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Un nuevo testigo hundió aún más a Adorni: pagó 21.000 dólares en billetes por un alquiler

Un propietario del country de Exaltación de la Cruz declaró ante el fiscal Pollicita que el jefe de Gabinete abonó tres contratos sucesivos, todos en billetes, mientras refaccionaba su propia casa por 245.000 dólares. La DAFI analiza si las operaciones coinciden con el patrimonio declarado por el funcionario.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni y su esposa.

Nuevo testigo reveló que Adorni pagó US$ 21.000 en efectivo por un alquiler en Indio Cuá

★ La causa que investiga el enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo testimonio que amplía el cuadro de operaciones en efectivo sin justificación patrimonial. José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó más de 21.000 dólares en billetes por el alquiler de su propiedad durante el período en que el funcionario refaccionaba la suya en ese mismo predio.

Tres contratos, ningún rastro formal

Según el testimonio que Rodríguez brindó este miércoles por la mañana, la cifra total surgió de tres acuerdos sucesivos, todos informales y todos abonados en efectivo.

  • El primero fue un contrato temporal firmado en octubre de 2023, por 5.600 dólares en efectivo, que le permitió a Adorni veranear en el country a principios de 2024, cuando ya ejercía como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei.
  • El segundo fue el contrato principal: 13.000 dólares en efectivo para permanecer en Indio Cuá mientras avanzaban las obras en la casa que Adorni había adquirido por 120.000 dólares.
  • El tercero fue una extensión informal de tres meses adicionales, originada en las demoras de la obra, por la que el funcionario abonó 2.400 dólares más, también en billetes.
  • El total: 21.000 dólares en efectivo, sin registros formales en ninguno de los tres tramos.

El efectivo como denominador común

El testimonio de Rodríguez no es aislado. Se inscribe en una serie de declaraciones que el fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo vienen acumulando, y que tienen un elemento recurrente: la predilección de Adorni por las transacciones en efectivo y al margen de cualquier trazabilidad fiscal.

Previamente, el contratista Matías Tabar, de la empresa Alta Arquitectura, había confirmado que las refacciones en la propiedad de Adorni en Indio Cuá ascendieron a 245.000 dólares, pagados íntegramente en efectivo y sin factura. Esas obras incluyeron, entre otras mejoras, una pileta con cascada, un quincho de alta gama con una parrilla valuada en 15.000 dólares e instalaciones de baños de lujo con jacuzzi.

La DAFI analiza si las cifras cuadran

La Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y el equipo de investigadores judiciales se encuentran analizando estas nuevas operaciones para determinar si se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete. El foco de la pesquisa es preciso: sumar los 21.000 dólares en alquileres a los 245.000 en refacciones implica que, solo en ese country de Exaltación de la Cruz, Adorni habría desembolsado más de 266.000 dólares en efectivo en un lapso acotado, una cifra que se agrega a un patrimonio investigado que, según los datos acumulados en la causa, ya supera los 840.000 dólares.

El contexto de una causa que no para de crecer

La investigación alcanzó en las últimas semanas una intensidad creciente. El juez Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, cuya actividad como coach ontológica tampoco aparece como fuente suficiente para explicar el nivel de vida documentado por los investigadores, que incluye un viaje en primera clase a Madrid financiado en efectivo para ella y cinco amigas, y el presunto uso del avión presidencial para un traslado a Nueva York.

Además, la diputada Marcela Pagano solicitó la captura del funcionario por entorpecimiento de la justicia, al alegar que Adorni intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones. En paralelo, el juez Lijo ordenó el peritaje de los teléfonos del productor Marcelo Grandio, amigo íntimo del jefe de Gabinete, para determinar si su productora ImHouse obtuvo contratos irregulares con la Televisión Pública, bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.

Puntos clave

  • José Rodríguez declaró ante el fiscal Pollicita que Adorni le pagó 21.000 dólares en efectivo por tres contratos de alquiler en el country Indio Cuá.
  • Los pagos incluyeron un contrato temporal de octubre de 2023 por 5.600 dólares, un alquiler principal de 13.000 dólares y una extensión informal de 2.400 dólares.
  • La DAFI y los investigadores judiciales analizan si esas operaciones se corresponden con el patrimonio declarado por el funcionario.
  • Solo en Indio Cuá, los pagos en efectivo documentados por la causa superan los 266.000 dólares.
  • El patrimonio investigado de Adorni ya supera los 840.000 dólares.

Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

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Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.

Puntos clave

  • La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
  • El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
  • Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
  • Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
  • El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.

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