Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
América Latina
Trump amparó a Flávio Bolsonaro y en Diputados piden interpelar a Quirno
Trump dijo que el senador brasileño puede quedarse “todo el tiempo que quiera”, mientras un asesor de la Casa Blanca confirmó que consiguió el avión en el que salió de la Argentina. Diputados de Provincias Unidas piden explicaciones al canciller por el paso por Misiones.
Donald Trump le abrió las puertas de Estados Unidos sin plazo a Flávio Bolsonaro, el senador brasileño que salió de su país pese a una prohibición judicial, mientras el Gobierno argentino insiste en que su paso por Puerto Iguazú no fue delito. “Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera”, dijo el presidente estadounidense el sábado 31 de octubre ante periodistas, durante una fiesta de Halloween en su club de Mar-a-Lago, en Florida.
“No tengo planes de reunirme con él, pero creo que lo trataron muy mal”, agregó Trump, que consideró que “las elecciones fueron una vergüenza”. Un día después del balotaje había asegurado, sin presentar pruebas, que las elecciones brasileñas “parecían muy, muy corruptas”. Lula da Silva ganó la segunda vuelta del 25 de octubre con cerca del 52% de los votos, frente al 48% de Flávio Bolsonaro, por una diferencia de más de 4,4 millones de sufragios, y la misión de observación de la OEA convalidó los resultados en su informe provisional.
Un permiso temporal y dos versiones sobre el avión
Flávio Bolsonaro ingresó a Estados Unidos el miércoles 28 de octubre con un permiso humanitario temporal (“parole”), una autorización que habitualmente dura un año y no equivale a una residencia permanente. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Casa Blanca no participó “directamente” en la salida del senador y que no facilitó su entrada.
Esa versión convive con la confirmación de Jason Miller, asesor de comunicación de la Casa Blanca, de que fue él quien consiguió el jet en el que viajó la familia. Se trata de un Gulfstream G400 de la empresa argentina Baires Fly, cuyo dueño, Luis Grande, contó que el vuelo costó 150.000 dólares y que lo pagó un intermediario desde una cuenta en Estados Unidos.
La salida por Puerto Iguazú
El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había ordenado a Bolsonaro entregar sus pasaportes en 24 horas y le había prohibido salir de Brasil. Ante el incumplimiento, la Policía Federal brasileña canceló los documentos. Según los registros oficiales de Migraciones, el senador ingresó a la Argentina a las 22.50 del martes 27 de octubre, junto con su esposa y sus dos hijas, por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. El avión despegó esa noche con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, y aterrizó en Miami el miércoles 28.
La “Nota a Brasil”
Tras el balotaje, Flávio Bolsonaro había anunciado que no reconocería la derrota y que pediría anular los comicios ante la Justicia electoral. El domingo por la tarde, ya en Estados Unidos, publicó en su cuenta de X una “Nota a Brasil” en la que denunció una persecución judicial. “No salí de Brasil, salí por Brasil”, escribió. Aseguró que no se arrepiente “de absolutamente nada”. También acusó a la Rede Globo de desistir de una entrevista exclusiva después de que él exigiera que se emitiera completa y sin cortes. Sus acusaciones contra la Justicia brasileña son su versión y no fueron comprobadas.
El pedido de interpelación a Quirno
En la Argentina, los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón (Provincias Unidas) pidieron interpelar al canciller Pablo Quirno por el paso de Bolsonaro por Misiones. El proyecto de Juliano le formula 91 preguntas: si el Gobierno conocía las restricciones judiciales que pesaban sobre el senador, qué organismos intervinieron en los controles migratorios y aeroportuarios, si se usaron recursos públicos y por qué la Argentina no felicitó a Lula por su reelección. La presentación no implica que Quirno deba comparecer de manera automática.
“Creemos que hace falta poner un grado de información arriba de la mesa”, dijo Juliano en Splendid AM990, y cuestionó la política exterior de Javier Milei: “Esto es pegarle a tu vecino para favorecer a tu patrón”. Aclaró que, por ahora, no ve elementos para llevar el caso a la Justicia.
Dos causas, dos resultados
En Comodoro Py, el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, investiga una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios por presunto encubrimiento. Ochoa pidió informes a Migraciones y a Cancillería para determinar si las autoridades argentinas sabían que Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil, y se ordenó preservar las cámaras del aeropuerto de Puerto Iguazú y de la pista.
En Puerto Iguazú, en cambio, el fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez desestimó otra denuncia por inexistencia de delito, después de analizar informes de Migraciones e Interpol. El Gobierno dio el caso por cerrado mientras la Justicia federal porteña todavía espera la documentación y un asesor de la Casa Blanca admite que consiguió el avión.
Leé también: Un broker en Florida y 150.000 dólares: quién pagó el avión de Flávio Bolsonaro
Leé también: “No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda
Lo que tenés que saber:
- Trump dijo que Flávio Bolsonaro puede quedarse en Estados Unidos “todo el tiempo que quiera” y que no prevé reunirse con él.
- Entró con un permiso humanitario temporal; Rubio negó participación directa de Washington, pero Jason Miller, de la Casa Blanca, confirmó que consiguió el avión.
- El juez Moraes le había prohibido salir de Brasil y ordenado entregar los pasaportes.
- Los diputados Juliano y Paulón piden interpelar al canciller Quirno; el proyecto de Juliano plantea 91 preguntas.
- En Comodoro Py la fiscal Ochoa pidió informes; en Puerto Iguazú se desestimó una denuncia por inexistencia de delito.
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