Judiciales ⚖️
Los Adorni en la Justicia: imputan al hermano del jefe de Gabinete por duplicar su patrimonio en tiempo récord
La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial. Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
La familia Adorni bajo la lupa: imputan al hermano del jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito
★ El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó a Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa, radicada en el Juzgado Federal N° 6 por sorteo, se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. El apellido Adorni se multiplica en los pasillos de Comodoro Py.
El expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien subrogó el Juzgado Federal N° 6 y delegó la investigación en el fiscal Marijuán. La denuncia de Pagano apuntó a presuntas inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas de Francisco Adorni, quien llegó al Estado nacional directamente de la mano de su hermano Manuel, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La Jeep Renegade y el crédito hipotecario: los números que no cierran
Al momento de asumir funciones públicas, Francisco Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio que incluía el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000, el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5.000.000 y ninguna deuda. Sin embargo, en su declaración jurada correspondiente a 2025 informó un patrimonio neto de $80.500.000, más del doble respecto al período anterior.
Según consta en la causa, ese crecimiento patrimonial se explicaría, en lo fundamental, por dos operaciones: la incorporación del 50% de una camioneta Jeep Renegade 2020 valuada en $8.000.000 y, sobre todo, la cancelación en apenas doce meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente $60.000.000. Pagano sostuvo en su denuncia que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, el sueldo de Francisco Adorni resultaría claramente insuficiente para afrontar el pago total de las doce cuotas del préstamo en ese plazo.
El IAF: el segundo eje de la denuncia
Además del crecimiento patrimonial, la denuncia de Pagano abre un segundo frente de mayor gravedad institucional: el presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo la órbita directa de Francisco Adorni y que administra recursos del sistema de retiros y pensiones militares. Ese tramo de la causa vincula el enriquecimiento del legislador con su paso por una estructura estatal que maneja fondos de sectores sensibles de las Fuerzas Armadas.
La batería de medidas judiciales: más de 30 organismos notificados
En un dictamen de 19 páginas, el fiscal Marijuán ordenó una serie extensa de medidas de investigación. Dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y cursó requerimientos de información a más de 30 organismos públicos y privados, entre ellos: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Nacional de Migraciones.
A Migraciones se le solicitó informar cuántas veces salió del país el imputado, con qué destinos y, en caso de cruces terrestres, la identidad de sus acompañantes. El fiscal también pidió al Banco Provincia que remita el detalle pormenorizado de los pagos realizados para cancelar el crédito hipotecario durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Asimismo, Marijuán solicitó al fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa contra Manuel Adorni, una certificación para determinar si Francisco está mencionado en ese expediente paralelo y en qué carácter.
El contexto: Manuel Adorni ya tiene su propio proceso judicial
La imputación de Francisco no es un episodio aislado. Su hermano, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta desde hace meses una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En esa investigación, según informes periodísticos previos, se reconstruye un esquema de gastos mensuales de entre 18.000 y 20.000 dólares que no guardarían relación con los ingresos declarados por el funcionario.
El patrimonio investigado en ese expediente ya supera los 840.000 dólares e incluye refacciones de lujo en una propiedad en el country Indio Cuá por 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, una compra inmobiliaria en el barrio de Caballito escriturada por 230.000 dólares con modalidad de pago que generó sospechas y el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa.
En ese marco, la diputada Pagano también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al alegar que el funcionario intentó condicionar a testigos antes de sus declaraciones. El fiscal Marijuán aclaró en su dictamen que las menciones a Manuel Adorni contenidas en la nueva denuncia no formarán parte de este expediente, dado que el Jefe de Gabinete ya está sometido a proceso en una causa separada.
El Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y la «casta», deberá dar respuestas sobre cómo su funcionario más mediático y su hermano acumulan frentes judiciales por presunto enriquecimiento ilícito mientras administran recursos del Estado.
Puntos clave
- El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
- La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.
- Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
- La denuncia también apunta al presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo su conducción.
- El Jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa paralela por enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo.
Buenos Aires
Triple femicidio narco: tras más de un año, ofrecen $10 millones por cada prófugo
El Ministerio de Seguridad Nacional fijó por resolución una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco acusados por los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Tres de ellos tienen pedido de captura desde octubre de 2025 y la causa apunta a una organización con operaciones en varias jurisdicciones.
Cinco acusados por el triple crimen narco de Florencio Varela siguen sin ser capturados y el Estado ofrece $10 millones por cada uno a quien aporte datos para dar con ellos. Tres tienen pedido de captura nacional desde octubre de 2025, hace más de un año.
A través de la Resolución 1126/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional fijó la recompensa para Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire, señalados en la causa por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025.
Quién pidió la recompensa y a quién está dirigida
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, solicitó al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional, mediante un oficio del 22 de septiembre de 2026, que se fije el monto. La recompensa está destinada a personas que, sin haber intervenido en los hechos delictivos, brinden datos útiles que permitan la captura de los cinco acusados.
Quienes tengan información sobre el paradero de los buscados pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.
Las órdenes de captura, una por una
El 8 de octubre de 2025 se ordenó la captura nacional de Valverde Rodríguez y Morales Huamani, y al día siguiente se dispuso la de Ydone Castillo. Casi once meses después, el 18 de septiembre de 2026, se ordenó la captura nacional e internacional de Valverde Urtecho y Taya Humpire.
La medida expone que, a más de un año de los crímenes, cinco acusados siguen sin ser hallados.
Una organización con alcance en varias jurisdicciones
Según indica la resolución, las investigaciones y evidencias reunidas hasta el momento sostienen, con un alto grado de probabilidad, que los cinco forman parte de una organización criminal de estructura compleja, con diferentes niveles y funciones, dedicada centralmente al tráfico de estupefacientes. Esa red tendría capacidad logística para operar en territorio bonaerense, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Salta y en países limítrofes.
La resolución precisa además que las actuaciones judiciales comenzaron a raíz de los crímenes de Verdi, Gutiérrez y Del Castillo. Se trata de la valoración del juzgado en esta etapa de la causa, no de una sentencia.
El estado de la causa
Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, desaparecieron el 19 de septiembre de 2025 y fueron halladas muertas en una vivienda de Florencio Varela. Según informó la prensa local, la causa suma 16 detenidos y se investiga un posible ajuste de cuentas narco vinculado al robo de droga.
Días atrás se conoció que la madre de David Alberto Godoy, uno de los imputados, quedó en libertad por falta de mérito, mientras que otros cuatro acusados fueron procesados con prisión preventiva.
El pedido de datos a la ciudadanía llega con tres acusados con captura vigente desde hace más de un año y una causa que, según la propia resolución, apunta a una red con ramificaciones en varias jurisdicciones y fuera del país.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 1126/2026 del Boletín Oficial fija una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco acusados.
- Tres tienen pedido de captura nacional desde octubre de 2025; otros dos, desde el 18 de septiembre de 2026 (nacional e internacional).
- El pedido partió del Juzgado Federal Nº2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, el 22 de septiembre de 2026.
- Los datos se reciben en la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.
- La resolución sostiene que forman parte de una organización de tráfico de estupefacientes con operaciones en territorio bonaerense, CABA, Salta y países limítrofes.
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