Educación
Becas Progresar congeladas: el Gobierno Milei excluye a los estudiantes de los aumentos de ANSES
El Ministerio de Capital Humano confirmó que los $35.000 brutos mensuales del programa no se actualizarán en junio 2026, a pesar de que jubilados, pensionados y titulares de la AUH sí recibieron ajustes. La beca permanece sin cambios desde septiembre de 2024 mientras la inflación de la canasta básica acumula más del 30% interanual.
Congeladas desde 2024 y devastadas por la inflación: las becas que Milei decidió no actualizar
Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditó en mayo un aumento del 3,4% para jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Becas Progresar volvieron a quedar afuera de esa actualización.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa continuará en junio 2026 con el mismo valor bruto de $35.000 mensuales, congelado desde septiembre de 2024. Para miles de jóvenes que dependen de esa asistencia para afrontar transporte, fotocopias y materiales de estudio, la situación es inequívoca: el ajuste del Gobierno libertario tiene nombre propio, y se llama exclusión educativa.
Un beneficio que pierde valor mes a mes
El esquema de pago establece que los beneficiarios reciben mensualmente el 80% del total, es decir $28.000, mientras que el 20% restante ($7.000) permanece retenido hasta que la institución educativa acredite la regularidad académica del estudiante. Este mecanismo reduce el ingreso real disponible durante el ciclo lectivo a $28.000 mensuales, un monto que no se toca hace 21 meses consecutivos.
En ese período, según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) acumuló una variación interanual del 32,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró un alza del 30,4%.
Los incrementos de servicios públicos fueron todavía más pronunciados: según informes del IIEP (UBA-CONICET), el transporte acumuló una suba del 912% desde el inicio de la gestión libertaria. Para un estudiante que debe movilizarse y pagar materiales con $28.000, la erosión del poder adquisitivo no es una abstracción macroeconómica, sino una realidad cotidiana.
La respuesta institucional del organismo se limitó a señalar, según fuentes oficiales, que el objetivo actual del programa «se centra en garantizar la regularidad de los pagos y la fiscalización del rendimiento académico», dejando para una instancia posterior la discusión sobre la actualización del haber básico. Una postergación que, en términos de poder adquisitivo, ya tiene costos concretos y medibles.
Menos becarios, más exclusión
Los números del propio Ministerio de Capital Humano evidencian el retroceso del programa. En el ciclo lectivo 2025 se inscribieron 1.767.524 estudiantes, pero menos de un millón llegaron a ser efectivos beneficiarios. Un informe del organismo registró, además, una disminución en la cantidad de becarios durante el último año, consolidando una tendencia descendente respecto de ejercicios anteriores.
Esta contracción no es ajena al patrón de ajuste estructural en el área educativa. Los recortes reales acumulados desde 2023 en educación alcanzaron el 20% en transferencias a universidades nacionales y el 31,6% en el financiamiento universitario general, según datos del Foro Economía y Trabajo. Las becas son el eslabón más débil de esa cadena: el primero en quedar congelado y el que más tarda en ser defendido desde el poder político.
La presión legislativa y el reclamo que el Ejecutivo ignora
El diputado nacional Eduardo Valdés presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para exhortar al Poder Ejecutivo a actualizar los montos del programa y garantizar su alcance en todo el territorio nacional. La iniciativa está dirigida específicamente al Ministerio de Capital Humano y a la ANSES, y advierte que el congelamiento en un contexto inflacionario y la reducción del universo de beneficiarios ponen en riesgo una herramienta históricamente reconocida como clave para sostener las trayectorias educativas de jóvenes y adultos argentinos. El proyecto señala expresamente que la última actualización del monto se produjo en septiembre de 2024, y que desde entonces ningún ajuste alcanzó al programa.
El contraste es elocuente: el mismo Gobierno que aplicó aumentos tarifarios del 912% en transporte y del 748% en gas desde diciembre de 2023, decidió mantener inmóvil durante casi dos años la beca que financia el acceso de los sectores más vulnerables a la educación.
Cómo verificar el estado de la beca en junio 2026
La ANSES confirmó que los estudiantes aprobados dentro de la convocatoria vigente pueden verificar el estado de su solicitud a través del portal oficial (anses.gob.ar) o mediante la aplicación Mi Argentina, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
También está disponible la plataforma oficial de Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada. La acreditación del pago se realiza de forma automática en la cuenta bancaria declarada al momento de la inscripción. Al mismo tiempo, el organismo avanza en la regularización de pagos pendientes correspondientes al ciclo lectivo 2025.
Educación
El Nacional y el Pellegrini en pie de lucha: el ajuste educativo que Milei no puede esconder
Por segundo día consecutivo, los alumnos de los dos colegios preuniversitarios de la UBA mantienen la toma de sus establecimientos y exigen que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, pero congelada por el Ejecutivo bajo el argumento del equilibrio fiscal.
#Señores jueces, que Milei cumpla la ley: el Nacional y el Pellegrini en pie de lucha
Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambas instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cumplieron su segundo día consecutivo de toma este miércoles. La medida de fuerza, votada en asambleas realizadas en contraturno el martes 26, fue decidida por tiempo indeterminado y se inscribe en el conflicto más amplio que enfrenta al sistema universitario nacional con el Gobierno de Javier Milei desde 2024.
La protesta se produce apenas dos semanas después de la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo y se suma a una cadena de movilizaciones, clases públicas y medidas de fuerza que ya acumulan cuatro marchas federales, sin que el Ejecutivo haya dado respuesta concreta al reclamo de aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
«Ya casi 100 profesores dejaron el colegio desde que asumió Milei»
Ona Morenfel, vicepresidenta del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, describió desde la puerta del establecimiento tomado una situación que calificó de «muy preocupante a nivel país». La estudiante explicó que el impacto del desfinanciamiento educativo se siente con especial intensidad en ambas instituciones precisamente por su condición de colegios preuniversitarios dependientes de la UBA: el ajuste presupuestario a la universidad arrastra, inevitablemente, a sus colegios dependientes.
«Ya casi 100 profesores dejaron el colegio desde que asumió Milei», afirmó Morenfel, y agregó que muchos docentes se ven forzados a tomar varios empleos simultáneamente para sostenerse económicamente, lo que deteriora el funcionamiento cotidiano y el nivel académico de la institución. «Nos preocupa muchísimo como estudiantes y sentimos que este problema nos afecta directamente«, señaló.
Los datos aportados por los gremios docentes confirman la magnitud del desgaste: los salarios universitarios perdieron más del 52,1% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Milei, según informaron representantes del sector. El dirigente gremial Pitrola, en declaraciones a A24, precisó que «los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad«, una brecha que no tiene ninguna justificación pedagógica ni institucional y que refleja el efecto directo del ajuste sobre el sistema universitario.
Los alumnos permanecieron dentro del establecimiento durante toda la noche del martes y anunciaron que este miércoles a las 16 realizarán nuevas asambleas para definir la continuidad del plan de lucha. También adelantaron que las autoridades de los centros estudiantiles ofrecerán una conferencia de prensa frente al colegio.
La ley que existe pero no se aplica
El eje del conflicto es la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en primera instancia en septiembre de 2024 y ratificada por dos tercios de los votos de ambas cámaras luego de que el presidente Milei intentara vetarla mediante el Decreto 879/2024. Pese a la insistencia legislativa, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación efectiva de la norma argumentando que no se determinaron las fuentes de financiamiento, invocando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera.
El Gobierno de Milei sostiene que aplicar la ley implicaría romper «el equilibrio fiscal», posición que la comunidad universitaria rechaza de plano y que los propios fallos judiciales contradicen: la Justicia emitió resoluciones de primera instancia y de Cámara que ordenaron aplicar los artículos centrales de la norma vinculados a salarios y financiamiento. El Ejecutivo apeló esas decisiones y el expediente permanece bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia, sin definición hasta el momento.
Para 2026, el oficialismo envió al Congreso un proyecto que modifica las pautas de actualización, estableciendo que los fondos universitarios solo recibirán corrección real si el Índice de Precios al Consumidor supera el 14,3% anual, un umbral que, según los especialistas, podría limitar severamente la recuperación presupuestaria en un contexto de inflación decreciente pero acumulada.
Clases públicas frente a Tribunales: «Señores jueces, que Milei cumpla la ley»
El martes bajo la consigna «señores jueces, que Milei cumpla la ley», docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades de la UBA protagonizaron una nueva jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. La iniciativa tuvo como objetivo visibilizar el impacto del ajuste en salarios, becas, investigación y funcionamiento general de las universidades, y exigir una definición de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la suspensión de la ley. «Reclamamos una respuesta urgente», sintetizaron los manifestantes.
El reclamo universitario no es nuevo ni aislado. Desde 2024, el sistema universitario nacional viene denunciando un deterioro sistemático que abarca salarios, infraestructura, investigación y becas.
Las propias notas de este medio han documentado el recorte real acumulado en los fondos destinados a universidades: según datos del Foro Economía y Trabajo, desde el inicio de la gestión Milei las transferencias a universidades sufrieron una caída real del 20%, en el marco de un ajuste del gasto primario total que supera el 31% y un derrumbe del gasto de capital del 86%.
El propio Gobierno, en su Presupuesto 2025, previó recortes reales del 31,6% en el financiamiento universitario, cifra verificada por organismos de seguimiento presupuestario.
Un conflicto que no cede
El enfrentamiento entre el sistema universitario y el Gobierno libertario lleva ya más de dos años y no muestra señales de resolución. La comunidad educativa viene sosteniendo medidas de fuerza escalonadas, con paros semanales en las universidades nacionales, jornadas de clases públicas en distintos puntos del país y, ahora, la incorporación de los colegios preuniversitarios al mapa de la protesta.
La toma del Nacional y el Pellegrini tiene un valor simbólico particular: son instituciones de alta tradición académica, con egresados que nutren las filas de la ciencia, la cultura y la política argentina, cuya propia existencia está anclada a la suerte de la universidad pública.
Que sus estudiantes lleguen a tomar los edificios no es un dato menor ni puede leerse como un acto de rebeldía adolescente: es el termómetro de un sistema educativo que el ajuste libertario está llevando al límite.
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