Política 📢
Milei usó datos reales para construir una mentira: lo que no dijo al comparar su sueldo con el de rectores
Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el el jefe de Estado difundió una comparación salarial parcial y engañosa que omitió los sueldos de sus propios ministros ($8.020.866), los senadores ($11.600.000), los diputados ($6.000.000) y los jueces de la Corte (hasta $20.000.000).
Milei comparó su sueldo con rectores pero omitió el de sus ministros, senadores y jueces de la Corte
★ En lugar de responder al reclamo de cientos de miles de argentinos que marcharon el martes por la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei eligió una táctica diferente: difundir en su cuenta de X una comparación entre su propio sueldo congelado ($4.066.018 pesos brutos mensuales) y los salarios de los rectores de universidades nacionales (hasta $18 millones por mes), con el mensaje implícito de que los líderes del sistema universitario son los verdaderos privilegiados.
Los datos utilizados son, en su mayoría, reales. Pero la selección es deliberadamente incompleta, y esa selección es lo que convierte la operación en una herramienta de distorsión antes que de información.
Lo que Milei dijo: datos reales en un relato sesgado
El sueldo del Presidente de la Nación de $4.066.018 brutos mensuales es un dato verificado, confirmado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Está congelado desde el 1° de diciembre de 2023, cuando Milei asumió, y fue exceptuado de la actualización salarial que el propio mandatario dispuso para el resto del Poder Ejecutivo mediante el Decreto 931/2025, firmado el 2 de enero de 2026.
También son reales las cifras sobre rectores: el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, difundió una tabla oficial según la cual 14 rectores de universidades nacionales perciben remuneraciones brutas de entre $8 y $18 millones mensuales, mientras que otros 33 cobran entre $5 y $8 millones, y apenas 10 se ubican por debajo de los $5 millones.
La afirmación de que algunos rectores cobran hasta cuatro veces más que el jefe de Estado es, con esos datos, verificable. Pero lo que la comparación omite, es determinante para tomar real dimensión a la que apunta la opereta presidencial en primera persona.
Lo que Milei no dijo: el espejo roto del ajuste selectivo
El mismo decreto que Milei firmó en enero de 2026 para congelar su propio sueldo dio un aumento superior al 100% al resto de su gabinete. Según datos oficiales, a los que accedió Perfil mediante pedido de Acceso a la Información Pública, bajo la Ley 27.275, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros del Poder Ejecutivo cobran hoy $7.902.331 brutos mensuales (cifra de abril de 2026, percibida en mayo), con una proyección de $8.020.866 para el mes en curso. En términos nominales, sus haberes se duplicaron en los primeros cinco meses del año, acumulando un aumento del 123,8%. Los funcionarios de Milei cobran, entonces, casi el doble que el Presidente que los nombró, y el doble que la mayoría de los rectores universitarios que el mandatario señaló públicamente.
Tampoco mencionó que los senadores nacionales perciben en la actualidad alrededor de $11.600.000 brutos mensuales, casi tres veces más que el Presidente, ni que los diputados cobran aproximadamente $6.000.000 brutos, superando igualmente el sueldo presidencial. Ni que los ministros de la Corte Suprema de Justicia tienen un sueldo básico de $9.900.643 brutos, al que se suman complementos por antigüedad, y que todos quienes juraron antes del 1° de enero de 2017 están exentos del pago del impuesto a las Ganancias, un privilegio vedado para cualquier trabajador privado o docente universitario.
Sin embargo, según datos publicados por fuentes especializadas, un juez de la Corte puede llegar a percibir entre $19 y $20 millones mensuales en total, superando con holgura el sueldo de los rectores que Milei eligió retratar como símbolo del privilegio.
La realidad de los docentes: los que la imagen no mostró
La comparación salarial del Presidente opuso su sueldo al de los 14 rectores mejor pagados del sistema universitario. Lo que esa imagen no mostró es la realidad del universo de trabajadores que sostienen ese sistema. Según datos de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) publicados por Infobae, la escala salarial de mayo de 2026 indica que un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva sin antigüedad cobra $510.947 brutos por mes, por debajo de la Canasta Básica Alimentaria de $658.011 que marca la línea de indigencia según el INDEC. Un Auxiliar de Primera categoría con dedicación simple percibe entre $212.540 y $265.675 brutos, menos de la mitad de esa canasta.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos de marzo de 2026, concluyó que solo los profesores Titulares con dedicación exclusiva superan la línea de pobreza, fijada ese mes en $1.434.464. El Instituto Argentina Grande (IAG) calculó que un Titular con dedicación exclusiva acumuló desde diciembre de 2023 un ingreso $18,5 millones menor a precios de abril de 2026, comparado con lo que hubiera cobrado si su sueldo hubiera mantenido el poder adquisitivo de noviembre de 2023. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) informó que los haberes universitarios aumentaron un 139,4% acumulado desde diciembre de 2023, contra una inflación del 249,5% en el mismo período, lo que representa una pérdida real de 110 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 profesionales abandonaron sus cargos docentes en los últimos dos años como consecuencia del deterioro salarial.
La marcha, la ley y el desvío narrativo
La cuarta Marcha Federal Universitaria se realizó el martes 12 de mayo con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Corrientes y decenas de ciudades más. La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), aprobada por amplia mayoría en el Congreso, ratificada tras el veto del Ejecutivo, y avalada en dos instancias judiciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no emitió su resolución definitiva.
El subsecretario Álvarez respondió a la movilización con una frase que sintetizó la postura oficial: «La ley nació muerta», dijo en declaraciones a Radio Mitre. Sostuvo además que «la restricción presupuestaria sigue» independientemente de la cantidad de manifestantes. El documento leído en Plaza de Mayo por la FUA advirtió que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, calificando la actitud del Poder Ejecutivo como «un acto de desprecio institucional sin precedentes» por alzarse contra los otros dos poderes del Estado.
En su relato de redes sociales, Milei no respondió al fondo del reclamo. Tampoco mencionó que sus propios ministros son los funcionarios que más ganaron en los primeros cinco meses del año. En cambio, compartió una imagen. Esa imagen tiene números reales. Pero la verdad no se mide solo con los números que se eligen mostrar.
Puntos clave
- El sueldo de Milei ($4.066.018 brutos) está congelado desde diciembre de 2023, pero los salarios de sus ministros se duplicaron por decreto propio en 2026, llegando a más de $8 millones mensuales.
- Algunos rectores cobran hasta $18 millones brutos (dato oficial), pero los jueces de la Corte Suprema pueden superar esa cifra sin pagar el impuesto a las Ganancias.
- Los senadores perciben $11,6 millones brutos y los diputados alrededor de $6 millones, ambos por encima del sueldo presidencial que Milei usó como parámetro.
- El grueso de los docentes universitarios cobra entre la indigencia y la pobreza: un JTP semiexclusivo percibe $510.947 brutos, por debajo de la Canasta Básica Alimentaria de $658.011.
- Las transferencias reales a universidades cayeron 45,6% entre 2023 y 2026, y la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por el Congreso y la Justicia, continúa sin ser aplicada por el Ejecutivo.
CABA
Macri insulta a una jueza con 35 años de experiencia en niñez para quedar bien con Milei
El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se alineó con el Gobierno nacional y aprovechó la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires para atacar al gobernador Axel Kicillof, mientras la jueza que dictó la medida explicó que sin infraestructura la ley no crea seguridad sino más hacinamiento y violencia.
El hacinamiento de adolescentes en centros de privación de libertad sin acceso a educación, trabajo ni tratamiento es el problema real que motivó la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Así lo explicó la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien dictó la medida cautelar al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Para el bloque gobernante y para el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, sin embargo, el fallo fue ante todo una munición política para arremeter contra Axel Kicillof.
La Ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional en febrero y en vigor a escala nacional desde el 5 de septiembre de 2026, redujo la edad mínima de imputabilidad de los 16 a los 14 años, reemplazando el régimen vigente desde 1980. Dos días después de su entrada en vigencia, Pascual suspendió preventivamente su aplicación en el territorio bonaerense al advertir que la Provincia carece de la infraestructura edilicia, los recursos profesionales y los dispositivos institucionales necesarios para absorber el aumento de adolescentes que ingresarían al sistema penal.
La jueza habló: «Un chico encerrado sin educación llega a los 18 a una escuela del delito»
Pascual defendió su fallo con argumentos técnicos y experiencia judicial directa. En declaraciones radiales, la magistrada sostuvo que «si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes» y fue contundente al advertir que «un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito». También afirmó que «hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia».
La jueza subrayó que su fallo no implica un cuestionamiento a la reducción de la edad de imputabilidad en sí misma, sino a las condiciones materiales en las que comenzaría a aplicarse. En los fundamentos de la resolución, Pascual señaló que su propio juzgado debió imponer anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora porque el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad. «Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo«, planteó, y propuso que los 60 días de suspensión sirvan para que los distintos poderes del Estado definan quién supervisará a cada joven, con qué recursos funcionarán los centros y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla.
Ante quienes la acusan de garantista, Pascual respondió sin vacilaciones: «Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente». Su trayectoria respalda esa mirada: con más de 35 años de trabajo en niñez y adolescencia, fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, presidenta del Consejo Provincial del Menor y Familia, consultora de UNICEF y presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia. En 2025, la Universidad Nacional Guillermo Brown le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su trayectoria en derecho y justicia social.
Macri se alinea con Milei y convierte un debate judicial en ataque político
Lejos del debate técnico sobre infraestructura penitenciaria juvenil, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, optó por la confrontación directa desde las redes sociales. En su cuenta de X, Macri sostuvo que «la edad no puede ser una excusa para matar, robar o destruir una familia», aunque ningún argumento de la jueza Pascual planteó lo contrario. A continuación arremetió contra la oposición: «Pero Kicillof y el garantismo parecen pensar distinto». Para cerrar, Macri se diferenció del gobernador bonaerense y aseguró: «Nosotros siempre vamos a estar del mismo lado: el de la gente de bien. En la Ciudad el Régimen Penal Juvenil tiene plena vigencia».
El alcalde porteño también disparó contra el Poder Judicial bonaerense: «Cada vez que sale una ley a favor de la gente honesta, aparecen jueces dispuestos a defender a los delincuentes y garantizarles impunidad». La expresión no cuadra con los argumentos de la jueza, que en ningún momento defendió la impunidad de nadie, sino que señaló la falta de condiciones para aplicar la ley dentro de los estándares de derechos humanos exigidos por la propia legislación.
La posición de Macri se inscribió el mismo día en que La Libertad Avanza bonaerense anunció que solicitará el juicio político de la jueza Pascual; y la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra la magistrada, acusándola de usurpación funcional y abuso de autoridad. Un frente de presión judicial y política que no tiene precedentes proporcionales frente a una medida cautelar de 60 días dictada con fundamentos técnicos documentados.
El debate que el Gobierno evita: ¿con qué infraestructura se aplica la ley?
La resolución de Pascual abrió una grieta en el propio sistema judicial bonaerense: mientras la jueza de Lomas de Zamora suspendía la ley, un juez de Menores de Quilmes ordenó la detención de un adolescente de 15 años aplicando la nueva legislación. La ausencia de criterio uniforme revela que el problema no es ideológico sino estructural: la ley existe, pero los recursos para aplicarla respetando estándares básicos no están garantizados en todo el territorio provincial.
La propia Ley 27.801 establece entre sus objetivos la reinserción social y las medidas alternativas al encierro. Lo que Pascual reclamó no es ignorar esos objetivos, sino cumplirlos. La respuesta del Gobierno nacional y de Macri fue convertir ese reclamo en un ataque político al peronismo bonaerense, eludiendo la pregunta concreta: ¿con qué centros, con cuántos profesionales y con qué presupuesto se aplica una ley que ampliará significativamente la cantidad de adolescentes bajo custodia estatal?
Lo que tenés que saber de la baja de imputabilidad
- La jueza Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires por falta de infraestructura para aplicarla dentro de los estándares de derechos humanos.
- La medida cautelar se fundó en un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, ligada a la Iglesia Católica.
- La ley baja la edad mínima de imputabilidad de los 16 a los 14 años y entró en vigor a escala nacional el 5 de septiembre de 2026.
- Jorge Macri usó el fallo para atacar a Kicillof en las redes sociales, alineándose con la posición del Gobierno nacional sin abordar los argumentos técnicos de la jueza.
- La Libertad Avanza bonaerense anunció el pedido de juicio político a la magistrada, y la ONG Usina de la Justicia presentó una denuncia penal contra ella.
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