente solventados por terceros, Adorni los enmarcó como «viajes personales, del ámbito privado» y aseguró que «el Estado no pagó esos viajes». Acusó a la oposición de montar «una operación en su contra» y reiteró: «No cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia».

El blindaje político y el cierre sin preguntas

La sesión fue organizada de manera que limitó al máximo la exposición de Adorni al cuestionamiento opositor. No hubo reunión previa de Labor Parlamentaria y el tiempo asignado a cada legislador para preguntas fue de cinco minutos como máximo, según informó este medio en su cobertura previa de la jornada.

Antes de abandonar el estrado para pasar a un cuarto intermedio, Adorni agradeció la confianza del presidente Milei y de Karina Milei, elogió la gestión del titular de la Cámara, Martín Menem, y repartió elogios entre los funcionarios del Gabinete, todo sin responder a las preguntas concretas de la oposición.

El resultado fue una sesión que el oficialismo utilizó como tribuna de campaña y que la oposición caracterizó como un ejercicio de evasión. Las causas judiciales contra el jefe de Gabinete siguen su curso en los tribunales federales, ajenas a los aplausos del recinto.

Puntos clave:

  • Adorni acusó al kirchnerismo, empresarios y medios de haber ejecutado una «operación golpista» en 2024 que retrasó «la reconstrucción» del gobierno libertario.
  • Defendió la baja de inflación del 211% al 31% y el superávit fiscal, con aplausos de Milei y el Gabinete desde los palcos del Congreso.
  • Reconoció las causas judiciales en su contra pero solo destacó el archivo de la causa por el vuelo de su esposa, esquivando el expediente por enriquecimiento ilícito.
  • Anunció que su próxima declaración jurada patrimonial tendrá todo «actualizado», sin mencionar que la Oficina Anticorrupción prorrogó el plazo de presentación hasta el 31 de julio.
  • Cerró su exposición sin responder preguntas concretas de la oposición y pasó a un cuarto intermedio tras agradecer a los Milei y elogiar a sus funcionarios.

Legislativo

¿El fin del Etiquetado Frontal? Milei intenta favorecer a importadores y alimenticias

El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en alimentos envasados. La iniciativa, que lleva las firmas de Milei, Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, generó rechazo de especialistas en salud pública, mientras fuentes del propio oficialismo reconocieron que la medida responde en buena medida a presiones de la industria alimenticia.

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal

★ El Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, que ingresó este sábado al Congreso, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. El Ejecutivo solicitó al Parlamento el «pronto tratamiento y sanción» de la norma.

La maniobra no sorprende en su lógica desregulatoria: ya en 2024, la administración libertaria había intentado modificar la ley por la vía administrativa, mediante dos disposiciones de la ANMAT que alteraron la metodología de cálculo de nutrientes excesivos. Ahora, el Ejecutivo avanza directamente con la derogación total.

El argumento oficial y lo que oculta

El texto firmado por Milei, Adorni y Lugones sostiene que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación total. El Gobierno cuestiona que el sistema aplique criterios homogéneos sobre matrices alimentarias muy diversas, sin considerar las porciones reales consumidas, generando, según el Ejecutivo, «interpretaciones simplificadas o poco precisas» y confusión en el consumidor.

Sin embargo, lo que el discurso oficial no menciona es la variable política de fondo: según fuentes oficialistas, el impulso del proyecto responde «en buena medida» a presiones del sector de la industria alimenticia, que resistió la normativa desde su aprobación en 2021. La ley fue sancionada tras un amplio debate parlamentario con el respaldo de organismos médicos, científicos y asociaciones vinculadas a la salud pública, y su cuestionamiento siempre provino de las grandes corporaciones alimentarias, no de la ciudadanía.

La derogación paso a paso

El proyecto es breve y directo: su artículo 1° dispone la derogación total de la Ley 27.642, mientras que el artículo 2° establece que la nueva norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La derogación implicaría la quita de los octógonos negros de advertencia sobre exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías en los envases de alimentos y bebidas, la eliminación de las restricciones asociadas a la publicidad de ultraprocesados en entornos escolares, y la habilitación del uso de personajes infantiles y animados en el marketing de productos con alto contenido de nutrientes críticos, actualmente prohibido.

El Ejecutivo aclaró que la declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará vigente bajo el Código Alimentario Argentino y las normativas del Mercosur. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que esa información técnica, sin la señal visual clara y directa de los octógonos, no garantiza la comprensión del consumidor corriente, especialmente en sectores de baja escolaridad.

Un debate con dos modelos en pugna

En el fondo, la discusión enfrenta dos concepciones de la regulación estatal: por un lado, una norma diseñada como herramienta de salud pública y derecho a la información; por el otro, una agenda oficial que prioriza la desregulación y la eliminación de lo que el Gobierno denomina «trabas comerciales». Desde 2025, el Mercosur trabaja en la armonización del etiquetado frontal entre los países miembros. El Gobierno de Milei invoca esa armonización como justificación; sus críticos señalan que el proceso podría servir como vía indirecta para bajar los estándares de protección, dado que el modelo argentino es considerado uno de los más exigentes de la región por el uso de octógonos y sus restricciones adicionales sobre publicidad.

El sistema cuestionado, basado en los parámetros de la OPS, utiliza «umbrales móviles», es decir, proporciones de nutrientes en relación con las calorías totales del alimento, en lugar de cantidades absolutas por cada 100 gramos. Los impulsores de la derogación argumentan que ese esquema genera distorsiones; sus defensores, en cambio, sostienen que constituye la herramienta más efectiva y clara para que los consumidores identifiquen en segundos la calidad nutricional real de los productos ultraprocesados.

La voz de la salud pública

Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de profesionales de la nutrición y la salud pública manifestaron su rechazo a la eliminación de la Ley 27.642. Desde el campo sanitario se advirtió que derogar los octógonos implicaría un retroceso en el acceso a información clara, en un contexto donde las tasas de obesidad infantil y enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, siguen siendo un problema de primer orden en Argentina y en la región. Para estas organizaciones, la medida subordina el bienestar ciudadano a los intereses de las corporaciones alimentarias, siguiendo la lógica del desguace regulatorio que el Gobierno libertario aplica sistemáticamente desde diciembre de 2023.

No es un dato menor que el proyecto lleve la firma de Manuel Adorni, actualmente investigado por la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa instruida por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que ya supera los 840.000 dólares bajo sospecha.

Puntos clave

  • El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para derogar en su totalidad la Ley de Etiquetado Frontal N° 27.642, con las firmas de Milei, Adorni y el ministro de Salud Lugones.
  • Fuentes oficialistas reconocieron que el proyecto responde «en buena medida» a presiones de la industria alimenticia.
  • La derogación implicaría eliminar los octógonos negros, las restricciones publicitarias en entornos escolares y el uso de personajes infantiles en el marketing de ultraprocesados.
  • Organizaciones de salud pública y especialistas en nutrición advirtieron sobre un retroceso en la protección del consumidor.
  • El sistema argentino de etiquetado frontal es considerado uno de los más exigentes de la región.
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