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Judiciales ⚖️

El periodista que creó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “ficción”

Diego Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a “hechos ficticios”, encuadrados bajo el concepto de “licencias literarias”. Carlos Beraldi denunció que Cabot hizo la presentación del su “investigación” directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.

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El periodista que inventó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “hechos ficticios”

★ Diego Cabot, el periodista de La Nación que “destapó” la causa Cuadernos en 2018, prestó declaración ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) con un resultado que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner calificó como devastador para la acusación. Entre contradicciones sobre el origen de su denuncia y el reconocimiento de que parte del material que publicó en un libro corresponde a «hechos ficticios», la jornada expuso las grietas más profundas del andamiaje judicial que sostiene el proceso contra la expresidenta y otros 86 imputados.

La denuncia que no entró por la ventanilla

El núcleo más explosivo de la declaración giró en torno al modo en que Cabot formalizó su denuncia. Según advirtió el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, el procedimiento utilizado por el periodista habría vulnerado las reglas básicas del sorteo judicial.

«En lugar de hacer la denuncia como correspondía, a través de la mesa de entradas en la Cámara Federal y que se sorteara, Cabot terminó presentando la misma directamente en la oficina de Stornelli. Lo que demuestra, como primera cuestión, que hubo una manipulación en las reglas del concurso, en la elección de los magistrados», sentenció Beraldi. La consecuencia de ese procedimiento irregular fue que la causa quedara en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, dos magistrados cuya actuación en causas de sensibilidad política ha sido objeto de cuestionamientos reiterados.

Esta revelación cobra especial relevancia si se recuerda que, tal como este medio documentó en noviembre de 2025, durante los meses más intensos de la causa los medios cercanos al poder económico publicaban filtraciones que llegaban a las redacciones antes que a las propias defensas, violando el secreto de sumario.

«Licencias literarias» y hechos que el propio periodista reconoció como ficticios

El otro gran flanco que quedó expuesto durante la declaración de Cabot fue su propio libro sobre la causa. El periodista utilizó en reiteradas oportunidades el concepto de «licencias literarias» para referirse a parte del material que él mismo publicó.

«Dijo que no todo lo que estaba publicado ahí era cierto. Que se trata de hechos ficticios. Hizo agua por todos lados», describió Beraldi. El reconocimiento resulta de una gravedad procesal difícil de soslayar: Cabot es quien detonó pública y judicialmente la causa; si parte de su relato publicado corresponde a ficción, la pregunta que se instala de forma inevitable es cuánto de esa misma lógica narrativa permeó la investigación.

El trasfondo de una causa frágil

La declaración de Cabot no ocurre en el vacío. El juicio oral ante el TOF 7 (integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) transita sobre una causa que desde su origen acumula señales de debilidad estructural. Como este medio informó en noviembre de 2025, la investigación se construyó sobre fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad alguna de realizar pericias sobre los originales. La cadena de custodia quedó rota desde el primer día.

En marzo de 2026, el mismo tribunal aceptó la reproducción de un video de Centeno declarando ante la justicia española, donde el exchofer afirmó no conocer a los directivos de la empresa Isolux y desconocer entregas de dinero a funcionarios públicos, contradiciendo así sus propias anotaciones en los cuadernos. La fiscal Fabiana León se opuso a la incorporación de ese material por desconocerse su cadena de custodia. La justicia española ya había descartado en 2022 las imputaciones contra directivos de la misma empresa, al considerar las pruebas insuficientes.

El patrón se reitera. En noviembre de 2025, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que los llamados «arrepentidos» de la causa fueron en realidad «extorsionados» y sometidos a condiciones de aislamiento y vigilancia permanente que el abogado defensor Roberto Herrera describió ante TN como técnicas propias de la «tortura blanca»: su cliente estuvo un mes sin contacto, con un reflector encendido las 24 horas y filmación constante.

El «Partido Judicial» y la selección de magistrados

La denuncia de Beraldi sobre la forma en que se eligió a Bonadío y Stornelli encaja con precisión en lo que las defensas, y en particular la de Fernández de Kirchner, denominan el «Partido Judicial»: un entramado de coordinación entre magistrados, fiscales y medios de comunicación que habría operado con fines políticos. El mismo Stornelli fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque posteriormente resultó sobreseído por la Corte Suprema de Justicia.

El juicio continúa ante el TOF 7 con 87 imputados. Cada jornada, sin embargo, suma nuevos elementos que erosionan la solidez de la acusación y alimentan la tesis de la defensa sobre un proceso construido con más espectáculo mediático que sustancia probatoria.

Puntos clave:

  • Carlos Beraldi denunció que Cabot presentó la denuncia directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.
  • Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a «hechos ficticios», encuadrados bajo el concepto de «licencias literarias».
  • La causa se sustenta en fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad de pericias sobre los originales.
  • En marzo de 2026, Centeno contradijo ante la justicia española sus propias anotaciones sobre la empresa Isolux.
  • La justicia española descartó en 2022 las imputaciones contra directivos de Isolux por considerar las pruebas insuficientes.

Salud 🩺

Monteoliva confirmó que los suicidios en las Fuerzas subieron un 30% y apuntó al endeudamiento de los efectivos

La ministra de Seguridad reconoció que en 2025 hubo un 30% más de suicidios en las Fuerzas que en 2024, vinculó el fenómeno al endeudamiento formal e informal de los efectivos y admitió que los bajos salarios son una deuda pendiente que depende del «equipo económico».

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"Existen niveles de endeudamiento formal e informal": la ministra que admitió la crisis y derivó la solución al equipo de Caputo.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, admitió este miércoles que la tasa de suicidios dentro de las Fuerzas de Seguridad aumentó de manera significativa y señaló al endeudamiento formal e informal de los efectivos como uno de los factores que explican el fenómeno. Las declaraciones, vertidas en una entrevista radial, constituyen el primer reconocimiento oficial explícito de una crisis que se encuadra en un cuadro social más amplio: según los propios datos que citó la funcionaria, los suicidios en Argentina casi se duplicaron en la última década.

El 30% de aumento que el Gobierno ya no puede ignorar

Consultada sobre el tema, Monteoliva no esquivó el dato: «En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes«, afirmó. La ministra contextualizó el incremento dentro de una tendencia nacional que, según sus propias palabras, pasó de unas 2.300 muertes anuales por suicidio hace diez años a las actuales 5.300, más del doble en una sola década.

La funcionaria señaló que las Fuerzas «no le escapan a esa realidad» y que el aumento dentro de las instituciones de seguridad debe leerse en ese contexto general. Sin embargo, la dimensión del incremento anual, un 30% en un solo año, excede cualquier promedio estadístico y sugiere que los factores propios de la vida en las Fuerzas agravan una tendencia que ya de por sí resulta alarmante.

El endeudamiento: la herida que el discurso oficial no cierra

Lo más revelador de la entrevista fue el reconocimiento de Monteoliva sobre los niveles de endeudamiento que afectan a los efectivos. «Hace mucho tiempo trabajamos en medidas con las que podamos explicar cuestiones de ayudas financieras porque existen niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas», admitió la ministra, quien describió situaciones en las que el agente de seguridad es con frecuencia «el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar».

La referencia al endeudamiento «informal» abre un capítulo especialmente delicado: implica la existencia de mecanismos de crédito por fuera del sistema regulado, con condiciones que pueden volverse insostenibles para quienes perciben salarios que la propia ministra calificó como insuficientes. «Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo», reconoció Monteoliva, antes de derivar la responsabilidad al «equipo económico» y a la Jefatura de Gabinete, con quienes dijo trabajar «fuertemente» junto al ministro de Defensa, Carlos Presti.

Salud mental en las Fuerzas: capellanías como respuesta a una crisis estructural

Ante la magnitud del problema, la ministra describió las medidas en curso: un análisis detallado de cada caso, una intensificación del «acompañamiento» y la incorporación de la salud mental como «eje de trabajo» dentro de las políticas de bienestar institucional. Entre los recursos mencionados, Monteoliva destacó las capellanías como instancia de «escucha directa», una respuesta que contrasta con la escala del problema y que no equivale a una política de salud mental con infraestructura profesional sostenida.

La mención de las capellanías como herramienta central de contención genera interrogantes sobre la capacidad real del Estado para abordar la crisis desde una perspectiva clínica y psicosocial. Mientras el Ministerio de Seguridad apela a la fe y al acompañamiento espiritual, el presupuesto destinado a salud mental en Argentina acumula recortes reales desde el inicio de la gestión libertaria, tal como documentó este medio en una investigación publicada en mayo de 2026.

El ajuste que se cobra vidas: el contexto que la ministra no mencionó

Lo que Monteoliva no dijo, pero que los propios datos que citó permiten inferir, es que el deterioro salarial sostenido de los efectivos de seguridad bajo la gestión de Javier Milei configura un factor de riesgo específico. En una institución jerárquica donde la vulnerabilidad económica se vive en silencio y el pedido de ayuda puede percibirse como debilidad, la combinación de salarios insuficientes, deudas impagables y ausencia de recursos de salud mental profesionales es una mezcla de consecuencias previsibles.

La ministra admitió que el alivio salarial está condicionado a lo que resuelva el «equipo económico», es decir, que las vidas de los efectivos dependen de variables macroeconómicas que el Gobierno subordina al cumplimiento de las metas del FMI. En ese esquema, el ajuste no es solo un número fiscal: tiene nombre, rango y uniforme.

Puntos clave

  • La ministra Monteoliva confirmó que los suicidios en las Fuerzas de Seguridad crecieron un 30% en 2025 respecto a 2024.
  • La tasa nacional de suicidios ascendió a 22,7 cada 100.000 habitantes, según el informe oficial del Ministerio de Seguridad.
  • Los suicidios en Argentina pasaron de 2.300 a 5.300 anuales en la última década, según datos citados por la propia funcionaria.
  • Monteoliva reconoció la existencia de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas como factor asociado.
  • La ministra admitió que la mejora salarial de los efectivos depende del «equipo económico», sin comprometer plazos ni montos.
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