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Inflación de mayo entre el 2,2% y el 2,5%: ninguna consultora logra bajarla del 2%

Caputo proyecta una inflación del 20% para los próximos doce meses; el REM del BCRA estima el 24,2% para el mismo período y el 30,5% para todo 2026. Los servicios públicos acumulan subas superiores al 525% desde el inicio de la gestión libertaria, con el transporte liderando con un 912%.

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Desaceleración de fachada: mayo cierra con IPC entre el 2,2% y el 2,5% mientras el Gobierno oculta la canasta real

★ Las consultoras privadas confirman que la inflación de mayo se ubica entre el 2,2% y el 2,5%, un dato que el Gobierno de Javier Milei exhibe como logro pero que, bajo la lupa, revela una economía donde los precios acumulan una destrucción del poder adquisitivo que el propio indicador oficial subestima, porque el INDEC sigue midiendo con una canasta de consumo que tiene más de veinte años. El dato oficial se conocerá el próximo 11 de junio; la Ciudad de Buenos Aires lo publicará dos días antes, el 8 de junio.

El menú de estimaciones: en ningún caso baja del 2%

Las proyecciones para el quinto mes del año confirman una desaceleración respecto al 2,6% de abril y, sobre todo, al pico del año marcado en marzo (3,4%). Sin embargo, ninguna consultora logra ubicar el IPC por debajo del umbral del 2%, un nivel que en términos anualizados equivale a casi el 27%.

El registro más bajo lo proyecta la Fundación Libertad y Progreso: 2,1% mensual. Su economista Julián Neufeld precisó que «el rubro de mayor incidencia es Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aceleró respecto a marzo y corrió al 3,4% mensual, aportando 0,8 puntos porcentuales al nivel general». EcoGo y C&T Asesores Económicos coinciden en el 2,2%, mientras que LCG se ubica en valores similares, con una moderación atribuida a los componentes estacionales y regulados.

Equilibra estima un 2,3%, impulsado principalmente por los precios estacionales, que treparon al 3,6% en el mes. Su economista Lorenzo Sigaut Gravina advirtió que, aunque la suba mensual descendería 0,3 puntos porcentuales respecto a abril, «la medición interanual treparía a 33,4%, es decir, un punto porcentual por encima del dato de abril».

El registro más elevado lo marca Analytica: 2,5%. Su economista Rosario Vidaurreta señaló que «alimentos y bebidas muestra una aceleración en las últimas semanas, alcanzando un 2,5% en el promedio de cuatro semanas» y alertó que los incrementos observados en verdulería podrían implicar que «los precios estacionales no contribuyan de manera tan favorable como ocurrió en abril».

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) pronosticó un 2,3% para el mes.

Caputo en el Latin American Forum: promesas que el mercado no comparte

En el discurso de apertura del Latin American Forum, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que «las expectativas están ancladas y para los próximos doce meses se espera un 20%». «No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%», sostuvo el funcionario durante su exposición.

Esa afirmación choca de frente con la mediana publicada por el propio BCRA en el REM: las consultoras proyectan una inflación anual de 30,5% para 2026 y del 24,2% para los próximos doce meses. La brecha entre las declaraciones del ministro y las proyecciones del mercado oscila entre 4 y más de 10 puntos porcentuales, en una economía donde cada décima impacta sobre salarios, jubilaciones, contratos de alquiler y ajuste de tarifas.

La inconsistencia entre los anuncios oficiales y la realidad de los datos no es nueva. El Presupuesto 2025 proyectaba una inflación acumulada del 24,5% para todo el ejercicio, pero los datos del propio INDEC ya marcaban un 27,9% antes de que cerrara el año.

La canasta de 2004: el truco estadístico que hasta el FMI cuestionó

Detrás del número mensual existe una controversia metodológica de fondo que la gestión Milei prefiere eludir. En febrero de 2026, el entonces director del INDEC, Marco Lavagna, presentó su renuncia luego de que el ministro Caputo vetó la aplicación de la nueva canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que el organismo tenía lista para implementar desde enero.

La canasta que hoy sigue vigente data de 2004, con más de dos décadas de antigüedad. La justificación oficial para no actualizarla fue que había que esperar a que «el proceso de desinflación ya estuviera totalmente consolidado», según declaró el propio Caputo. Lo que el Gobierno no explica es que mantener una canasta desactualizada tiene consecuencias directas y verificables: subestima el peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar, precisamente los rubros que desde diciembre de 2023 acumulan aumentos superiores al 525%, según datos del IIEP (UBA-CONICET).

Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si se aplicaran los ponderadores de la canasta 2017-2018, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 sería del 324,4%, frente al 280,5% oficial, una diferencia de 43,9 puntos porcentuales. Con esa misma metodología actualizada, la caída real de los salarios treparía al 16,5% (contra el 7,1% oficial), la jubilación mínima habría caído un 12% (contra el 3,2% oficial) y la tasa de pobreza llegaría al 37,3% (frente al 31,6% oficial).

La situación llegó a inquietar al propio Fondo Monetario Internacional (FMI): en el marco del acuerdo vigente con Argentina, el organismo recomendó «la publicación anticipada de datos de inflación basados en canastas de consumo actualizadas, así como fortalecer la independencia del INDEC«, en referencia al «difícil historial de estadísticas poco confiables en Argentina durante 2007-2015». La advertencia tiene una ironía difícil de ignorar: la metodología desactualizada reproduce exactamente los fantasmas institucionales que el gobierno libertario prometió desterrar. El sindicato ATE también exigió «históricamente, un INDEC independiente del poder político».

El contexto acumulado que el IPC mensual no muestra

La desaceleración de mayo no puede leerse en el vacío. El INDEC confirmó que en abril de 2026 los precios Regulados subieron un 4,7%, impulsados por ajustes en transporte y electricidad, muy por encima del índice general. El transporte acumula desde diciembre de 2023 una suba del 912%; el gas, del 748%; el agua, del 365%; y la electricidad, del 339%, según datos del IIEP (UBA-CONICET).

Los datos del INDEC de marzo de 2026 indican que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una variación interanual del 32,8% y la Canasta Básica Total (CBT), del 30,4%. En ese escenario, cualquier alivio en rubros estacionales queda neutralizado por la inercia de los costos energéticos y del transporte, que presionan tanto sobre el bolsillo de los hogares como sobre la estructura de costos productivos. En abril de 2026, los combustibles registraron una suba del 10,4%, que retroalimenta ese ciclo.

El horizonte interanual que proyecta Equilibra para mayo, del 33,4%, ilustra con precisión la distancia abismal entre el relato del «éxito antiinflacionario» y la realidad de los hogares argentinos que llegan, o no llegan, a fin de mes.

Puntos clave

  • Las consultoras privadas estiman el IPC de mayo entre el 2,2% y el 2,5%, por debajo del 2,6% de abril, pero sin poder perforar el piso del 2%.
  • Caputo proyecta una inflación del 20% para los próximos doce meses; el REM del BCRA estima el 24,2% para el mismo período y el 30,5% para todo 2026.
  • El Gobierno mantiene una canasta de consumo de 2004 para medir el IPC; con ponderadores actualizados, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 es 43,9 puntos más alta, según el CEPA.
  • La renuncia de Marco Lavagna al INDEC en febrero de 2026 se produjo tras el veto de Caputo a la nueva metodología; hasta el FMI recomendó su actualización.
  • Los servicios públicos acumulan subas superiores al 525% desde el inicio de la gestión libertaria, con el transporte liderando con un 912%.

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El FMI criticó al gobierno de Milei por la corrupción y falta de transparencia

El organismo incluyó advertencias sobre debilidades en controles institucionales en su segunda revisión técnica. Las críticas apuntan directamente a las declaraciones juradas de los funcionarios, los conflictos de interés y la independencia judicial, en pleno escándalo por el dudoso patrimonio de Adorni.

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El socio que incomoda: el FMI le exigió a Milei transparencia en pleno escándalo Adorni

★ El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió las críticas más severas en materia de corrupción y transparencia institucional contra la Argentina desde que el país retomó su relación con el organismo en 2018. Las advertencias quedaron plasmadas en el Box 9 del informe técnico «Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria», publicado tras la aprobación de un nuevo desembolso de USD 1.050 millones para el gobierno de Javier Milei, aprobado pese a que el Ejecutivo incumplió nuevamente con la meta de acumulación de reservas del Banco Central.

El «Box 9» y el diagnóstico institucional

El capítulo del informe titulado «Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks» («Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción») expone un diagnóstico contundente sobre las debilidades estructurales del sistema de control estatal en Argentina. El staff técnico del organismo sostuvo que los marcos preventivos anticorrupción «necesitan fortalecerse», ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por «verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual». Las normas sobre conflictos de intereses, además, «siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación», según el mismo documento.

El FMI también apuntó al Poder Judicial: la «percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación», afirmó el reporte, señalando que «las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios». El organismo recalcó la necesidad de «fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial».

El índice de corrupción y el contraste histórico

En respaldo de su diagnóstico, el FMI citó que Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El dato resulta particularmente incómodo para un gobierno que llegó al poder agitando la bandera del combate a «la casta». La brecha entre el discurso libertario y los indicadores internacionales es difícil de disimular.

El contraste con los informes anteriores del propio FMI resulta revelador. En 2022, durante la gestión de Mauricio Macri, el organismo había destacado los «fuertes esfuerzos» desplegados para «mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia». Ese tono elogioso desapareció por completo de la segunda revisión de 2026, reemplazado por una enumeración de deficiencias institucionales que el gobierno de Milei no puede ignorar.

El caso Adorni y la prórroga de las declaraciones juradas

Las advertencias del FMI se inscriben en un contexto político de alta sensibilidad. El escándalo por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza en el fuero federal bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Según relevó este medio, el patrimonio investigado del funcionario supera los USD 840.000 y abarca refacciones de lujo pagadas en efectivo y sin factura por USD 245.000 en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), propiedades cuya financiación no guarda coherencia con sus ingresos declarados, y vínculos bajo investigación con la denominada Causa Libra.

En ese contexto, el Ejecutivo nacional prorrogó el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción: la fecha original era el 30 de mayo de 2026, pero fue extendida hasta el 31 de julio. Adorni, precisamente, aún no presentó su balance patrimonial actualizado, una omisión que el propio FMI, sin nombrarlo, señala como parte de un patrón sistémico de «publicación tardía» de este tipo de documentos.

Un desembolso con contradicciones

La aprobación del desembolso de USD 1.050 millones no estuvo exenta de tensiones internas. El directorio ejecutivo del FMI avaló la segunda revisión del acuerdo pese al incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. En paralelo, el reporte advirtió sobre los riesgos emergentes en el sistema financiero local: la morosidad de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo de 2026, un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025, según datos del propio Banco Central.

El organismo también señaló la «creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión» y la necesidad de un monitoreo más estricto del crecimiento del sector fintech, donde los préstamos en mora son, según el reporte, «muy elevados».

La paradoja del acreedor exigente

El mismo documento que critica la opacidad patrimonial del gobierno de Milei reconoce que «la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave», entre ellos la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral. La paradoja es reveladora: el organismo que financia al gobierno libertario con miles de millones de dólares, y que avaló la misma ley que economistas y movimientos sindicales identificaron como un mecanismo que vació de datos al fisco, le exige ahora a ese mismo gobierno que garantice la transparencia de sus funcionarios.

El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales afectan la estabilidad económica de un país. Las advertencias del Box 9 marcan un punto de inflexión: por primera vez en este ciclo, el acreedor más importante de Argentina sale a cuestionar públicamente la calidad institucional de la gestión que financia.

Puntos clave:

  • El FMI incluyó las críticas anticorrupción más severas desde 2018 en la segunda revisión del acuerdo con Argentina.
  • Argentina obtuvo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.
  • El organismo denunció «verificación limitada, escasa transparencia y publicación tardía» en las declaraciones juradas de funcionarios.
  • El Ejecutivo extendió hasta el 31 de julio el plazo de entrega de las DDJJ; Adorni aún no presentó la suya.
  • El FMI aprobó USD 1.050 millones pese al incumplimiento de la meta de reservas del Banco Central.
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