Bolivia: Paz Pereira recorta su sueldo a la mitad y promete un «perdonazo» fiscal en medio de una crisis social sin salida

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció este domingo una reducción del 50% en su salario y en el de todos sus ministros, como parte de lo que describió como un gesto de austeridad y «compromiso con el país». Al mismo tiempo, anunció el impulso de un «perdonazgo tributario» destinado a trabajadores de sectores informales; una medida que, según aclaró el propio mandatario, alcanzará a quienes mantienen deudas con el sistema tributario desde 2017 y cuya mora no supere los 10 millones de bolivianos. La aclaración no fue menor: «No es para ricos, es para el que vive día a día», dijo Paz Pereira en una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Sucre.

El recorte salarial, sin embargo, no se extenderá al conjunto del Ejecutivo. El propio presidente se encargó de aclararlo: «No queremos perjudicar a otras áreas ni a los profesionales», señaló. Una distinción que, en el marco de una crisis de gobernabilidad profunda, no bastó para reencauzar el diálogo con los principales sectores movilizados.

El «perdonazo» que llega tarde

El perdón de multas tributarias apunta a gremiales, transportistas, artesanos y trabajadores por cuenta propia; sectores que acumularon sanciones durante años de informalidad y que ahora ven en esta medida una oportunidad para regularizar su situación fiscal. Según explicó Paz Pereira, el objetivo es que quienes tengan deudas de entre 10.000 y 40.000 bolivianos puedan «reactivar esa platita y volverla a poner en Bolivia».

La propuesta tiene una lógica redistributiva en su superficie, pero llega en un momento en que la legitimidad del gobierno está severamente cuestionada. Para quienes sostienen los bloqueos y las marchas, el anuncio no responde al reclamo central: la renuncia del presidente.

La COB no va al diálogo; la Policía sí reprime

La Central Obrera Boliviana (COB), junto a sindicatos de campesinos y juntas vecinales que lideran las movilizaciones y los bloqueos de rutas, no asistieron a la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo. El rechazo es elocuente: los sectores organizados no confían en que los gestos anunciados representen un cambio estructural de rumbo.

Mientras tanto, las protestas no ceden. La Policía continúa reprimiendo a los manifestantes, especialmente en La Paz, con un saldo de tensión sostenida que el obispo católico Giovanni Arana intentó, sin éxito, encauzar hacia una salida negociada. El religioso, que actúa como mediador junto a organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, reconoció que los esfuerzos por facilitar el diálogo «han caído en saco roto».

El propio Paz Pereira lo reconoció, con una frase que ilustra la encrucijada: «Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre. Estoy apostando por el diálogo y volveré a convocarlos«. La sentencia refleja tanto la voluntad declarada de negociar como la incapacidad real de convocar a quienes tienen el poder de movilización en la calle.

El Senado allana el camino para una mayor represión

En paralelo a los anuncios presidenciales, la Asamblea Legislativa Plurinacional avanzó en una decisión que enciende las alarmas de los organismos de derechos humanos: el Senado de Bolivia aprobó la derogación de la Ley de Estado de Excepción, una normativa vigente desde 2020 que fijaba condiciones, plazos y mecanismos de control legislativo para la aplicación de medidas extraordinarias ante situaciones de crisis.

La combinación de anuncios de austeridad y el debilitamiento de los frenos institucionales a la represión configura una ecuación política de alto riesgo: gestos de buena voluntad por un lado, ampliación del margen de fuerza por el otro.

Bolivia «está en quiebra» y la calle pide que se vaya

«Bolivia está en quiebra», afirmó Paz Pereira, reiterando una caracterización de la situación económica que utiliza para justificar el ajuste que aplica su gestión desde fines de 2025. Pero esa misma descripción es la que sus detractores le devuelven como acusación: si el país está en quiebra, es bajo su gobierno que llegó a ese punto.

El reclamo unificado de quienes se movilizan, con bloqueos de rutas que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en distintas regiones del país, es la renuncia del mandatario por «incumplir» sus promesas de campaña. Incluso el ex presidente Evo Morales tomó distancia del gobierno y pidió la convocatoria a elecciones «para que no haya más muertes», según informaron medios bolivianos.

La crisis boliviana no es solo una disputa salarial ni una tensión fiscal; es la expresión de un modelo de ajuste que, como tantas veces en América Latina, descarga sus costos sobre los sectores más vulnerables mientras promete soluciones que no terminan de materializarse.