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Milei usó datos reales para construir una mentira: lo que no dijo al comparar su sueldo con el de rectores

Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el el jefe de Estado difundió una comparación salarial parcial y engañosa que omitió los sueldos de sus propios ministros ($8.020.866), los senadores ($11.600.000), los diputados ($6.000.000) y los jueces de la Corte (hasta $20.000.000).

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Milei comparó su sueldo con rectores pero omitió el de sus ministros, senadores y jueces de la Corte

★ En lugar de responder al reclamo de cientos de miles de argentinos que marcharon el martes por la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei eligió una táctica diferente: difundir en su cuenta de X una comparación entre su propio sueldo congelado ($4.066.018 pesos brutos mensuales) y los salarios de los rectores de universidades nacionales (hasta $18 millones por mes), con el mensaje implícito de que los líderes del sistema universitario son los verdaderos privilegiados.

Los datos utilizados son, en su mayoría, reales. Pero la selección es deliberadamente incompleta, y esa selección es lo que convierte la operación en una herramienta de distorsión antes que de información.

Lo que Milei dijo: datos reales en un relato sesgado

El sueldo del Presidente de la Nación de $4.066.018 brutos mensuales es un dato verificado, confirmado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Está congelado desde el 1° de diciembre de 2023, cuando Milei asumió, y fue exceptuado de la actualización salarial que el propio mandatario dispuso para el resto del Poder Ejecutivo mediante el Decreto 931/2025, firmado el 2 de enero de 2026.

También son reales las cifras sobre rectores: el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, difundió una tabla oficial según la cual 14 rectores de universidades nacionales perciben remuneraciones brutas de entre $8 y $18 millones mensuales, mientras que otros 33 cobran entre $5 y $8 millones, y apenas 10 se ubican por debajo de los $5 millones.

La afirmación de que algunos rectores cobran hasta cuatro veces más que el jefe de Estado es, con esos datos, verificable. Pero lo que la comparación omite, es determinante para tomar real dimensión a la que apunta la opereta presidencial en primera persona.

Lo que Milei no dijo: el espejo roto del ajuste selectivo

El mismo decreto que Milei firmó en enero de 2026 para congelar su propio sueldo dio un aumento superior al 100% al resto de su gabinete. Según datos oficiales, a los que accedió Perfil mediante pedido de Acceso a la Información Pública, bajo la Ley 27.275, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros del Poder Ejecutivo cobran hoy $7.902.331 brutos mensuales (cifra de abril de 2026, percibida en mayo), con una proyección de $8.020.866 para el mes en curso. En términos nominales, sus haberes se duplicaron en los primeros cinco meses del año, acumulando un aumento del 123,8%. Los funcionarios de Milei cobran, entonces, casi el doble que el Presidente que los nombró, y el doble que la mayoría de los rectores universitarios que el mandatario señaló públicamente.

Tampoco mencionó que los senadores nacionales perciben en la actualidad alrededor de $11.600.000 brutos mensuales, casi tres veces más que el Presidente, ni que los diputados cobran aproximadamente $6.000.000 brutos, superando igualmente el sueldo presidencial. Ni que los ministros de la Corte Suprema de Justicia tienen un sueldo básico de $9.900.643 brutos, al que se suman complementos por antigüedad, y que todos quienes juraron antes del 1° de enero de 2017 están exentos del pago del impuesto a las Ganancias, un privilegio vedado para cualquier trabajador privado o docente universitario.

Sin embargo, según datos publicados por fuentes especializadas, un juez de la Corte puede llegar a percibir entre $19 y $20 millones mensuales en total, superando con holgura el sueldo de los rectores que Milei eligió retratar como símbolo del privilegio.

La realidad de los docentes: los que la imagen no mostró

La comparación salarial del Presidente opuso su sueldo al de los 14 rectores mejor pagados del sistema universitario. Lo que esa imagen no mostró es la realidad del universo de trabajadores que sostienen ese sistema. Según datos de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) publicados por Infobae, la escala salarial de mayo de 2026 indica que un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva sin antigüedad cobra $510.947 brutos por mes, por debajo de la Canasta Básica Alimentaria de $658.011 que marca la línea de indigencia según el INDEC. Un Auxiliar de Primera categoría con dedicación simple percibe entre $212.540 y $265.675 brutos, menos de la mitad de esa canasta.

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos de marzo de 2026, concluyó que solo los profesores Titulares con dedicación exclusiva superan la línea de pobreza, fijada ese mes en $1.434.464. El Instituto Argentina Grande (IAG) calculó que un Titular con dedicación exclusiva acumuló desde diciembre de 2023 un ingreso $18,5 millones menor a precios de abril de 2026, comparado con lo que hubiera cobrado si su sueldo hubiera mantenido el poder adquisitivo de noviembre de 2023. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) informó que los haberes universitarios aumentaron un 139,4% acumulado desde diciembre de 2023, contra una inflación del 249,5% en el mismo período, lo que representa una pérdida real de 110 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 profesionales abandonaron sus cargos docentes en los últimos dos años como consecuencia del deterioro salarial.

La marcha, la ley y el desvío narrativo

La cuarta Marcha Federal Universitaria se realizó el martes 12 de mayo con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Corrientes y decenas de ciudades más. La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), aprobada por amplia mayoría en el Congreso, ratificada tras el veto del Ejecutivo, y avalada en dos instancias judiciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no emitió su resolución definitiva.

El subsecretario Álvarez respondió a la movilización con una frase que sintetizó la postura oficial: «La ley nació muerta», dijo en declaraciones a Radio Mitre. Sostuvo además que «la restricción presupuestaria sigue» independientemente de la cantidad de manifestantes. El documento leído en Plaza de Mayo por la FUA advirtió que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, calificando la actitud del Poder Ejecutivo como «un acto de desprecio institucional sin precedentes» por alzarse contra los otros dos poderes del Estado.

En su relato de redes sociales, Milei no respondió al fondo del reclamo. Tampoco mencionó que sus propios ministros son los funcionarios que más ganaron en los primeros cinco meses del año. En cambio, compartió una imagen. Esa imagen tiene números reales. Pero la verdad no se mide solo con los números que se eligen mostrar.

Puntos clave

  • El sueldo de Milei ($4.066.018 brutos) está congelado desde diciembre de 2023, pero los salarios de sus ministros se duplicaron por decreto propio en 2026, llegando a más de $8 millones mensuales.
  • Algunos rectores cobran hasta $18 millones brutos (dato oficial), pero los jueces de la Corte Suprema pueden superar esa cifra sin pagar el impuesto a las Ganancias.
  • Los senadores perciben $11,6 millones brutos y los diputados alrededor de $6 millones, ambos por encima del sueldo presidencial que Milei usó como parámetro.
  • El grueso de los docentes universitarios cobra entre la indigencia y la pobreza: un JTP semiexclusivo percibe $510.947 brutos, por debajo de la Canasta Básica Alimentaria de $658.011.
  • Las transferencias reales a universidades cayeron 45,6% entre 2023 y 2026, y la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por el Congreso y la Justicia, continúa sin ser aplicada por el Ejecutivo.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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