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Millones de familias al límite: la morosidad se cuadruplica y marca el peor nivel en 20 años

La imposibilidad de afrontar créditos y tarjetas marcó en febrero un 11,2%, cifra no registrada desde 2004 y superior a los registros de la pandemia, en un escenario de ajuste sin precedentes sobre los ingresos populares.

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Endeudamiento récord: la morosidad familiar llega al nivel más alto en dos décadas

★ El sistema financiero argentino expone con datos duros la fractura entre el relato oficial de estabilización macroeconómica y la realidad que atraviesan millones de familias. Según estadísticas del sistema financiero, la morosidad en el cumplimiento de préstamos y compromisos crediticios de los hogares trepó al 11,2% en febrero, encadenando 16 meses consecutivos de suba y superando incluso los registros de la pandemia de Covid-19. El indicador no alcanzaba ese nivel desde 2004, en plena salida de la crisis del colapso de la convertibilidad.

Un deterioro sostenido que no cede

Lejos de ser un fenómeno aislado, la tendencia se consolida con una profundidad que alerta a analistas y legisladores. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) acumula 10 meses consecutivos en alza, con un nivel de 5,1 puntos que ubica a los hogares argentinos dentro del rango técnico de «Fragilidad Familiar». Respecto de los valores mínimos registrados a fines de 2024, la morosidad se multiplicó por cuatro, lo que evidencia una aceleración sin precedentes en el proceso de endeudamiento de los sectores medios y populares.

El diputado nacional Nicolás Trotta, del bloque Primero La Patria, describió el fenómeno con precisión: «La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes.»

Los analistas sectoriales señalaron que las carteras irregulares avanzan principalmente en el segmento de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que revela que una porción creciente de la ciudadanía recurre al crédito para cubrir necesidades básicas e indispensables de subsistencia.

El ajuste como causa estructural

El contexto en el que se inscribe este dato no es aleatorio ni inexplicable. La gestión de Javier Milei recortó el gasto primario total un 31% en términos reales desde diciembre de 2023, mientras los programas sociales se desplomaron un 61% y las transferencias a provincias cayeron un 66%. En paralelo, los servicios públicos y el transporte acumularon subas de más del 525% desde el inicio de la gestión libertaria, y la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC correspondientes a marzo de 2026.

En ese escenario de contracción sostenida del ingreso disponible, la deuda de las familias creció no por decisión propia sino por necesidad estructural: con salarios que perdieron contra la inflación acumulada y servicios que se multiplicaron por más de cinco veces, el crédito dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia.

La deuda pública como espejo de la deuda privada

El proceso de endeudamiento familiar no opera en un vacío político ni económico. El Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas como Roberto Feletti, Noemí Brenta, Ricardo Aronskind y Felisa Miceli, entre una veintena de especialistas, publicó el 4 de mayo de 2026 un diagnóstico que denuncia que el sistema tributario argentino traslada la carga fiscal hacia los sectores de menores ingresos: aproximadamente el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos, como el IVA, que golpea proporcionalmente con mayor fuerza a quienes menos ganan.

Mientras tanto, la deuda pública con el FMI acumula USD 57.100 millones al cierre de 2025, con vencimientos de capital e intereses que superarán los USD 13.400 millones entre 2026 y 2030, condicionando la política fiscal de los próximos dos gobiernos. El Foro advierte que el ajuste fiscal no es un fenómeno aislado sino la consecuencia directa del compromiso de cumplimiento de las metas acordadas con el organismo, cuyo nuevo programa de Servicio Ampliado, firmado en abril de 2025, comprometió USD 20.000 millones equivalentes al 479% de la cuota argentina.

La fotografía del 11,2% de morosidad es, en definitiva, el reverso doméstico de un modelo que prioriza los compromisos financieros internacionales sobre el bienestar cotidiano de la ciudadanía: el Estado ajusta el gasto social para cumplir las metas del Fondo, mientras las familias ajustan sus propios presupuestos endeudándose para llegar a fin de mes.

Puntos clave

  • La morosidad de las familias argentinas alcanzó el 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004 y superior a los registros de la pandemia.
  • El indicador encadena 16 meses consecutivos de suba y se multiplicó por cuatro respecto de los mínimos de fines de 2024.
  • El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) llegó a 5,1 puntos tras 10 meses consecutivos en alza, dentro del rango de «Fragilidad Familiar».
  • Las carteras irregulares crecen principalmente en créditos de consumo básico y montos menores, lo que revela uso del crédito para cubrir necesidades esenciales.
  • El ajuste del gasto social del 61% y el tarifazo acumulado de más del 525% configuran el escenario estructural que explica el endeudamiento masivo de los hogares.

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Los servicios públicos en el AMBA subieron 17,5% en mayo y treparon 800% desde que asumió Milei

Un hogar sin subsidios en el Área Metropolitana necesita $249.834 mensuales solo para pagar electricidad, gas, agua y transporte. El gas subió 53% en un mes. El ajuste tarifario supera en más de tres veces la inflación general del período.

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La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 17,5% en mayo y acumula 800% desde diciembre de 2023

★ Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios estatales debió destinar $249.834 en mayo de 2026 para cubrir sus necesidades básicas de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público. Esa cifra representa un incremento del 17,5% respecto a abril, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).

El informe, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, constituye la referencia técnica más precisa disponible sobre el impacto de las políticas tarifarias en el presupuesto de los hogares metropolitanos. Sus datos confirman que la presión sobre los ingresos de las familias trabajadoras no solo no cede, sino que se agudiza con cada actualización de cuadros tarifarios.

El gas lidera la suba: 53% en un solo mes

El rubro que concentró el mayor golpe en mayo fue el gas natural. La factura promedio para un usuario del segmento N1 sin subsidios alcanzó los $49.972, luego de una suba del 53,3% respecto al mes anterior. El propio reporte del IIEP explicita que ese salto resulta de la combinación de dos factores simultáneos: el aumento de los cargos fijos y variables dispuesto por las distribuidoras, y el incremento estacional del consumo ante la proximidad del invierno, que en esta época del año puede llegar a duplicar la demanda.

Le siguió la energía eléctrica, cuya factura promedio para un hogar representativo sin subsidios se ubicó en $52.811, con una suba mensual del 37,8%. Según el documento, «el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio».

El transporte: el ítem más pesado, aunque con menor suba mensual

El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso absoluto dentro de la canasta, con un costo mensual de $110.438, aunque en mayo registró el incremento más moderado del período: apenas el 3%. Esta aparente calma no debe interpretarse como alivio estructural, sino como la consecuencia de ajustes escalonados que el gobierno fue implementando en distintos tramos del año.

El servicio de agua potable completó el cuadro con un gasto promedio de $36.612 y una suba del 5,9% mensual, atribuida a ajustes tarifarios y a la existencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.

Salario vs. tarifas: la brecha que no cierra

El informe del IIEP proyecta estas cifras sobre el ingreso de los trabajadores registrados. La canasta de servicios básicos representa actualmente el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Se trata de una proporción históricamente alta, que erosiona el poder adquisitivo y reduce el margen disponible para alimentación, salud y educación.

La perspectiva interanual es aún más elocuente: comparada con mayo de 2025, la canasta de servicios acumula una suba del 50%, por encima de la evolución general de los precios en el mismo período.

800% desde diciembre de 2023: el dato que el Gobierno no muestra

El dato estructural más contundente del informe es también el que más incomoda al oficialismo: desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 800%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 231%. La diferencia, de casi 570 puntos porcentuales, traduce con precisión matemática el alcance del denominado «sinceramiento tarifario» impulsado por la gestión de Javier Milei bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó los sucesivos desembolsos del acuerdo por USD 20.000 millones suscripto en abril de 2025 a la reducción progresiva del gasto en subsidios.

Esta política fue documentada y cuestionada por el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, que en su documento del 4 de mayo de 2026 advirtió que el gasto en subsidios a la energía retrocedió un 58% en términos reales desde el inicio de la gestión, mientras que el gasto primario total cayó un 31% y el de capital se desplomó un 86%.

Subsidios: el Estado paga el 41% del costo real

Un elemento que el reporte del IIEP aporta como dato de contexto: en la actualidad, las tarifas que abonan los hogares del AMBA cubren en promedio el 58% de los costos reales de los servicios. El Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios. Este porcentaje se mantuvo sin cambios significativos respecto a abril, lo que indica que el traslado de costos al usuario se produjo de manera gradual pero sostenida a lo largo de los últimos meses.

La distancia entre el discurso de la «quita de subsidios a los que más tienen» y la realidad de una canasta que consume el 14% del salario promedio registrado, en un país con alta informalidad laboral y salarios reales deprimidos, configura una de las contradicciones más evidentes del modelo económico libertario.

Puntos clave

  • La canasta de servicios públicos para un hogar sin subsidios en el AMBA alcanzó $249.834 en mayo de 2026, un 17,5% más que en abril.
  • El gas natural registró la mayor suba mensual, con un incremento del 53,3% y una factura promedio de $49.972.
  • La canasta acumula una suba del 800% desde diciembre de 2023, frente a una inflación general del 231% en el mismo período.
  • Los servicios básicos representan el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.
  • El Estado financia el 41% del costo real de los servicios vía subsidios, con cobertura estable respecto a abril.
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