Educación
Becas Progresar congeladas: el Gobierno Milei excluye a los estudiantes de los aumentos de ANSES
El Ministerio de Capital Humano confirmó que los $35.000 brutos mensuales del programa no se actualizarán en junio 2026, a pesar de que jubilados, pensionados y titulares de la AUH sí recibieron ajustes. La beca permanece sin cambios desde septiembre de 2024 mientras la inflación de la canasta básica acumula más del 30% interanual.
Congeladas desde 2024 y devastadas por la inflación: las becas que Milei decidió no actualizar
Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditó en mayo un aumento del 3,4% para jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Becas Progresar volvieron a quedar afuera de esa actualización.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa continuará en junio 2026 con el mismo valor bruto de $35.000 mensuales, congelado desde septiembre de 2024. Para miles de jóvenes que dependen de esa asistencia para afrontar transporte, fotocopias y materiales de estudio, la situación es inequívoca: el ajuste del Gobierno libertario tiene nombre propio, y se llama exclusión educativa.
Un beneficio que pierde valor mes a mes
El esquema de pago establece que los beneficiarios reciben mensualmente el 80% del total, es decir $28.000, mientras que el 20% restante ($7.000) permanece retenido hasta que la institución educativa acredite la regularidad académica del estudiante. Este mecanismo reduce el ingreso real disponible durante el ciclo lectivo a $28.000 mensuales, un monto que no se toca hace 21 meses consecutivos.
En ese período, según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) acumuló una variación interanual del 32,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró un alza del 30,4%.
Los incrementos de servicios públicos fueron todavía más pronunciados: según informes del IIEP (UBA-CONICET), el transporte acumuló una suba del 912% desde el inicio de la gestión libertaria. Para un estudiante que debe movilizarse y pagar materiales con $28.000, la erosión del poder adquisitivo no es una abstracción macroeconómica, sino una realidad cotidiana.
La respuesta institucional del organismo se limitó a señalar, según fuentes oficiales, que el objetivo actual del programa «se centra en garantizar la regularidad de los pagos y la fiscalización del rendimiento académico», dejando para una instancia posterior la discusión sobre la actualización del haber básico. Una postergación que, en términos de poder adquisitivo, ya tiene costos concretos y medibles.
Menos becarios, más exclusión
Los números del propio Ministerio de Capital Humano evidencian el retroceso del programa. En el ciclo lectivo 2025 se inscribieron 1.767.524 estudiantes, pero menos de un millón llegaron a ser efectivos beneficiarios. Un informe del organismo registró, además, una disminución en la cantidad de becarios durante el último año, consolidando una tendencia descendente respecto de ejercicios anteriores.
Esta contracción no es ajena al patrón de ajuste estructural en el área educativa. Los recortes reales acumulados desde 2023 en educación alcanzaron el 20% en transferencias a universidades nacionales y el 31,6% en el financiamiento universitario general, según datos del Foro Economía y Trabajo. Las becas son el eslabón más débil de esa cadena: el primero en quedar congelado y el que más tarda en ser defendido desde el poder político.
La presión legislativa y el reclamo que el Ejecutivo ignora
El diputado nacional Eduardo Valdés presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para exhortar al Poder Ejecutivo a actualizar los montos del programa y garantizar su alcance en todo el territorio nacional. La iniciativa está dirigida específicamente al Ministerio de Capital Humano y a la ANSES, y advierte que el congelamiento en un contexto inflacionario y la reducción del universo de beneficiarios ponen en riesgo una herramienta históricamente reconocida como clave para sostener las trayectorias educativas de jóvenes y adultos argentinos. El proyecto señala expresamente que la última actualización del monto se produjo en septiembre de 2024, y que desde entonces ningún ajuste alcanzó al programa.
El contraste es elocuente: el mismo Gobierno que aplicó aumentos tarifarios del 912% en transporte y del 748% en gas desde diciembre de 2023, decidió mantener inmóvil durante casi dos años la beca que financia el acceso de los sectores más vulnerables a la educación.
Cómo verificar el estado de la beca en junio 2026
La ANSES confirmó que los estudiantes aprobados dentro de la convocatoria vigente pueden verificar el estado de su solicitud a través del portal oficial (anses.gob.ar) o mediante la aplicación Mi Argentina, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
También está disponible la plataforma oficial de Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada. La acreditación del pago se realiza de forma automática en la cuenta bancaria declarada al momento de la inscripción. Al mismo tiempo, el organismo avanza en la regularización de pagos pendientes correspondientes al ciclo lectivo 2025.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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