Soberanía energética
El dilema jurídico detrás del caso YPF: por qué el fallo Preska choca con la Constitución argentina
La Carta Magna argentina exige aprobación de dos tercios del Congreso para transferir acciones, lo que complica la orden judicial. Sin embargo, Preska rechazó la inmunidad soberana argentina al considerar que existía actividad comercial.
Estatuto de YPF vs Estatuto Nacional
El estatuto social de YPF exige que, ante la adquisición del control, se ofrezca una oferta pública de compra («takeover bid») a todos los accionistas, con condiciones iguales. En 2012, durante la expropiación, el Estado omitió ese proceso formal. La jueza Preska consideró que ese incumplimiento violó los estatutos y vulneró derechos de los accionistas minoritarios, lo que habilita la acción legal en EEUU.
Limitaciones de la Constitución argentina
Según la Constitución nacional, la transferencia de acciones de YPF —contrario al fallo— solo se puede realizar con aprobación del Congreso por dos tercios. Argentina argumenta que, sin esa autorización, la orden judicial es nula en su territorio, y que la medida contraviene la soberanía jurídica. Ese argumento sigue vigente como línea de defensa en la apelación.
Inmunidad soberana y excepción comercial
Argentina invocó la inmunidad soberana bajo el “Foreign Sovereign Immunities Act” (FSIA) de EEUU, alegando que las acciones de YPF no podían embargarse. Pero Preska desestimó ese argumento, basándose en la estampilla inglesa “excepción por actividad comercial”: el Estado actúa como accionista, no como Estado soberano. Además rechazó el principio de «comity» (reciprocidad jurídica).
La jueza Loretta Preska y su rol en los fallos contra Argentina
Trayectoria y enfoque
Loretta Preska es jueza del Distrito Sur de Nueva York, designada por George H. W. Bush en 1992. Presta atención particular a los derechos de los inversores y al cumplimiento de estatutos y normas de mercados, lo que explica su énfasis en la protección a inversores minoritarios.
Fallo de septiembre de 2023
En ese fallo original, la jueza ya había dictaminado que la expropiación en 2012 debía haber incluido una oferta pública, y responsabilizó a la Argentina por daños por US$ 16.000 millones —sumando US$ 14.400 M a Petersen y US$ 1.700 M a Eton Park, más intereses.
Fallo del 30 de junio de 2025
En este nuevo dictamen, Preska reforzó su posición: no solo exigió el pago, sino también ordenó la transferencia del 51% de las acciones en un plazo legal breve (14 días), con custodia de BNY Mellon. Esto representa el primer caso en el que un tribunal estadounidense ordena al Estado entregar activos estatales en otro país.
Implicancias y próximos pasos
- Desafío constitucional: Argentina apelará este fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y, eventualmente, ante la Corte Suprema de EEUU. La estrategia se basa en que la orden viola normas nacionales y no respeta la división de poderes ni la soberanía legislativa.
- Riesgos económicos: El fallo amenaza con paralizar la reestructuración y financiación de YPF, clave para desarrollar Vaca Muerta. También complica la confianza de inversores y el acceso a financiamiento externo.
- Presión política interna: Milei presenta el giro judicial como una «oportunidad» para responsabilizar al kirchnerismo. Kicillof ya devolvió el ataque al calificar el fallo como “legal absurdo e intolerable” y denunciar complicidades.
Puntos clave
- La disputa gira en torno a la violación de estatutos corporativos de YPF, que obligan a realizar una oferta a todos los accionistas, según Preska.
- La Constitución exige aprobación del Congreso para transferir acciones, lo que complica la orden judicial.
- Preska rechazó la inmunidad soberana argentina al considerar que la actividad era comercial.
- Loretta Preska ya falló en 2023 y ahora ordenó la entrega de acciones en EEUU, un suceso judicial sin precedentes.
- Argentina apelará en EEUU, mientras el fallo genera impacto político y económico en el país.
Catamarca
El triángulo del litio y la trampa libertaria: Milei celebra una planta coreana mientras se fugan recursos estratégicos
Karina Milei y Diego Santilli participaron de la apertura de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Con capacidad para 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la iniciativa está en manos de la empresa surcoreana POSCO y plantea interrogantes sobre el modelo de extracción y el destino de las ganancias.
El Salar del Hombre Muerto, en La Puna catamarqueña, fue el escenario elegido este martes por el Gobierno nacional para mostrar músculo en materia de inversiones. La Planta II del Proyecto Sal de Oro, propiedad de la empresa surcoreana POSCO Argentina, comenzó formalmente sus operaciones con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, sin que el acto oficial respondiera a la pregunta que más incomoda al modelo libertario: ¿cuánto de esa riqueza estratégica queda en el país?
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron el acto junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew. Durante el acto se firmó además un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, que permitirían llevar la producción total a 100.000 toneladas anuales de productos de litio.
Un triángulo del litio que beneficia al exterior
Argentina integra junto a Bolivia y Chile el llamado «triángulo del litio», la zona con las mayores reservas del mineral en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la cadena de valor, el procesamiento, la fabricación de baterías y la captura de utilidades, se produce en el exterior. El modelo que el Gobierno de Milei profundiza es el de un país proveedor de materia prima con valor agregado mínimo, mientras las ganancias del negocio fluyen hacia capitales extranjeros. POSCO Holdings, el holding surcoreano que controla el proyecto, cotiza en las bolsas de Seúl y Nueva York; sus accionistas son los que se llevan la mayor porción de las rentas generadas en el Salar del Hombre Muerto.
La planta ya existente en el yacimiento, de hidróxido de litio, opera con una capacidad de 25.000 toneladas anuales. Con la Planta II de carbonato de litio en funcionamiento, la capacidad instalada trepa a 48.000 toneladas, con proyección de más que duplicarse una vez concretadas las etapas siguientes. El inicio de la operación comercial de la nueva planta estará acompañado por un período de aumento gradual durante 2027, mediante el cual POSCO llevará progresivamente las instalaciones hacia su capacidad de diseño.
5.000 puestos de trabajo y 270 proveedores locales: el escaparate social del acto
El Gobierno y la empresa destacaron que el Proyecto Sal de Oro contribuyó a la generación de más de 5.000 puestos de trabajo, incluidos más de 600 empleos directos en POSCO Argentina. La compañía trabaja junto a más de 270 proveedores locales y desarrolla iniciativas dirigidas a las comunidades locales y originarias de la región, entre ellas programas de capacitación en oficios, becas educativas, asistencia médica, visitas educativas y acciones de desarrollo comunitario. Estos datos, aunque reales, no alcanzan para responder si el esquema de explotación garantiza una distribución equitativa de los beneficios entre los pueblos que habitan esas tierras y el Estado argentino, una discusión que el acto inaugural eligió eludir.
Soberanía energética sin soberanía sobre los recursos
La presencia de Karina Milei en la Puna contrasta con la postura que La Libertad Avanza sostuvo históricamente sobre el rol del Estado en la economía. El mismo gobierno que desfinancia YPF, avanza sobre Nucleoeléctrica y apuesta por la privatización como dogma, celebra hoy la llegada de capitales extranjeros a uno de los recursos más estratégicos del país sin exigir participación estatal significativa en el negocio. La soberanía sobre el litio, en este esquema, queda reducida a la potestad de cobrar regalías y exhibir inauguraciones.
POSCO Argentina está presente en el país desde 2018 y desarrolla el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. El BID participa como financiador del proyecto a través de su División de Operaciones Industriales, lo que refuerza el esquema de endeudamiento y dependencia financiera que caracteriza a este tipo de emprendimientos mineros en la región.
Lo que tenés que saber
- La Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), fue inaugurada este martes con una capacidad de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
- Karina Milei y Diego Santilli encabezaron el acto junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.
- Se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto, con proyección de llegar a 100.000 toneladas anuales de producción total.
- El proyecto está en manos de la empresa surcoreana POSCO Argentina, presente en el país desde 2018, y cuenta con financiamiento del BID.
- El modelo de explotación no contempla participación estatal significativa en las ganancias del negocio, en línea con la política de desregulación del Gobierno de Milei.
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