Conectate con El Argentino

DDHH

Defendió a Mandela, acusó a Israel de genocidio y hoy es Nobel de la Paz: quién es Navi Pillay

La sudafricana que defendió a los presos políticos del apartheid, entre ellos Nelson Mandela, y que presidió la comisión de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza, fue distinguida con el Nobel de la Paz 2026. Donald Trump, que lo reclamaba a viva voz, se quedó afuera.

Publicado hace

#

El premio más simbólico del planeta fue a parar a manos de la mujer que se atrevió a ponerle nombre a lo que ocurre en la Franja de Gaza. El Comité Noruego del Nobel eligió como Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista que encabezó la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino. La decisión, conocida este viernes, llegó apenas horas después de que Donald Trump reclamara el galardón para sí mismo ante la prensa acreditada en la Casa Blanca.

La distinguida es la sudafricana Navanethem «Navi» Pillay, de 85 años, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Según anunció el propio Comité a través de su cuenta oficial, el premio le fue otorgado «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional», así como por su aporte a la construcción de un orden jurídico global y a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Un premio para el derecho internacional en tiempos de guerra

El Comité sostuvo que Pillay trabajó para exigir responsabilidades a los Estados y a sus líderes, y que su trayectoria brindó esperanza a las víctimas de la violencia y de los conflictos armados. A lo largo de su carrera, la jurista puso el foco en la obligación de individuos y Estados de respetar el Estado de derecho, sin excepciones para los poderosos.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, explicó el sentido de la elección: «Cada vez más conflictos se están abordando a través de la diplomacia, tratados y mecanismos legales, en lugar de amenazas, violencia y guerra. El derecho internacional es un fundamento para un mundo más pacífico».

Frydnes fue todavía más allá al describir el escenario global: «En un momento de desafíos existenciales (incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo), el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta«. La frase funciona como una respuesta directa a quienes pretenden reemplazar las normas internacionales por la ley del más fuerte.

Gaza: el informe que incomodó a las potencias

El dato que convierte este Nobel en un mensaje político de alto voltaje es su rol al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. En septiembre de 2025, ese organismo concluyó en un informe de 72 páginas que Israel cometió cuatro de los actos tipificados como genocidas por el derecho internacional desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza. Entre las pruebas, el panel citó la destrucción de una clínica de fertilidad como evidencia de medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo palestino.

En aquel momento, Pillay fue tajante: «La responsabilidad por estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de los más altos niveles, que orquestaron una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza». Israel rechazó de inmediato la conclusión, como hizo cada vez que un organismo o una figura pública utilizó ese término para describir su campaña militar.

Además, la jurista se desempeña en la causa que investiga a Myanmar por el genocidio contra la minoría rohingya ante la Corte Internacional de Justicia. Premiarla a ella es premiar exactamente aquello que Washington y Tel Aviv intentaron desacreditar durante años. Un mensaje que también interpela a los gobiernos que, como el de Javier Milei, se alinearon sin matices con la Casa Blanca y con el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Los premios que intentaron quitarle

El reconocimiento de Oslo contrasta con los obstáculos que Pillay enfrentó en los últimos años. En septiembre de 2022, la Asociación de Naciones Unidas de Alemania iba a entregarle la Medalla de la Paz Otto Hahn en una ceremonia en el Ayuntamiento Rojo de Berlín, pero la entonces alcaldesa Franziska Giffey suspendió el acto tras la presión del embajador israelí en Alemania, Ron Prosor. El diplomático llegó a declarar que «que Navi Pillay investigue a Israel es como pedirle a Putin que presida una comisión de investigación sobre Ucrania».

En octubre de 2023, la rama estadounidense de la Asociación de Derecho Internacional desvinculó de su conferencia anual el premio que iba a entregarle, después de que una treintena de organizaciones pidieran a los grandes estudios jurídicos retirar su patrocinio. La campaña de desprestigio no logró lo que buscaba: en 2025 recibió el Premio de la Paz de Sídney y hoy suma el Nobel.

De la trinchera contra el apartheid a los tribunales internacionales

Pillay se graduó en derecho en 1965 en la Universidad de Natal y empezó a trabajar junto al abogado N.T. Naicker, integrante del Congreso Nacional Africano (CNA), quien estaba bajo arresto domiciliario. En 1967, con apenas 26 años, abrió su propio estudio y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. Según recordó ella misma, ningún bufete quería contratarla porque «no aceptaban que empleados blancos recibieran instrucciones de una persona de color».

Durante 28 años defendió a militantes antiapartheid del CNA, del Movimiento de Conciencia Negra y de otras organizaciones, y denunció la tortura contra presos políticos. En 1971 obtuvo una medida judicial para impedir que la policía aplicara métodos ilegales de interrogatorio a su propio esposo, detenido bajo la Ley Antiterrorista. Dos años después logró que los presos políticos de la isla Robben, entre ellos Nelson Mandela, tuvieran derecho a asistencia letrada.

En 1988 se doctoró en ciencias jurídicas en Harvard, la primera sudafricana en lograrlo en esa facultad. Más tarde integró y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde formó parte del tribunal que en la causa Akayesu reconoció por primera vez la violación como un acto de genocidio, un hito para los derechos de las mujeres en el derecho penal internacional. Luego fue jueza de la Corte Penal Internacional, antes de asumir como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Trump, el gran perdedor de la jornada

La víspera del anuncio, el presidente de Estados Unidos insistió en que merecía el premio. «Nunca ha habido nadie en la historia del Premio Nobel que lo merezca más. Resolví ocho guerras. Detuve la destrucción total del mundo», aseguró Trump ante los periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario evocó además a la venezolana María Corina Machado, galardonada en 2025: «La última vez se lo dieron a una joven, que era una persona fabulosa. Y ella dijo que no lo merecía, que yo lo merecía. Y me lo dio». Aun así, admitió que el Comité difícilmente lo elegiría. La distancia entre el presidente que exige medallas y la jueza que exige rendición de cuentas a los poderosos resume el mensaje de Oslo.

Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas