Por María Sol Bruera*

Mientras cientos de personas aún no saben quiénes son y miles de familias no pueden enterrar a sus desaparecidos, la expansión de la prisión domiciliaria para condenados por lesa humanidad reabre una pregunta incómoda: ¿puede el Estado atenuar la pena frente a delitos que, como enseñan Roxin y Maier, siguen ocurriendo en el tiempo y lesionan hoy el derecho a la identidad y a la verdad?

La discusión sobre la prisión domiciliaria en delitos de lesa humanidad vuelve a instalarse en la agenda pública, pero muchas veces despojada de su verdadera dimensión: no se trata sólo de un debate técnico, sino de una cuestión de derechos humanos que interpela directamente la responsabilidad del Estado argentino.

El terrorismo de Estado dejó un saldo de 30.400 personas desaparecidas. Dentro de ese universo, uno de los crímenes más atroces fue la apropiación sistemática de niños y niñas. No se trató de hechos aislados, sino de un plan organizado: se estima que alrededor de 500 bebés nacidos en cautiverio fueron sustraídos de sus familias y privados de su identidad.

A cincuenta años, la herida sigue abierta. Más de 140 nietos y nietas han recuperado su identidad, pero aún restan aproximadamente 300 personas que desconocen su verdadero origen. Este dato, lejos de ser meramente histórico, tiene consecuencias jurídicas actuales: cada identidad no restituida constituye una violación de derechos humanos en curso.

La desaparición forzada —y la apropiación de menores como parte de ese dispositivo— es un delito permanente. Su consumación no se agota en el pasado, sino que se prolonga mientras subsista la incertidumbre sobre el destino de la víctima o la verdadera identidad de los niños apropiados. En términos jurídicos, el delito continúa.

Pero esa continuidad no es neutra ni inevitable. Se sostiene, en gran medida, en la persistencia de un fenómeno estructural: el llamado “pacto de silencio”.

Durante décadas, numerosos responsables del aparato represivo sostuvieron una negativa sistemática para aportar información. No han indicado el destino de las personas desaparecidas ni han contribuido a la restitución de la identidad de los niños apropiados. Ese silencio no es solo una omisión: es una forma activa de prolongar el daño. Impide la verdad, frustra la justicia y perpetúa la incertidumbre de las víctimas.

Desde esta perspectiva, la expansión de la prisión domiciliaria en casos de delitos de lesa humanidad adquiere una gravedad particular.

El ordenamiento jurídico argentino la prevé como una medida excepcional, fundada en razones humanitarias. Sin embargo, en la práctica reciente, entre el 75% y el 85% de los condenados por estos crímenes cumplen sus penas bajo modalidad domiciliaria. La excepción se ha transformado en regla.

Este fenómeno no puede analizarse aisladamente. La ejecución de la pena forma parte del proceso penal y debe ser coherente con la naturaleza del delito. Como ha sostenido la mejor doctrina penal —desde Roxin hasta Maier—, el sistema no puede desentenderse de la realidad material de los hechos ni del tiempo en que el delito se proyecta.

Cuando se trata de crímenes permanentes, cuyo daño se mantiene en el presente, la atenuación estructural de la pena plantea serias tensiones con los compromisos internacionales del Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada que los Estados deben investigar, juzgar y sancionar adecuadamente esta clase de delitos. Ésto no se satisface con una condena formal: exige una ejecución efectiva, proporcional a la gravedad de los hechos.

La cuestión se vuelve aún más problemática cuando quienes acceden a modalidades más benignas de cumplimiento de pena, no han contribuido en absoluto al esclarecimiento de los crímenes. La persistencia del silencio refuerza la continuidad del delito y agrava la afectación de los derechos de las víctimas.

Porque no se trata solo de penas. Se trata de derechos humanos concretos y actuales. Tambien por los intereses economicos privilegiados a partir del plan de represion, que estuvo sistematizado, aprehendido en la escuelas de las americas, tomando la experiencia antiinusrgencional de Argelia, ideando el Plan Condor y siendo las FFAA el instrumento para imponer la mentada Reorganizacion Nacional y con ello un proceso de miseria planificada que nos trae a la violaciones de DDHH actuales.

Del derecho a la identidad de hombres y mujeres que hoy viven sin saber quiénes son.
Del derecho a la verdad de familias que aún buscan.
Del derecho a enterrar a sus muertos, negado por la desaparición forzada.

En este escenario, la democracia argentina enfrenta un desafío ineludible: reforzar las políticas públicas orientadas al esclarecimiento de estos delitos. Ello implica profundizar los mecanismos de búsqueda, fortalecer los espacios institucionales de memoria, garantizar recursos para la identificación de víctimas y promover activamente la obtención de información que permita romper, de una vez, el pacto de silencio.

No se trata de desconocer garantías ni de promover respuestas punitivas irracionales. Se trata, por el contrario, de preservar la coherencia del derecho penal frente a crímenes que por su propia naturaleza, exigen una respuesta acorde.

El desafío es evitar que institutos legítimos en abstracto funcionen en la práctica como mecanismos de debilitamiento de la sanción.

Porque cuando el delito sigue vivo, la pena no puede diluirse sin afectar el núcleo mismo de la justicia.

Argentina ha construido, con enorme sacrificio, un consenso en torno a la memoria, la verdad y la justicia. Ese consenso no es declamativo: se expresa en decisiones concretas.

Y es precisamente en la forma en que se ejecutan las penas —y en la decisión política de seguir buscando la verdad— donde ese compromiso se pone verdaderamente a prueba.

Al fin y al cabo «arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos».

*Especialista en Derecho Penal (USAL)
Maestranda en Derechos Humanos (UNLP)
Subdirectora del Observatorio de Derechos Humanos del Área de Investigación y Clínicas Jurídicas CALP.

En memoria de Carlos Eduardo Lugones y los 30.400 compañeros y compañeras detenidas y desaparecidas, presentes, ahora y siempre.