DDHH
El costo de la violencia migratoria de Trump: miedo, deportaciones y falta de trabajadores en Florida
La eliminación del estatus de protección temporal para cientos de miles de haitianos ya impacta en Key West, donde miles de trabajadores dejaron sus empleos o evitaron salir de sus casas por temor a ser detenidos. Un informe oficial también reveló condiciones denunciadas como inhumanas en un centro de detención de migrantes llamado «Alligator Alcatraz».
La ofensiva migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump comenzó a tener consecuencias concretas en distintas comunidades de Estados Unidos. En Key West, Florida, la decisión de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos provocó temor entre trabajadores que sostienen buena parte de la actividad turística de la ciudad.
Según una investigación publicada por The New York Times, el fin del TPS para los haitianos afecta a unas 330.000 personas que contaban con protección legal para vivir y trabajar en EEUU.
La medida no solo amenaza con modificar la situación migratoria de miles de familias. En Key West, una ciudad cuya economía depende fuertemente del turismo, ya comenzó a sentirse en restaurantes, hoteles, supermercados y otros servicios.
Trabajadores que dejaron de salir a la calle
Key West es una pequeña ciudad ubicada en el extremo sur de Florida. De sus aproximadamente 25.000 habitantes, un abogado especializado en inmigración estimó que al menos 5.000 son haitianos, según el informe del diario estadounidense.
La investigación del periodista David Ovalle, citada por The New York Times, describió un escenario marcado por el temor. Trabajadores haitianos que se desempeñan como personal de limpieza de hoteles, cocineros, conductores de aplicaciones y empleados de supermercados comenzaron a desaparecer de sus lugares habituales.
Algunos fueron detenidos y deportados. Otros dejaron de concurrir a sus trabajos o directamente permanecieron en sus casas, incluso cuando contaban con permisos laborales vigentes.
El miedo también modificó rutinas cotidianas. Muchos haitianos y otros inmigrantes hispanos dejaron de utilizar las bicicletas para trasladarse al trabajo, una práctica habitual en Key West, por temor a llamar la atención de las autoridades migratorias.
Una comunidad atravesada por el miedo
El diario también recogió testimonios de personas que viven en Key West. Frances Robles, periodista de The New York Times que reside en la ciudad, relató situaciones que observó en su entorno.
Entre ellas mencionó el caso de un peluquero que fue detenido durante más de un mes y finalmente enviado a su país de origen. También contó que una trabajadora de limpieza abandonó la ciudad y regresó a Nicaragua junto con su esposo.
La situación amenaza con profundizar una falta de trabajadores en una ciudad cuya economía depende del turismo. El período de menor actividad todavía no terminó y en los próximos meses se espera la llegada de visitantes que pasan el invierno en Florida.
El Gobierno defiende el fin del TPS
Frente a las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos defendió la decisión de poner fin a la protección temporal.
Según la respuesta enviada al New York Times, el organismo sostuvo que el “Temporary Protected Status” es exactamente eso: temporal y cuestionó que durante años haya funcionado, según su interpretación, como una forma de protección permanente.
El gobierno de Trump sostiene que el programa nunca fue pensado como una situación definitiva y que su aplicación debe ajustarse al carácter temporal establecido por la legislación.
“Alligator Alcatraz”: denuncian condiciones inhumanas
La investigación del New York Times también puso el foco en otro aspecto de la política migratoria de Trump: las condiciones de detención.
Un informe de la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional analizó el funcionamiento de “Alligator Alcatraz”, un centro de detención ubicado en los Everglades que cerró durante el verano.
El organismo encontró incumplimientos relacionados con atención médica, alimentación, higiene y recreación.
Uno de los elementos más cuestionados fueron pequeñas estructuras metálicas utilizadas como “áreas de calma”, donde algunos migrantes permanecieron encerrados durante períodos de hasta una hora.
El informe identificó al menos un caso en el que una de esas estructuras fue utilizada como forma de disciplina contra una persona detenida por no cumplir una orden.
Los espacios tenían aproximadamente 18 pies cuadrados, una superficie similar a la de un pequeño baño y muy inferior al estándar nacional de detención de 75 pies cuadrados mencionado en el informe.
El organismo concluyó que esas condiciones “no se alinean con los estándares para un trato humano”.
Incluso los inmigrantes legales enfrentan dificultades
La investigación también abordó otro problema: las dificultades que enfrentan personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos para demostrar su situación migratoria.
El periodista Minho Kim, de The New York Times, consultó a 35 abogados especializados en inmigración y encontró que algunos de sus clientes recibieron documentos oficiales fuertemente censurados o directamente respuestas en las que el Gobierno aseguró que determinados registros no existían.
Según los abogados consultados, esta situación puede dejar a personas con estatus legal en una posición de vulnerabilidad frente a los controles migratorios.
Uno de los casos citados es el de Cipriano Alarcon-Galvez, un ciudadano mexicano de 54 años que solicitó documentación relacionada con una petición de residencia presentada por su madre, ciudadana estadounidense naturalizada, en 1993.
Más de la mitad de los documentos que recibió estaban completamente censurados, según los registros revisados por el diario. Otra solicitud realizada por su madre permitió obtener copias de peticiones de residencia, pero la información correspondiente a sus hijos aparecía eliminada.
Alarcon-Galvez tiene cuatro hijas ciudadanas estadounidenses y vive desde hace décadas en California. Sin embargo, actualmente enfrenta un proceso de deportación.
Una política que ya modifica la vida cotidiana
Los casos recopilados por The New York Times muestran distintas consecuencias de la ofensiva migratoria de Trump: trabajadores que dejan sus empleos, familias que evitan salir de sus casas, personas detenidas y deportadas y dificultades incluso para quienes buscan demostrar que tienen derecho a permanecer legalmente en el país.
En lugares como Key West, el endurecimiento de los controles migratorios también comienza a impactar directamente sobre la economía local, especialmente en sectores que dependen de trabajadores migrantes.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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