Soberanía energética
El dilema jurídico detrás del caso YPF: por qué el fallo Preska choca con la Constitución argentina
La Carta Magna argentina exige aprobación de dos tercios del Congreso para transferir acciones, lo que complica la orden judicial. Sin embargo, Preska rechazó la inmunidad soberana argentina al considerar que existía actividad comercial.
Estatuto de YPF vs Estatuto Nacional
El estatuto social de YPF exige que, ante la adquisición del control, se ofrezca una oferta pública de compra («takeover bid») a todos los accionistas, con condiciones iguales. En 2012, durante la expropiación, el Estado omitió ese proceso formal. La jueza Preska consideró que ese incumplimiento violó los estatutos y vulneró derechos de los accionistas minoritarios, lo que habilita la acción legal en EEUU.
Limitaciones de la Constitución argentina
Según la Constitución nacional, la transferencia de acciones de YPF —contrario al fallo— solo se puede realizar con aprobación del Congreso por dos tercios. Argentina argumenta que, sin esa autorización, la orden judicial es nula en su territorio, y que la medida contraviene la soberanía jurídica. Ese argumento sigue vigente como línea de defensa en la apelación.
Inmunidad soberana y excepción comercial
Argentina invocó la inmunidad soberana bajo el “Foreign Sovereign Immunities Act” (FSIA) de EEUU, alegando que las acciones de YPF no podían embargarse. Pero Preska desestimó ese argumento, basándose en la estampilla inglesa “excepción por actividad comercial”: el Estado actúa como accionista, no como Estado soberano. Además rechazó el principio de «comity» (reciprocidad jurídica).
La jueza Loretta Preska y su rol en los fallos contra Argentina
Trayectoria y enfoque
Loretta Preska es jueza del Distrito Sur de Nueva York, designada por George H. W. Bush en 1992. Presta atención particular a los derechos de los inversores y al cumplimiento de estatutos y normas de mercados, lo que explica su énfasis en la protección a inversores minoritarios.
Fallo de septiembre de 2023
En ese fallo original, la jueza ya había dictaminado que la expropiación en 2012 debía haber incluido una oferta pública, y responsabilizó a la Argentina por daños por US$ 16.000 millones —sumando US$ 14.400 M a Petersen y US$ 1.700 M a Eton Park, más intereses.
Fallo del 30 de junio de 2025
En este nuevo dictamen, Preska reforzó su posición: no solo exigió el pago, sino también ordenó la transferencia del 51% de las acciones en un plazo legal breve (14 días), con custodia de BNY Mellon. Esto representa el primer caso en el que un tribunal estadounidense ordena al Estado entregar activos estatales en otro país.
Implicancias y próximos pasos
- Desafío constitucional: Argentina apelará este fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y, eventualmente, ante la Corte Suprema de EEUU. La estrategia se basa en que la orden viola normas nacionales y no respeta la división de poderes ni la soberanía legislativa.
- Riesgos económicos: El fallo amenaza con paralizar la reestructuración y financiación de YPF, clave para desarrollar Vaca Muerta. También complica la confianza de inversores y el acceso a financiamiento externo.
- Presión política interna: Milei presenta el giro judicial como una «oportunidad» para responsabilizar al kirchnerismo. Kicillof ya devolvió el ataque al calificar el fallo como “legal absurdo e intolerable” y denunciar complicidades.
Puntos clave
- La disputa gira en torno a la violación de estatutos corporativos de YPF, que obligan a realizar una oferta a todos los accionistas, según Preska.
- La Constitución exige aprobación del Congreso para transferir acciones, lo que complica la orden judicial.
- Preska rechazó la inmunidad soberana argentina al considerar que la actividad era comercial.
- Loretta Preska ya falló en 2023 y ahora ordenó la entrega de acciones en EEUU, un suceso judicial sin precedentes.
- Argentina apelará en EEUU, mientras el fallo genera impacto político y económico en el país.
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Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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