Desregulación
Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil
La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.
¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo
★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.
Los delitos imputados y el eje de la denuncia
La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.
La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.
Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego
Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.
El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.
El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado
La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.
En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.
Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria
La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.
Puntos clave:
- La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
- Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
- La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
- La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
- Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
Desregulación
AySA: el 13 de noviembre el consorcio comprador se sienta en el directorio
La empresa convocó a tres asambleas para el mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90%. Se tratará la renuncia de los directores estatales, el nombramiento de sus reemplazantes y una reforma de 11 artículos del estatuto.
El mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90% de AySA, la empresa convocó a tres asambleas para tratar la renuncia de los directores designados por el Estado y el nombramiento de sus reemplazantes, que definirá el consorcio comprador.
La convocatoria, publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial, fija las asambleas Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas Clase A para el 13 de noviembre en Tucumán 752, Ciudad de Buenos Aires, a las 10, 11 y 12; si no hay quórum, los segundos llamados serán a las 13, 14 y 15. La fecha coincide con el plazo que la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, estableció para suscribir el contrato de compraventa de acciones.
Qué se vota
La Asamblea Especial Clase A, que agrupa las 135.000 acciones del Estado nacional equivalentes al 90% del capital y de los votos, tratará la renuncia de los directores y síndicos designados por esa clase y el nombramiento de sus reemplazantes, cuyos nombres todavía no son públicos. El directorio que responde al Gobierno de Javier Milei está encabezado por Alejo Maxit, como presidente, y Oscar Pedro Ernesto Ferrari, como vicepresidente. José Luis Lingeri integra el directorio en representación del 10% de los trabajadores, que no forma parte de la venta.
La Asamblea Extraordinaria considerará la reforma de los artículos 1, 4, 8, 11, 15, 25, 26, 27, 28, 32 y 33 del estatuto para incorporar las disposiciones que exige el Pliego Único de Bases y Condiciones, aprobado por la Resolución 704/2026 de Economía. La Ordinaria analizará la gestión de los directores y síndicos designados por la Clase A durante 2026, sus honorarios y la designación de presidente y vicepresidente.
Quién compra
La Resolución 1818/2026, publicada el 22 de octubre en el Boletín Oficial, adjudicó el 90% de AySA por USD 340,2 millones, sin IVA, al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA. En segundo lugar quedó el grupo integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, que ofertó USD 285 millones, es decir USD 55,2 millones menos. La resolución consigna que el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones y que las ofertas resultan razonables respecto de la tasación del BICE.
La resolución de adjudicación no detalla cómo se reparten las acciones entre los socios ni identifica a los beneficiarios finales de PHX Aqua. Según trascendió, PHX Aqua tendría el 55% del consorcio, Rowing el 20%, Arcos Saneamento el 15% y Transclor el 10%. La prensa local señaló que Rowing está vinculada con el empresario Walter Román y que Transclor, una compañía del negocio químico que abastece productos usados en el tratamiento de agua, es controlada por Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”. PHX Aqua AR BV, en tanto, es un vehículo financiero creado este año en Londres.
Qué cambia con el nuevo dueño
El Plan de Acción de la Concesionaria 2027 a 2031, aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 30/2026, prevé inversiones por $2.892.111 millones sin IVA, a valores de diciembre de 2025. El contrato de concesión establece que durante ese primer ciclo tarifario no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria, y el ERAS fijó la tasa de costo de capital en 8,90% real y 11,36% nominal. La resolución también consigna que AySA no tiene endeudamiento proyectado para 2027 a 2031 y que su salida al mercado de deuda será progresiva, con una meta de 50% de deuda en el último año del ciclo.
El propio ERAS admitió que la ausencia de los auditores independientes técnico y contable impidió contar con certificaciones independientes durante la evaluación del plan. El sistema de agua y saneamiento alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Leé también: AySA: Michel pidió a la AGN auditar la privatización antes de marzo de 2027
Lo que tenés que saber:
- AySA convocó a tres asambleas para el 13 de noviembre, en Tucumán 752.
- Se tratará la renuncia de los directores y síndicos estatales y el nombramiento de sus reemplazantes.
- La Asamblea Extraordinaria reformará 11 artículos del estatuto para adecuarlo al pliego aprobado por la Resolución 704/2026.
- Ese día vence el plazo para firmar la venta del 90% por USD 340,2 millones, fijado por la Resolución 1818/2026.
- Según el contrato de concesión, no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria entre 2027 y 2031.
Analítico: AySA: asambleas, estatuto y directorio, el mapa del traspaso del agua al consorcio privado
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