El ajuste que no aparece en los discursos: cómo el gobierno Milei estrangula las provincias opositoras

★ El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó este miércoles que la provincia volverá a emitir los denominados «chachos», la cuasimoneda provincial apodada así en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza, para financiar futuros aumentos salariales de los trabajadores estatales. La medida llega en un contexto de marcada restricción presupuestaria y luego de que la Nación no efectivizara el adelanto de coparticipación de $85.000 millones que el distrito reclamaba desde abril.

El BOCADE regresa: historia y contexto de una herramienta de emergencia

Los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente conocidos como «chachos», fueron aprobados por la legislatura riojana en enero de 2024, por un monto de $22.500 millones, y comenzaron a circular el 1 de julio de ese año como mecanismo de emergencia ante las tensiones financieras que ya entonces afectaban a la provincia. La primera emisión tuvo como plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024, tras lo cual fue retirada de circulación.

Según explicó el propio Quintela, los bonos podrían comenzar a utilizarse para complementar los haberes de julio, que se percibirán en agosto. «Tenían un plazo de vencimiento el 31 de diciembre de 2024. Y ahora van a volver», señaló el mandatario, al tiempo que precisó que el objetivo es que «pierdan lo menos posible el poder adquisitivo». Sobre el aguinaldo, aclaró que no será alcanzado por la cuasimoneda: «Para el aguinaldo no, tal vez se pueda utilizar para un incremento».

La reaparición del instrumento pone de manifiesto las profundas dificultades financieras que enfrenta la provincia, agravadas por lo que el propio gobierno riojano califica como una retención irregular de fondos por parte de la administración Milei. Según el secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, el 98% de las transferencias extracoparticipables dejaron de enviarse desde que asumió el gobierno libertario, lo que representa una deuda histórica que, según estimaciones provinciales, supera los $265.000 millones.

El nudo financiero: fondos retenidos y el adelanto que no llegó

El anuncio se produce luego de semanas de gestiones frustradas. En abril de 2026, el Gobierno nacional formalizó mediante el Decreto 219/2026 el otorgamiento de adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para doce provincias, entre ellas La Rioja. Sin embargo, mientras que otros distritos como Mendoza ya recibieron desembolsos concretos (un anticipo de $325.000 millones en tres cuotas), la provincia riojana sigue esperando los $85.000 millones que solicitó formalmente al Ministerio del Interior.

El ministro de Hacienda provincial, Fabián Blanco, fue terminante al desestimar cualquier lectura benevolente de la situación: los fondos solicitados no son recursos extraordinarios ni gestos de diálogo, sino plata propia de la provincia que se devuelve con intereses al 15% nominal anual.

El destino concreto, precisó, era garantizar el aguinaldo de julio y «desinflar la deuda flotante» acumulada con proveedores que no cobran en tiempo y forma desde hace meses. La demora en el desembolso, en ese marco, adquiere un cariz político que el propio Herrera no quiso descartar al señalar que confiaba en que «esto no se ha teñido de alguna cuestión política».

La situación riojana no es aislada. Fuentes vinculadas al análisis fiscal provincial advierten que al menos diez provincias atraviesan tensiones similares de liquidez, producto de la combinación entre caída de la recaudación, aumento del gasto en salarios por inflación y la política de ajuste de transferencias del gobierno nacional.

El cruce con Caputo: del RIGI a las amenazas cruzadas

El anuncio de Quintela sobre los «chachos» se produjo en el marco de una entrevista más amplia en la que el gobernador apuntó sin eufemismos contra el ministro de Economía, Luis Caputo. «Lo único que conoce es la política de beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero», disparó Quintela, al tiempo que cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como «una entrega total de nuestros recursos».

Sobre un eventual retorno del peronismo al poder, advirtió: «Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado».

La respuesta de Caputo no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda respondió con descalificaciones directas, calificó a Quintela de «matón de barrio» y redobló el argumento de siempre: la situación de La Rioja es culpa del propio gobernador por no adherir al RIGI. «Por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios», sostuvo Caputo, quien también volvió a traer a colación referencias a su familia en relación con el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022.

Quintela respondió a su vez con una nueva publicación en la que rechazó las acusaciones: «Los tipos que hundieron y vendieron al país cada vez que tuvieron oportunidad siguen queriendo mentir y manipular la realidad. Y claro que los vamos a investigar, como corresponde».

El cruce ilustra con precisión el estado de la relación entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores opositores: una guerra de posiciones donde el ajuste fiscal funciona simultáneamente como instrumento económico y como herramienta de presión política sobre los distritos díscolos.

El RIGI como condición política encubierta

La insistencia de Caputo sobre el RIGI como solución para los problemas financieros de La Rioja merece una lectura crítica. La negativa de Quintela a adherir al régimen no responde a un capricho ideológico sino a una evaluación concreta de sus condiciones: el RIGI otorga a los grandes inversores privados ventajas impositivas extraordinarias, estabilidad fiscal por 30 años, libre disponibilidad de divisas y protección frente a cambios regulatorios futuros. En la práctica, como señaló el propio Quintela, implica resignar soberanía sobre los recursos estratégicos del territorio durante décadas, a cambio de inversiones cuyo derrame efectivo sobre la economía local es, cuando menos, incierto.

Encuadrar el regreso de los «chachos» como consecuencia del voluntarismo político del gobernador riojano y no como efecto directo del estrangulamiento fiscal que ejerce el gobierno nacional equivale a invertir la cadena causal. La provincia está incluida en el decreto que habilita los adelantos y aun así no recibió los fondos. La retención tiene nombre y dirección.

Puntos clave

• La Rioja volverá a emitir los BOCADE («chachos») para financiar aumentos salariales de los empleados estatales a partir de agosto.
• El Gobierno provincial aguarda sin respuesta los $85.000 millones solicitados como adelanto de coparticipación al amparo del Decreto 219/2026.
• La primera emisión de los «chachos» data de enero de 2024; su vencimiento original fue el 31 de diciembre de ese año.
• Quintela anunció que investigará la gestión de Caputo si el peronismo regresa al poder; el ministro respondió calificándolo de «matón de barrio».
• El cruce reactualiza el conflicto estructural entre el ajuste fiscal nacional y las finanzas provinciales, con el RIGI como eje del debate.