Reforma laboral: el Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral

★ El Poder Ejecutivo publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 408/2026, que reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo mecanismo previsto en la Ley de Modernización Laboral 27.802 para financiar el pago de indemnizaciones por despido en el sector privado. La norma fue suscripta por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y el ministro de Economía Luis Caputo.

El decreto integra un paquete de cuatro normas reglamentarias, los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, publicados en simultáneo, que avanzan sobre distintos aspectos de la reforma: cambios en los convenios colectivos de trabajo, las organizaciones sindicales, el trabajo en plataformas digitales, las empresas de servicios eventuales y un nuevo formato obligatorio de recibo de sueldo que deberá exhibir el costo laboral total a cargo del empleador.

Cómo funciona el FAL: fondos privados para financiar despidos

Según el texto del Decreto 408/2026, los Fondos de Asistencia Laboral se instrumentarán a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismos descentralizados actuantes en la órbita del Ministerio de Economía. Los vehículos habilitados son los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros.

Cada empleador del sector privado alcanzado por la ley deberá elegir una entidad habilitada por la CNV, abrir una cuenta individual y recibir un identificador único denominado «ID FAL», que permitirá a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derivar las contribuciones mensuales hacia el fondo correspondiente. La cuenta es de «carácter común y no individualizable por trabajador»: no existe un fondo por cada empleado, sino una cuenta colectiva del empleador destinada a cubrir contingencias laborales de toda su nómina. Los trabajadores deberán acreditar una antigüedad mínima de doce meses en los registros laborales para acceder a la cobertura plena del sistema. Una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora dispondrá de un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir los montos al trabajador.

Un dato que los analistas laborales señalan como central: las contribuciones mensuales al FAL serán deducibles del impuesto a las ganancias y permitirán, además, «una reducción equivalente de las contribuciones patronales a la seguridad social». En la práctica, esto implica que el nuevo mecanismo no solo transfiere la administración de las indemnizaciones hacia gestores privados, sino que también reduce el flujo de recursos que los empleadores destinan al sistema previsional, un aspecto que la CGT ya señaló como una forma de desfinanciamiento de la Seguridad Social. Las inversiones de estos fondos deberán realizarse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina.

Pese a la publicación del decreto, el sistema no comenzará a operar de forma inmediata. El Poder Ejecutivo prorrogó su entrada en vigencia hasta el 1° de noviembre de 2026, plazo en el que la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán dictar las normas complementarias para la implementación operativa del nuevo esquema.

La CGT en la Justicia: «una brutal transferencia de recursos públicos a privados»

La reglamentación del FAL llega en el marco de una intensa disputa judicial que la Confederación General del Trabajo (CGT) inició apenas la ley fue promulgada, el 6 de marzo de 2026. La central obrera presentó un amparo en el que cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos, argumentando que los cambios afectan principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina, como el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales.

El 30 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente la aplicación de 82 artículos de la ley. El magistrado fundamentó la cautelar en el «peligro en la demora», al considerar que la aplicación inmediata de algunos cambios podría generar efectos irreversibles. Días después, la Cámara de Apelaciones levantó esa medida cautelar, restituyendo la plena vigencia de la norma. Sin embargo, la sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados aún no fue dictada, y la CGT no descarta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez (UPCN), fue categórico al señalar que «esto no altera en absoluto la posición del movimiento obrero» y que la ley «atenta severamente derechos individuales y colectivos, tanto de los trabajadores como de las organizaciones sindicales». Uno de los cosecretarios generales de la CGT, Jorge Sola, definió el FAL como «una gran transferencia de recursos de trabajadores a empleadores». En el texto del amparo, la central obrera caracterizó el mecanismo como un esquema que termina «costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares».

El movimiento obrero organizado rechazó la ley de manera unánime

El rechazo a la Ley 27.802 excedió con creces a la CGT. Antes de su promulgación, las centrales obreras convocaron a un paro nacional y una movilización multitudinaria que se extendió por todo el país, incluyendo una concentración central en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, denunció que la ley implica «sometimiento para la clase trabajadora y pérdida de dignidad». El secretario general de la CTA-T y diputado nacional, Hugo Yasky, sostuvo que se trata de «una ley para terminar con la industria y con el trabajo formal. Y para terminar con los sindicatos que para ellos son un estorbo, no son un instrumento de la democracia».

El contexto en el que el decreto fue publicado agrega gravedad al análisis. La CGT advirtió, al presentar el amparo, que en los dos primeros años de gestión libertaria se perdieron más de 300.000 empleos y se registró el cierre sostenido de pymes. Este escenario de deterioro del empleo formal, sumado a la desfinanciación del sistema previsional que la propia estructura del FAL podría profundizar, consolida el cuadro de una reforma diseñada para beneficiar al sector empleador a expensas de los trabajadores y del Estado.

No es un dato menor que entre los firmantes del decreto figure Manuel Adorni, actualmente bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito en una causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que examina un patrimonio superior a los 840.000 dólares que el funcionario no logra justificar. El jefe de Gabinete que estampa su firma en la reglamentación de una reforma que el movimiento sindical califica de regresiva es, al mismo tiempo, uno de los funcionarios más cuestionados del Gobierno ante la Justicia federal.

Puntos clave:

• El Decreto 408/2026 reglamentó el FAL, el mecanismo de la Ley 27.802 para financiar indemnizaciones mediante fondos comunes de inversión y fideicomisos privados supervisados por la CNV.
• Las contribuciones al FAL serán deducibles del impuesto a las ganancias y reducirán las contribuciones patronales a la seguridad social.
• La CGT calificó el FAL como un esquema que «costea los despidos con aportes de los propios trabajadores» y «desfinancia la Seguridad Social»; no descarta llegar a la Corte Suprema.
• El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 suspendió provisoriamente 82 artículos de la ley en marzo de 2026; la Cámara levantó la cautelar pero la causa de fondo continúa.
• La entrada en vigencia del FAL fue postergada hasta el 1° de noviembre de 2026.