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Milei habla de “riesgo kuka” mientras la inflación rompe techos y el desempleo avanza

Con una inflación de marzo que trepó al 3,4%, el nivel mensual más alto en doce meses, y un desempleo que cerró 2025 en el 7,5%, el peor registro pandemia mediante, el equipo económico de Javier Milei salió a instalar que «el riesgo kuka es directamente cero». La estrategia: tranquilizar a los inversores mientras las cifras oficiales desmienten el relato.

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“Riesgo kuka cero” y crisis real: la brecha insalvable entre el relato oficial y los números del INDEC

★ La narrativa tiene más ajustes que la economía que pretende describir. Mientras el Gobierno de Javier Milei afina su libreto hacia la promesa de estabilidad y el ataque preventivo al peronismo como «amenaza latente», los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) pintan un cuadro radicalmente distinto al que el oficialismo intenta instalar. La inflación de marzo de 2026 cerró en el 3,4% mensual, el nivel más alto en los últimos doce meses, según datos oficiales del INDEC, mientras la desocupación alcanzó el 7,5% al cierre del cuarto trimestre de 2025, el dato más preocupante para un cierre de año desde 2020.

El «riesgo kuka» como instrumento financiero

La estrategia del equipo económico de La Libertad Avanza responde a una lógica directa: el Gobierno necesita inversiones para motorizar la economía y cualquier señal de incertidumbre política conspira contra ese objetivo. Por eso el discurso que se consolida dentro del oficialismo tiene un doble filo: por un lado, la promesa de que «lo peor ya pasó»; por el otro, la insistencia en que el kirchnerismo no tiene capacidad real de retornar al poder, con el objetivo de no asustar a los sectores empresariales que respaldan el modelo libertario.

«Ya lo dijo Toto Caputo y lo ratificamos: no existe el riesgo kuka más allá de que un porcentaje menor del mercado sí lo vea», repiten desde el equipo económico de La Libertad Avanza. La paradoja es evidente: al mencionar reiteradamente al kirchnerismo como «riesgo cero», el propio oficialismo le otorga vigencia y presencia pública a esa fuerza política, alimentando el mismo fantasma que dice conjurar. Y lo hace, además, en un contexto donde los datos duros del mercado laboral y de precios no le ofrecen ningún argumento sustantivo a favor del modelo.

Un BCRA que promete futuro mientras el presente acusa el golpe

La conferencia de prensa que dieron el lunes Santiago Bausili y Vladimir Werning, al frente del Banco Central, fue la expresión más acabada de esa arquitectura discursiva. El mensaje central: las turbulencias internacionales derivadas del conflicto en Medio Oriente no golpearon de lleno; la inflación está en descenso; la reforma laboral y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) contribuirán a bajar el desempleo.

Sin embargo, los datos del INDEC publicados en abril narraron otra historia. Según confirmó el organismo oficial, la inflación de marzo fue del 3,4% mensual, el registro más alto de los últimos doce meses. La cifra aceleró respecto del 2,9% de febrero y encadena diez meses consecutivos de incrementos intermensuales. El acumulado del primer trimestre de 2026 ya suma el 9,4%, consumiendo casi la totalidad de lo proyectado en el Presupuesto para todo el ejercicio (10,1%).

El propio presidente Milei reconoció públicamente que «el dato es malo» y que «la inflación nos repugna», pero insistió en que el índice «retornará a su sendero decreciente». No es la primera vez. Ya en 2025, el Presupuesto oficial proyectaba una inflación acumulada del 24,5% para todo el año; los datos a noviembre ya marcaban el 27,9%, superando la meta oficial antes de cerrar el ejercicio.

Entre los rubros con mayores aumentos en marzo se destacaron Educación (12,1%), impulsada por el inicio del ciclo lectivo, y Transporte (4,1%), por la suba de combustibles y tarifas en el marco del conflicto en Medio Oriente. Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron un 3,4%, en línea con el promedio general, mientras que los Precios Regulados, que incluyen servicios públicos y transporte, treparon el 5,1%.

El mercado laboral: la otra cara del «ajuste exitoso»

Mientras el oficialismo enarbola el superávit fiscal como bandera de gestión, el empleo muestra el costo social de ese modelo. Según datos oficiales del INDEC, la desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, afectando a cerca de 1,64 millones de personas. El indicador subió 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

Lo más preocupante es la dinámica subyacente: más personas salieron a buscar trabajo (la tasa de actividad trepó al 48,6%), pero el mercado no pudo absorber esa demanda. El empleo total cayó en 142.600 puestos durante el último trimestre, con 17 de 24 provincias mostrando caídas en el empleo privado registrado hacia fines de 2025. El deterioro golpea con especial fuerza a los jóvenes de 14 a 29 años: la desocupación en ese grupo subió 3,7 puntos porcentuales en varones y 3 puntos en mujeres en términos interanuales.

Los salarios registrados, en tanto, cayeron un 2,1% en términos reales durante 2025 y acumulan una pérdida del 7,1% desde fines de 2023. El sector público registró el mayor retroceso: 17,03%.

Un informe de Estudios Económicos del Banco Provincia sintetizó la paradoja: «El año pasado fue el primero donde creció el PBI, pero aumentó el desempleo. Una actividad tirada por sectores poco intensivos en trabajo y la caída del poder adquisitivo, que obliga cada vez a más gente a buscar trabajo, provocó este fenómeno inédito para la economía argentina».

Servicios, tarifas y una canasta que no da respiro

El cuadro de situación se agrava cuando se incorporan los datos del ajuste acumulado desde el inicio de la gestión Milei. Según informes del IIEP (UBA-CONICET), la canasta de servicios y transporte público acumuló una suba superior al 525% desde diciembre de 2023. El transporte lidera con un incremento que roza el 912%, seguido por el gas (748%), el agua (365%) y la electricidad (339%). Estos ajustes, justificados por el Gobierno como una «corrección necesaria» para eliminar subsidios, devastaron el salario disponible de los hogares trabajadores.

En ese marco, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en marzo de 2026 una variación interanual del 32,8% y la Canasta Básica Total (CBT) del 30,4%, según datos del INDEC. Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza en ese mes.

El escenario es el que el Foro Economía y Trabajo caracterizó en su documento de reforma tributaria publicado el 4 de mayo de 2026: un sistema donde el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos que recaen con mayor peso proporcional sobre los sectores de menores ingresos, mientras el ajuste del gasto público acumula recortes reales del 31% en el gasto primario total, el 61% en programas sociales y el 20% en transferencias a universidades nacionales desde el inicio de la gestión.

Milei en el MALBA: el show de los números propios

El martes, Milei eligió el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Avenida Figueroa Alcorta 3415, para participar como orador de la exposición «Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo». Un día antes había disertado ante alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés.

La selección de los escenarios no es casual: audiencias técnicas y empresariales, donde el discurso del «rumbo correcto» encuentra mayor recepción. Pero los números que el Presidente lleva bajo el brazo colisionan con la estadística oficial: una inflación mensual que rompe sus propias metas, un mercado laboral que profundiza su deterioro y una canasta básica que se aleja cada vez más del alcance de millones de familias argentinas.

El relato del «riesgo kuka cero» no es una lectura política: es un instrumento económico. Y como todo instrumento, su eficacia depende de cuánto tiempo la realidad tarde en desmentirlo.

Puntos clave

  • La inflación de marzo de 2026 fue del 3,4% mensual, el nivel más alto en doce meses, según datos del INDEC.
  • El desempleo cerró 2025 en el 7,5%, el peor registro para un cierre de año desde la pandemia, con 1,64 millones de desocupados.
  • Los servicios y el transporte acumulan subas superiores al 525% desde el inicio de la gestión Milei, con el transporte rozando el 912%.
  • La Canasta Básica Alimentaria registra una variación interanual del 32,8% y una familia tipo necesitó $1.434.464 para no caer bajo la línea de pobreza en marzo.
  • Los salarios registrados perdieron un 7,1% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023, con el sector público cayendo un 17,03%.

Gestión

Masaragian, tercer titular de Discapacidad en tres semanas: un área a la deriva

El Gobierno designó a Diego Masaragian, hasta ahora al frente de la red de hospitales nacionales, como secretario de Discapacidad en reemplazo de Pablo Di Liscia. Llega horas después del interinato de Rodrigo Sbarra y con la orden de profundizar las auditorías sobre pensiones.

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Interino a la mañana, reemplazo a la tarde: el desorden en Discapacidad llega a su tercer titular.

Por la mañana, un interino; por la tarde, un nuevo titular. En apenas unas horas, la Secretaría Nacional de Discapacidad pasó por dos conducciones distintas y quedó en manos de su tercer responsable en tres semanas, una sucesión que expone la improvisación con la que el Gobierno maneja el área encargada de las pensiones y prestaciones de millones de personas.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció la designación del médico Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió dejar el cargo tras sufrir un accidente. «El Gobierno Nacional designó al Doctor Diego Masaragian como nuevo Secretario Nacional de Discapacidad. La decisión fue tomada luego del accidente que sufrió el actual Secretario, Pablo Di Liscia, a quien el Ministerio de Salud de la Nación le desea una pronta recuperación», precisó el comunicado oficial.

Un interinato que duró unas horas

Durante la mañana se había conocido la disposición 1376/2026, firmada por el ministro Mario Lugones, que ponía al frente del área de manera interina al secretario de Gestión Administrativa de la cartera sanitaria, Rodrigo Sbarra, «mientras dure el impedimento temporal de su titular». La norma partía de la premisa de que Di Liscia retomaría sus funciones; por la tarde, el Gobierno resolvió reemplazarlo de forma definitiva.

Di Liscia, expresidente del IOMA bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, había asumido el 22 de septiembre en reemplazo de Alejandro Vilches. Una semana después, chocó con su moto contra un automóvil en la General Paz y quedó internado en terapia intensiva. Su salida cierra el ciclo más breve de una secretaría que, desde el escándalo de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), no logró estabilidad en su conducción. La justicia federal investiga presuntas coimas en ese organismo desde la difusión, en agosto de 2025, de audios atribuidos a su ex titular Diego Spagnuolo.

Auditorías como bandera

El comunicado oficial dejó en claro cuál será la prioridad del nuevo secretario. «La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorias para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad», señaló Salud.

La palabra «optimización» vuelve a aparecer como eufemismo de una política que, bajo la gestión de Javier Milei, se tradujo en bajas y suspensiones de pensiones denunciadas por las organizaciones de personas con discapacidad. El nombramiento llega días después de que el asesor presidencial Santiago Caputo afirmara en su cuenta de X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas», y en coincidencia con el envío al Congreso del proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que prevé un reempadronamiento total de los titulares en un plazo de 90 días.

Quién es Diego Masaragian

Hasta su designación, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), cargo que asumió en julio de 2025. Según Salud, desde esa función estuvo al frente de «la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales que integran el organismo: los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofisica del Sur (INAREPS)». Antes fue director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del ministerio.

Se trata de hospitales que fueron escenario de despidos y recortes durante la gestión libertaria. En enero de 2025, antes de que Masaragian asumiera al frente de la ANES, el Gobierno dispuso la no renovación de unos 200 contratos en el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental, y luego oficializó su intervención, en medio de protestas de trabajadores y pacientes que denunciaron un intento de cierre. El nuevo secretario llega, así, desde la estructura que administró hospitales atravesados por el ajuste a un área donde el ajuste también es la consigna.

Para el ministerio, en cambio, «su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad». La cartera también le agradeció por su gestión en la ANES.

Lo que tenés que saber:

  • Diego Masaragian fue designado secretario nacional de Discapacidad en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien sufrió un accidente una semana después de asumir.
  • Por la mañana, la disposición 1376/2026 había dejado al frente del área de manera interina a Rodrigo Sbarra; por la tarde se conoció el nombramiento de Masaragian.
  • Masaragian era administrador nacional de la ANES, que nuclea a los hospitales Posadas, Sommer, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y al INAREPS.
  • Salud anunció que la prioridad será profundizar los controles y las auditorías en el área.
  • La designación coincide con la ofensiva oficial contra las pensiones por invalidez y el envío al Congreso de un proyecto de reempadronamiento total.
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