Judiciales ⚖️
El ministro que falló pide perdón, pero Córdoba le exige la renuncia
El ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros reconoció públicamente las fallas en el trato con la familia de Agostina Vega y pidió disculpas al abuelo de la joven de 14 años asesinada. La autocrítica no aplacó las críticas: la oposición avanza con un jury al fiscal Raúl Garzón y sostiene la exigencia de su dimisión.
#Un «lo siento» que llega tarde: el ministro que falló a Agostina pide perdón pero resiste la renuncia
El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reconoció este lunes que cometió errores en el contacto con la familia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada por Claudio Barrelier tras siete días de búsqueda que mantuvieron en vilo a toda la Argentina. Pero la autocrítica no alcanzó para calmar la tormenta política: la oposición avanza con la acusación al fiscal Raúl Garzón y la exigencia de la renuncia del propio Quinteros al gobernador Martín Llaryora.
«Si en algo ellos se sintieron abandonados por este ministro, como tengo ética, soy papá y entiendo el dolor», declaró Quinteros. El funcionario aseguró haber mantenido contacto permanente con el padre de Agostina desde el primer día de la desaparición, pero admitió desconocer el conflicto familiar preexistente entre el padre y los abuelos maternos, quienes reclamaron públicamente la ausencia del ministro durante la semana de búsqueda. Según sus propias palabras, al reunirse con el abuelo «lo miré a los ojos y le dije ‘créame que a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija'».
La autocrítica que no convence
La reunión se produjo en el marco de un encuentro que el gobernador Llaryora mantuvo junto a Quinteros con la familia de la víctima. El ministro reconoció que en esa instancia formuló un pedido de disculpas personal al abuelo por no haber estado físicamente presente, aunque insistió en que la investigación fue «permanente desde el primer miércoles» y que hasta ese día aún creía que la menor estaba con vida.
La secuencia de los hechos contradice, al menos parcialmente, esa versión. La familia denunció que la Policía no tomó la denuncia de desaparición de manera inmediata, en aparente violación del protocolo de búsqueda de mujeres y niñas vigente en la legislación provincial, que establece que no debe esperarse ni un segundo para iniciar el operativo. En la polémica conferencia de prensa en la que se anunció el hallazgo del cuerpo, el propio fiscal Garzón interrumpió a una cronista que intentaba formular esa pregunta al ministro, impidiendo que Quinteros respondiera públicamente.
El cuerpo hallado en el descampado
Agostina Vega desapareció en la noche del sábado 23 de mayo de 2026. El fiscal Garzón confirmó que fue asesinada esa misma noche, entre las 22:30 del sábado y las 2 de la madrugada del domingo 24, en la vivienda de Barrelier ubicada en el barrio Cofico. El detenido la habría atraído con el pretexto de «una sorpresa para su mamá».
Su cuerpo fue encontrado siete días más tarde, el sábado 30 de mayo, en un descampado de más de 200 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad, luego del testimonio de un vecino que había visto al acusado descargar tachos en ese sector. Los rastrillajes también se habían orientado por las señales de antena del celular del detenido.
El fiscal fue categórico: «No hay ninguna duda de que Agostina entró a la casa. El auto rojo nunca existió», en referencia a la versión inicial de Barrelier, quien primero inventó que la víctima había abandonado su domicilio subida a un vehículo de ese color. Ante el avance de las pruebas técnicas, tuvo que rectificar su declaración. Su primer abogado defensor renunció tras conocerse la maniobra.
El asesino con antecedentes que el sistema ignoró
Uno de los aspectos que más indignó a la sociedad cordobesa es que Claudio Barrelier, de 33 años, tenía antecedentes judiciales por privación ilegítima de la libertad en el marco de una causa por violencia de género contra una expareja, iniciada en mayo de 2025.
Por ese hecho, permaneció detenido aproximadamente 20 días antes de ser liberado bajo condiciones judiciales. Esa causa continúa abierta. A pesar del antecedente, la Municipalidad de Córdoba lo mantuvo en su nómina, con funciones en el área de Tránsito y en la Escuela de Licencias. Recién tras su detención en el caso Agostina, el municipio lo dio de baja y sostuvo que desconocía el antecedente al momento de mantenerlo en su nómina.
Quinteros no ahorró calificativos al referirse al detenido. «Este tipo es un psicópata, es un enfermo», declaró y aseguró que Barrelier «siempre desvió el curso de la información» y que el lugar donde escondió el cuerpo «era difícil para encontrarlo», con pleno conocimiento del sector. Lo que el ministro no explicó fue cómo alguien con ese perfil de violencia pudo permanecer en un cargo público sin que ninguna autoridad activara una alerta.
La crisis política: jury al fiscal y presión sobre Llaryora
La respuesta política al caso superó el mero reclamo de justicia. El Frente Cívico y la Izquierda Socialista anunciaron el impulso de un jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón, cuestionado tanto por su gestión de la conferencia de prensa, donde interrumpió a una cronista para impedir preguntas incómodas, como por la lentitud con que, según las familias, se adoptaron medidas en los primeros días de la desaparición.
Al mismo tiempo, crece la presión sobre el gobernador Llaryora para que solicite la renuncia del ministro Quinteros. El caso encendió un debate que trasciende el crimen individual: el funcionamiento del sistema de justicia y seguridad ante situaciones de violencia de género, la vigencia efectiva de los protocolos de búsqueda y la impunidad habitual de quienes acumulan antecedentes de violencia sin consecuencias institucionales. Este medio informó ayer sobre el jury y la exigencia de renuncia desde la cobertura previa del caso.
La autopsia y el estado de la causa
Los resultados preliminares de la autopsia de Agostina Vega se conocerían este lunes, aunque especialistas advirtieron que los estudios forenses completos podrían demorar varios días. Esos resultados serán determinantes para confirmar la causa de muerte y los mecanismos del femicidio, y podrían ampliar la imputación contra Barrelier.
Por otra parte, el Servicio Penitenciario desmintió el supuesto intento de suicidio del detenido en la cárcel de Bouwer, donde permanece alojado en el pabellón psiquiátrico. La madre de Agostina continúa internada en estado grave por deshidratación severa, producto de los días de angustia durante la búsqueda de su hija.
Judiciales ⚖️
Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones
Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.
La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.
Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central
El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.
El detalle presentado distingue dos componentes principales:
- US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
- US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.
La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.
El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.
Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili
En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.
Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.
A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:
- Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
- Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
- Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
- Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
- Qué riesgos financieros se asumieron.
- Qué controles se aplicaron durante el proceso.
- Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.
La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.
La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita
La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.
En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.
El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.
Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro
Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.
El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.
Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».
La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.
Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.
También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.
Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.
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