​★ En una jornada marcada por la movilización popular y el recuerdo de las víctimas de la última dictadura cívico-militar, el Gobierno nacional optó por profundizar la fractura social. A través de sus canales oficiales, el Poder Ejecutivo difundió un spot titulado «Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa», un material que busca equiparar el terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones guerrilleras de la década del 70. La pieza audiovisual, que cuenta con la locución de Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, incluyó testimonios que cuestionan la labor de Abuelas de Plaza de Mayo y relatan hechos de violencia previos al golpe de 1976.

​La institucionalización del negacionismo

​Esta acción comunicacional no es un hecho aislado, sino que corona una serie de movimientos políticos que apuntan a desarticular el consenso del Nunca Más consolidado desde el regreso de la democracia y profundizado a partir de 2003. El video oficial intenta instalar una narrativa que minimiza la responsabilidad del Estado en el plan sistemático de exterminio, desaparición de personas y apropiación de menores. La designación de funcionarios con posturas revisionistas en áreas sensibles, como Bryan José Mayer en la Subsecretaría de Derechos Humanos, confirma que el negacionismo se transformó en una política de Estado para la gestión de Javier Milei.

​El quiebre del consenso en el Senado

​La tensión política alcanzó su punto máximo en el Congreso de la Nación durante la sesión del pasado 19 de marzo. Por primera vez en más de dos décadas, las fuerzas políticas no lograron unificar una declaración de repudio al golpe de Estado. El bloque de La Libertad Avanza se abstuvo de votar un proyecto presentado por el senador Eduardo «Wado» de Pedro, el cual ratificaba la defensa del Estado de Derecho y la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

​Durante el debate, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch justificó la postura de su partido al afirmar que el golpe fue una consecuencia de hechos terroristas. Esta posición fue rechazada por la oposición, que consideró la maniobra como un intento de vaciar de sentido histórico la fecha. Finalmente, el proyecto se aprobó con 49 votos, evidenciando que, pese al impulso oficialista, gran parte del arco político mantiene los anticuerpos democráticos frente a la teoría de los dos demonios.

​De la impunidad a la reivindicación

​El retroceso en materia de derechos humanos también se manifestó en acciones directas de los legisladores oficialistas. A mediados de 2024, una comitiva de diputados de La Libertad Avanza visitó en el penal de Ezeiza a represores condenados, entre ellos Alfredo Astiz y Adolfo Donda. Según trascendió en aquel momento, el encuentro tuvo como fin avanzar en proyectos para morigerar las penas de los genocidas.

​Este escenario contrasta con el andamiaje legal construido desde 2002, que incluye la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la declaración del 24 de marzo como feriado inamovible y la prohibición del beneficio del «dos por uno» para delitos de lesa humanidad (Ley 27.362), lograda tras una masiva reacción social durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017. La actual ofensiva oficial busca disputar ese sentido histórico, apelando a una supuesta «verdad completa» que omite la asimetría de poder y el uso del aparato estatal para el crimen organizado.

​Puntos clave:

• ​El Gobierno difundió un video oficial que iguala el terrorismo de Estado con la violencia guerrillera.
• ​La Libertad Avanza se abstuvo en el Senado de votar una declaración en defensa de los juicios de lesa humanidad.
• ​El spot oficial cuenta con la participación de Agustín Laje, referente de la denominada «batalla cultural» libertaria.
• ​La actual gestión rompió el pacto democrático de tolerancia cero a la reivindicación de la dictadura vigente desde 1983.
• ​Se mantiene la vigencia de las leyes que declaran los crímenes de la dictadura como imprescriptibles pese a la postura oficial.