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América Latina

Colombia elige al sucesor de Petro: 41 millones deciden el futuro del progresismo

El senador Iván Cepeda llega como favorito indiscutido a la primera vuelta, pero enfrenta a una derecha que busca capitalizar el desgaste y el temor tras el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, ejecutado en 2025 por una facción disidente de las FARC.

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El legado de Petro en juego: Colombia decide entre continuar el progresismo o virar a la derecha radicalizada.

Colombia en la encrucijada: el magnicidio, el voto y la herencia progresista que el #21J pondrá a prueba

★ Colombia definió hoy si el ciclo progresista que abrió Gustavo Petro en 2022 tendrá continuidad o si la Casa de Nariño girará a la derecha en las próximas cuatro décadas. Con más de 41 millones de personas habilitadas para votar, las urnas cerraron a las 16:00 horas colombianas y las primeras tendencias se esperan entre las 18:00 y las 18:30, según anticipó el registrador electoral.

La primera vuelta enfrenta a 12 candidatos, aunque la contienda real se concentra en tres nombres: el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico y candidato del oficialismo; el abogado y figura mediática Abelardo de la Espriella, representante de una derecha radicalizada que se postuló por firmas ciudadanas; y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático y heredera del proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El legado que Petro pone en juego

Gustavo Petro culmina su mandato con una aprobación que supera el 50%, según distintas mediciones realizadas en los últimos meses, un dato atípico en la política colombiana donde los presidentes suelen terminar por debajo de ese umbral. La economía que entrega el saliente jefe de Estado exhibe indicadores que el progresismo reivindica como conquistas de gestión: inflación anual del 5,68% a abril de 2026, una apreciación interanual del peso colombiano del 9,53% frente al dólar y una deuda externa que representa solo el 29% del total de la deuda pública. A eso se suman aumentos reales del salario mínimo por encima del costo de vida y una tasa de desempleo que bajó del 9%.

Sin embargo, la herencia de Petro también incluye tensiones sin resolver. La denominada «Paz Total», su apuesta central en materia de seguridad, tropezó con la reanudación de hostilidades por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la negativa a desarmarse de distintas facciones de las disidencias de las FARC, entre ellas la Segunda Marquetalia. Colombia convive hoy con más de 20.000 combatientes activos de grupos armados, incluidos el Clan del Golfo y diversas organizaciones delincuenciales que operan en el territorio nacional. La pregunta que la sociedad colombiana no pudo resolver durante cuatro años de gobierno progresista es la misma que define esta elección: cómo garantizar derechos sociales sin entregar la seguridad del territorio.

La bala que marcó la campaña

El proceso electoral de 2026 quedó signado para siempre por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato del Centro Democrático, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada por el cartel de Pablo Escobar en 1991. El 7 de junio de 2025, un sicario menor de 15 años le disparó tres veces durante un acto de campaña en el barrio Modelia de Bogotá, dos de los disparos impactaron en su cabeza. Tras más de dos meses en cuidados intensivos, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025.

Las investigaciones apuntaron a la Segunda Marquetalia como autora intelectual. En abril de 2026, uno de los acusados de la logística del crimen fue detenido en Buenos Aires mediante una alerta roja de Interpol, confirmaron fuentes judiciales argentinas y colombianas. Human Rights Watch calificó el atentado como «un grave recordatorio de los capítulos más oscuros de la violencia política en Colombia». El magnicidio, octavo en la historia del país, profundizó la polarización y reforzó la apuesta de la derecha por la «seguridad» como eje de campaña, el terreno donde Abelardo de la Espriella encontró su mayor espacio de crecimiento.

Tres candidatos para un país en tensión

Iván Cepeda llega a la primera vuelta como el candidato más votado en todas las mediciones del año. La última encuesta de Invamer le asignó el 44,6% de intención de voto. Sin embargo, ningún sondeo lo proyectó por encima del umbral del 50% más uno que se requiere para evitar el balotaje. Con más de 15 años como legislador nacional, primero como representante y luego como senador desde 2014, Cepeda construyó su carrera sobre la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de los crímenes paramilitares. En octubre de 2025, ganó las primarias del Pacto Histórico con el 65,7% de los votos, derrotando a la exministra de Salud Carolina Corcho.

Abelardo de la Espriella representa a la vez una novedad y una amenaza. Abogado conocido por su presencia mediática, se postuló sin haber ocupado cargos públicos previos, lo que le permite exhibir una imagen de «antisistema» mientras acumula el apoyo de sectores políticos establecidos como Salvación Nacional y la poderosa estructura de la familia Char de Barranquilla. En la última medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) previa a la veda, alcanzó el 30,9% de intención de voto. Su discurso de «orden» y sus cuestionados vínculos con el negacionismo del conflicto armado lo ubican en el arco de la ultraderecha latinoamericana.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, representa la continuidad del uribismo. Ganó la consulta interna de la Gran Coalición por Colombia en marzo de 2026 con más de tres millones de votos y creció sostenidamente en los sondeos hasta estabilizarse en torno al 14%, según Invamer. Su candidatura es la más predecible en términos ideológicos pero también la que enfrenta el techo más bajo: su base electoral dura difícilmente se expande más allá del voto histórico uribista.

El espacio del centro moderado, representado por el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, llega fragmentado y con intenciones de voto bajas. Ese electorado será el fiel de la balanza en el balotaje.

Los escenarios del 21 de junio

Ningún candidato reúne condiciones para imponerse en primera vuelta. Si los números de las encuestas se confirman, el Pacto Histórico pasará al balotaje del 21 de junio, aunque con la incógnita de quién será su rival. Una medición de Guarumo y EcoAnalítica de abril de 2026 reveló un dato que sacudió al oficialismo: en un hipotético balotaje, Paloma Valencia derrotaría a Cepeda con el 44,6% frente al 40,1%, mientras que frente a De la Espriella se configuraría un empate técnico (40,4% contra 40,6%, respectivamente).

En ese marco, el comportamiento del voto de centro y la tasa de participación resultarán decisivos. Colombia no tiene sufragio obligatorio, lo que convierte al abstencionismo y al voto en blanco en variables estratégicas. La estructura de base del Pacto Histórico y la capacidad de las maquinarias territoriales de movilizar electores en el interior del país definirán, en última instancia, si el 21 de junio es una reedición de 2022 o el principio de un giro político de alcance regional.

Lo que está en juego más allá de las urnas

Colombia no votó hoy solo por un nombre. Votó por el destino de las reformas de salud, pensiones y tierras que el gobierno de Petro impulsó con resultados parciales y resistencias institucionales. Votó por el modelo de relación con los grupos armados: negociación o confrontación. Votó, en definitiva, por la pregunta que recorre América Latina en el siglo XXI: si los derechos sociales conquistados en la última generación pueden sostenerse frente al avance de proyectos políticos que los consideran prescindibles.

La bala que se llevó a Miguel Uribe Turbay recordó al país que el costo de la política, en Colombia, puede medirse en vidas. El electorado que hoy concurrió a las urnas no debate si quiere volver al pasado, sino bajo qué términos institucionales logrará salvaguardar sus conquistas sociales sin entregar la seguridad del territorio. Esa tensión, profunda e irresuelta, es la que el balotaje del 21 de junio deberá responder.

Puntos clave:

  • Más de 41 millones de colombianos votaron hoy en la primera vuelta presidencial; los resultados se esperaban entre las 18:00 y las 18:30 horas locales.
  • Iván Cepeda (Pacto Histórico) lideró todas las encuestas del año con hasta el 44,6% de intención de voto, sin alcanzar el umbral del 50% para ganar en primera vuelta.
  • El proceso estuvo marcado por el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado en agosto de 2025 por una facción de las disidencias de las FARC.
  • En escenarios de segunda vuelta, encuestas proyectan que Paloma Valencia derrotaría a Cepeda y que De la Espriella empataría con él.
  • El legado de Petro incluye inflación del 5,68% anual, desempleo inferior al 9% y aumentos reales del salario mínimo, pero una «Paz Total» inconclusa frente a grupos armados con más de 20.000 combatientes activos.

Defensa

Nuevas bases, aviones y naves antárticas: la apuesta militar de Chile en Magallanes

El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en el extremo sur, reemplazo de aviones de combate y un plan de modernización hasta 2043. Su cartera quedó afuera del recorte del 3% que alcanzó al resto del gabinete de Kast, tras semanas de fricción con la Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.

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Chile blinda Magallanes con nuevas bases mientras Milei ajusta y concede.

Mientras en la Argentina el ajuste alcanza también a las Fuerzas Armadas, del otro lado de la cordillera la defensa del sur se volvió política de Estado. Chile construirá nuevas bases militares en los sectores de la Región de Magallanes que hoy no tienen cobertura, renovará sus aviones de combate y reforzará su presencia antártica, en un plan que involucra a las tres ramas de sus Fuerzas Armadas y se proyecta hasta 2043.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, desde la Base Aérea de Chabunco, en Magallanes, acompañado por los comandantes de las Fuerzas Armadas. Allí detalló un paquete de compras militares destinado a fortalecer la presencia del país en el extremo austral y a garantizar el control del espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur. «La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado», sostuvo.

El dato político no es menor: según consignó la agencia italiana ANSA, Barros descartó que su cartera sufra el recorte del 3% que el Gobierno de José Antonio Kast había instruido inicialmente para todos los ministerios. En un gobierno de derecha que ajusta en todas las áreas, la defensa del sur quedó a salvo de la tijera. «Queremos asegurar que Chile cuente con las capacidades para resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes», afirmó el ministro.

Aviones, helicópteros, tanques y naves antárticas

El plan incluye el reemplazo, en el corto plazo, de los aviones F5 de la Fuerza Aérea de Chile por aeronaves de cuarta o quinta generación. También prevé sustituir los helicópteros Bell UH-1H y renovar el transporte aéreo estratégico, hoy a cargo de los C-130 Hércules, fundamentales para el sostenimiento de la base antártica y para la atención de emergencias.

Para 2027, Barros anunció la incorporación de cuatro aeronaves de patrullaje de largo alcance para la vigilancia naval y de otras cinco naves destinadas al servicio antártico. En el plano terrestre, se actualizará la tecnología de los tanques blindados Leopard 1, en paralelo a la renovación progresiva de otros equipos desplegados en la región. El ministro mencionó además la incorporación de «sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta».

«La soberanía no solo se declara, se ejerce»

Barros explicó el valor estratégico que Santiago le asigna a Magallanes. «Es nuestra puerta natural hacia la Antártica y un territorio donde convergen el continente, nuestras islas, el Estrecho de Magallanes, extensos espacios marítimos, rutas internacionales… Cuando decimos que Chile es tricontinental, aquí parte el concepto», señaló.

En ese marco, insistió en que «la soberanía no solo se declara, se ejerce» y encuadró los anuncios en una «estrategia integral para fortalecer nuestra presencia terrestre, aérea y marítima», que abarca infraestructura, logística, proyección hacia la Antártida y presencia permanente del Estado en el extremo sur. La frase funciona como un mensaje hacia adentro, pero también como una señal hacia Buenos Aires.

El ruido con la Argentina que encendió la alarma

El anuncio llega después de semanas de tensión bilateral. A fines de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó al estrecho en una referencia a la soberanía argentina: «Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía», dijo en una entrevista, y habló de una «llave bioceánica». Los dichos provocaron una rápida reacción en Santiago.

Días después, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay, se refirió en una entrevista con Infobae al «Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile», en lo que del otro lado de la cordillera se leyó como una rectificación. El episodio reactivó antecedentes recientes, como el Decreto 457 de 2021, que según la interpretación chilena presentaba al estrecho como un espacio de control compartido y derivó en una nota de protesta de la Cancillería trasandina.

La respuesta política argentina llegó el 3 de septiembre, en La Moneda. Tras la reunión entre Javier Milei y Kast, un comunicado conjunto estableció que ambos mandatarios coincidieron en la soberanía total de Chile sobre el estrecho, en el marco del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que según el texto «se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados». A cambio, Kast reiteró el respaldo de su gobierno a los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Pero en Chile el tema no se cerró con la foto presidencial. El 21 de septiembre, una delegación transversal del Senado encabezada por su presidenta, Paulina Núñez, viajó a Punta Arenas para la ceremonia por el 183° aniversario de la toma de posesión del estrecho y emitió una declaración en la que se comprometió a reflejar en el Presupuesto 2027 la necesidad de fortalecer las capacidades estratégicas para la vigilancia de los espacios soberanos. Esta misma semana también pasó por el sur el propio Kast.

Dos países, dos maneras de mirar el sur

El contraste con la Argentina es elocuente. En mayo, a una semana del lanzamiento del Plan ARMA de modernización militar, el Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi 49.000 millones de pesos en partidas de Defensa. El mayor ajuste nominal recayó sobre la Fuerza Aérea, que perdió 16.500 millones de pesos en bienes de uso y equipamiento militar dentro de su programa de alistamiento operativo.

Para el año próximo, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, informó que el Gobierno proyecta destinar alrededor de 350 millones de dólares a las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia y de la Base Antártica Conjunta Petrel, sumando recursos de 2026 y 2027. El proyecto de Presupuesto 2027 también pide autorización al Congreso para tomar deuda por hasta 3.500 millones de dólares destinada a submarinos y fragatas, en el mismo texto que prevé una caída real de los fondos para Educación. Mientras Chile financia su despliegue austral con presupuesto propio y un horizonte de dos décadas, la Argentina libertaria recorta primero y promete reequipar después, con endeudamiento.

La diferencia de enfoque dice mucho sobre la idea de soberanía de cada gobierno. Del otro lado de la cordillera, la ocupación efectiva del territorio se planifica como una política que trasciende gestiones; de este lado, la presencia del Estado en el sur queda atada a la lógica del ajuste permanente.

Lo que tenés que saber:

  • El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en sectores sin cobertura de Magallanes, dentro de un plan de modernización con horizonte en 2043.
  • Chile reemplazará los aviones F5, los helicópteros Bell UH-1H y los C-130 Hércules, e incorporará en 2027 cuatro aeronaves de patrullaje naval y cinco naves antárticas.
  • La cartera de Defensa chilena quedó excluida del recorte del 3% instruido inicialmente para todos los ministerios.
  • El 3 de septiembre, Milei y Kast firmaron un comunicado que reconoce la soberanía total de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina.
  • En mayo, el Gobierno argentino recortó casi 49.000 millones de pesos en Defensa mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
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