Energía
“YPF no se vende”: Kicillof responde al fallo que exige entregar el 51% de la petrolera a los fondos buitres
La jueza Preska ordenó a la Argentina ceder el control de la petrolera estatal a fondos buitre por US$ 16.100 millones y el gobernador bonaerense acusó al Gobierno libertario de complicidad con intereses extranjeros y anunció conferencia de prensa.
La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012. El dictamen establece que el Estado argentino deberá depositar las acciones de clase D YPF en una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon Corporation en los siguientes 14 días a la fecha de la orden.
La decisión judicial reavivó el enfrentamiento político entre el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente Javier Milei, con acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad del fallo y el futuro de la empresa estratégica.

Kicillof acusa al gobierno de «complicidad»
A través de una extensa publicación en X, Kicillof responsabilizó directamente al presidente por el fallo adverso. «Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger», escribió el mandatario bonaerense.
El gobernador vinculó la decisión judicial con la política exterior del gobierno actual: «No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…»
El streaming y el mameluco: simbolismo político
Kicillof hizo referencia a la aparición de Milei en un streaming solidario el domingo por la noche, donde el presidente se mostró vestido con un mameluco de YPF —una prenda que, según él, usa habitualmente para pasar tiempo con sus mascotas—. «Casualmente anoche, el Presidente estuvo varias horas paveando en una canal de streaming disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar y cuya importancia estratégica ignora completamente», señaló el gobernador.
Durante la entrevista, realizada en el estudio ubicado en Gorriti, Palermo, el primer mandatario se mostró vestido con su clásico mameluco de YPF, acompañado por su hermana Karina y su perro Conan en una transmisión para recaudar fondos para refugios de animales.
Los fondos involucrados y el monto en disputa
La Justicia de los Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización por US$ 16 mil millones por la estatización de la empresa. Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford y Eton Capital, que representan a los ex accionistas de Repsol tras la nacionalización de 2012.
El impacto inmediato se sintió en los mercados: las acciones de YPF llegaron a caer 8% en Wall Street después del fallo adverso en los EEUU.
Antecedentes del conflicto judicial
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló a favor de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park y determinó que el monto de compensación por la expropiación de YPF que se produjo en 2012 es de US$16 mil millones de dólares en septiembre de 2023.
En marzo de 2023, la jueza Preska ordenó el embargo de activos argentinos por el monto de 95,8 millones de dólares en favor de Bainbridge, antecedente de la escalada judicial actual.
La defensa de la nacionalización
Kicillof reivindicó la decisión histórica de nacionalizar YPF: «Recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el Gobierno de @CFKArgentina (Cristina Fernández de Kirchner) y respaldada en el Congreso por casi todas las fuerzas políticas.»
El gobernador argumentó sobre los resultados de la estatización: «Desde su recuperación, la empresa volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo. Vaca Muerta se convirtió en un potencial que todos reconocen porque se recuperó YPF. Sobre todo, YPF volvió a estar al servicio del desarrollo nacional.»
Conferencia de prensa y escalada política
Ante la gravedad del fallo, Kicillof anunció: «En virtud de la gravedad de tal riesgo, mañana realizaré una conferencia de prensa a las 18 horas. Está, otra vez, en peligro un factor crucial para el futuro de nuestro país.»
El gobernador también denunció intenciones privatizadoras: «Al respecto, su candidato en la Provincia lo acaba de confesar sin disimulo: aspiran a privatizar YPF», en referencia al espacio político oficialista en Buenos Aires.
Respuesta del gobierno nacional
El Gobierno libertario, por su parte, anunció que apelará la decisión judicial, según confirmaron fuentes oficiales. Además, Javier Milei, en modo campaña electoral, aseguró que la medida del tribunal internacional “es culpa” del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, invirtiendo las acusaciones.
Perspectivas del conflicto
Es evidente que el país no lo hará voluntariamente, y presentará una nueva apelación, señalaron analistas consultados. La batalla legal promete extenderse mientras el conflicto político interno se intensifica.
La disputa trasciende lo judicial para convertirse en un enfrentamiento sobre el modelo energético argentino y el rol del Estado en sectores estratégicos, con YPF como símbolo de soberanía económica en el centro del debate.
Puntos Clave:
- La jueza Loretta Preska ordenó entregar el 51% de YPF a fondos buitre en 14 días por US$ 16.100 millones
- Kicillof acusó a Milei de complicidad con intereses extranjeros y anunció conferencia de prensa
- Las acciones de YPF cayeron 8% en Wall Street tras conocerse el fallo judicial
- Argentina apelará la decisión mientras el conflicto político se intensifica
- El caso se origina en la nacionalización de YPF realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner
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Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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