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Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

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¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.

Puntos clave:

  • La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
  • Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
  • La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
  • La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
  • Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.

Desregulación

La motosierra dejó 68.561 estatales en la calle y hoy llegó a la CNEA

En dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del CEPA. El dato se conoce horas después de que ATE ocupara la sede de la CNEA por la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

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ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

En dos años y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del INDEC. El dato se conoció horas después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupara la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en rechazo a la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

Según el informe titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, correspondiente a abril de 2026 y publicado el 31 de mayo por el CEPA en base a estadísticas oficiales del INDEC, la planta total de la Administración Pública Nacional (APN) y de las empresas y sociedades del Estado se redujo en 68.561 puestos entre diciembre de 2023 y abril de 2026; es decir, 75 personas despedidas o no renovadas por día desde que el actual Presidente asumió el cargo. La dotación total se ubicó, según el propio INDEC, en 274.793 personas.

El derrumbe, sector por sector

El recorte no impactó de manera pareja en toda la estructura estatal. En términos absolutos, la administración descentralizada (organismos con autonomía técnica, administrativa y financiera) concentró la mayor pérdida de puestos, con 23.511 empleos menos (caída del 17,19%). Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 22.237 bajas (20,17%), y la administración centralizada, que perdió 17.176 cargos (30,75%), el porcentaje más alto de toda la administración pública. La administración desconcentrada restó 3.914 puestos (15,70%) y los “otros entes” perdieron 1.722 (11,08%).

Correo Argentino, a la cabeza del ranking de despidos

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza el ranking con 5.449 despidos, según el CEPA, lo que compromete funciones como la distribución de documentos de identidad, medicamentos y materiales educativos en zonas donde no llegan los operadores privados. Le siguen el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en momentos en que el Gobierno avanza con su plan de privatización de la entidad, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 bajas. La Casa de Moneda perdió 715 puestos (una caída proporcional del 51% de su dotación), mientras que la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística sumaron 638 y 594 desvinculaciones respectivamente. En Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores, lo que el CEPA describe como un golpe directo a la capacidad del Estado de producir material militar.

El ajuste también golpeó a la ciencia y la fiscalización

Dentro de la Administración Pública Nacional, el organismo con más bajas nominales fue ARCA (ex AFIP), con 3.398 puestos eliminados, lo que el informe vincula con un debilitamiento de la capacidad de fiscalización y recaudación del Estado. El CONICET perdió 1.953 trabajadores entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, y el ANSES, 1.844 agentes. También sufrieron recortes significativos la Dirección Nacional de Vialidad (1.436 puestos), los Estados Mayores de la Armada (1.374), el Ejército (964) y la Fuerza Aérea (780), el ENACOM (881), el INTI (833) y el INTA (824).

La jornada de hoy: ATE ocupó la CNEA

El informe del CEPA se conoció horas después de que estallara un nuevo foco de conflicto en el sector científico y tecnológico estatal. Este martes, la CNEA notificó a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que no renovaría los contratos a plazo fijo que vencían el 30 de junio, lo que afectó, según la denuncia de los gremios, a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, varios de ellos con más de diez años de antigüedad en el organismo. La comunicación llevó la firma de Alejandro Lemos, gerente de Recursos Humanos de la CNEA.

En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió ocupar pacíficamente la sede central del organismo, en la avenida del Libertador, en reclamo por la reincorporación de los despedidos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la medida del Gobierno como un intento de “vaciar” la CNEA y desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta retención del presidente del organismo, Martín Porro, a quien describió como “atrincherado por decisión propia”. Los gremios advirtieron que los despidos afectan áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino, como el reactor multipropósito RA10 y el desarrollo del reactor CAREM.

Un Estado que se repliega

El informe del CEPA concluye que el proceso de ajuste no responde a una lógica de modernización administrativa, sino a una reducción cuantitativa y sostenida que, mes a mes, debilitó la capacidad operativa del Estado en áreas tan diversas como la ciencia, la fiscalización tributaria, la seguridad social, la producción de contenidos públicos y la conectividad territorial. El caso más extremo en términos proporcionales sigue siendo el de la ex Télam (hoy Agencia de Publicidad del Estado), con una caída del 78,8% de su personal, que la dejó en una situación de virtual extinción operativa.

Puntos clave

  • El Sector Público Nacional perdió 68.561 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y abril de 2026, una caída del 20%, según el CEPA.
  • El Correo Argentino lidera el ranking de despidos con 5.449 bajas, seguido por el Banco Nación (2.368) y Aerolíneas Argentinas (1.983).
  • ARCA, CONICET y ANSES encabezan los recortes dentro de la Administración Pública Nacional, con 3.398, 1.953 y 1.844 puestos eliminados respectivamente.
  • Este martes, ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
  • La ex Télam, hoy Agencia de Publicidad del Estado, registra el recorte proporcional más severo, con una caída del 78,8% de su personal.
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