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América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.

Elecciones

Brasil va a segunda vuelta: el bolsonarismo sorprende y Lula deberá pelear el 25

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta del 4 de octubre con el 47% contra el 45% de Lula, revirtiendo lo que marcaban las encuestas. El hijo del expresidente preso hereda la maquinaria del movimiento que intentó un golpe de Estado en 2022 y obliga al Partido de los Trabajadores a una segunda vuelta que promete ser la más disputada de la historia reciente de Brasil.

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Con el 47% de los votos contra el 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil del domingo 4 de octubre y obligó a una segunda vuelta que se disputará el 25 de octubre de 2026.

El resultado sorprendió a las consultoras, que en los días previos daban a Lula levemente por encima del senador. Ninguno de los dos alcanzó el 50% más uno de los votos válidos requerido para ganar en primera vuelta, y Brasil deberá decidir en un balotaje su próximo presidente.

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, compite bajo las siglas del Partido Liberal (PL) con el respaldo explícito de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2022.

Lula, en tanto, busca su cuarto mandato no consecutivo: gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue perseguido judicialmente en causas que el Tribunal Supremo revisó y terminó anulando, y regresó al poder en 2023.

Lo que las encuestas no vieron venir

Durante toda la campaña, la ventaja de Lula en la primera vuelta parecía consolidada. La encuesta Datafolha del 24 de septiembre, registrada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) bajo el número BR-00304/2026, ubicaba a Lula con el 40% y a Flávio Bolsonaro con el 36% en la primera vuelta estimulada. La consultora Nexus/BTG Pactual, en su última medición de agosto, atribuía al presidente el 39% frente al 33% del senador. Sin embargo, en la noche del 4 de octubre los resultados reales demostraron que el mapa electoral bolsonarista, profundamente arraigado en el norte, el centro-oeste y el sur del país, fue subestimado por la mayoría de los sondeos.

La encuesta Nexus de julio ya anticipaba el carácter polarizado del balotaje: Lula con el 40% y Flávio con el 34% en primera vuelta, pero empatados técnicamente en segunda con el 46% contra el 45% respectivamente. Ese empate técnico en el escenario de segunda vuelta se repitió en prácticamente todas las consultoras durante los últimos tres meses de campaña, lo que vuelve imposible anticipar con certeza el resultado del 25 de octubre.

Bolsa Familia, el campo de batalla ideológico

La campaña giró, entre otros ejes, alrededor de la política social. Lula recuperó el Bolsa Familia como bandera central de su gestión, un programa que durante su primer mandato sacó a 54 millones de personas de la pobreza y que la derecha intentó destruir bajo el gobierno de Michel Temer y luego de Bolsonaro padre. En esta campaña, el propio Lula recordó en reiteradas ocasiones que las críticas históricas al programa, que lo tacharon de fomentar la pereza y la dependencia, no resistieron el contraste con la realidad. «De todas las críticas, la más cruel es que el Bolsa Família iba a estimular la vagabundería», sostuvo en actos de campaña, recuperando una frase que pronunció a lo largo de décadas.

A pocos días de las elecciones, Lula anunció además un aumento del 15% en los pagos del programa de asistencia social, una decisión que la oposición leyó como un gesto electoral pero que, en términos electorales, no alcanzó para definir la primera vuelta a su favor. La derecha concentra sus críticas en que el programa no es una solución estructural, mientras el PT sostiene que sin ese piso de ingresos garantizados millones de familias brasileñas quedarían directamente al borde de la indigencia.

El mapa territorial y los puntos de quiebre

La geografía electoral confirma la fractura profunda de Brasil. Según los datos de la encuesta Medio/Ideia de mayo de 2026, Flávio Bolsonaro lidera en el norte con el 57% contra el 27% de Lula, y en el centro-oeste con el 60% contra el 28%. En el sur también está por encima: 50% contra 39%. El nordeste, históricamente el bastión lulista, le da al presidente el 58% frente al 34% del senador. El sudeste, que concentra la mayor parte del padrón electoral, aparecía en empate técnico antes de la votación.

Esta distribución territorial es el termómetro de la fractura de clase que atraviesa al gigante sudamericano. Las regiones más pobres, donde los programas de transferencia directa tienen mayor impacto sobre la vida cotidiana, tienden al lulismo; las regiones más ricas y con mayor presencia de sectores conservadores, al bolsonarismo. El resultado del 4 de octubre muestra que esa segunda geografía fue más eficaz de lo que las encuestas proyectaban.

El factor Bolsonaro padre y la internacionalización de la disputa

Jair Bolsonaro, preso y sin poder presentarse por su condena de 27 años, articuló desde la cárcel el apoyo a la candidatura de su hijo mayor. La sentencia fue ampliamente criticada por el gobierno de Donald Trump, con el propio presidente norteamericano afirmando que era «muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo» y el secretario de Estado, Marco Rubio, calificándola de «injusta». Esta internacionalización del caso convirtió a la elección brasileña en parte del tablero geopolítico de la disputa entre la derecha global y los gobiernos progresistas de América Latina.

Legisladores estadounidenses, en contraposición, le pidieron formalmente a Trump que no interviniera en el proceso electoral brasileño. La sombra de la interferencia exterior planeó sobre toda la campaña, y el resultado del 4 de octubre convierte la segunda vuelta en una cita electoral con consecuencias que van mucho más allá de las fronteras del país más grande de América del Sur.

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