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Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.

Desregulación

La motosierra dejó 68.561 estatales en la calle y hoy llegó a la CNEA

En dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del CEPA. El dato se conoce horas después de que ATE ocupara la sede de la CNEA por la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

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ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

En dos años y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del INDEC. El dato se conoció horas después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupara la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en rechazo a la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

Según el informe titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, correspondiente a abril de 2026 y publicado el 31 de mayo por el CEPA en base a estadísticas oficiales del INDEC, la planta total de la Administración Pública Nacional (APN) y de las empresas y sociedades del Estado se redujo en 68.561 puestos entre diciembre de 2023 y abril de 2026; es decir, 75 personas despedidas o no renovadas por día desde que el actual Presidente asumió el cargo. La dotación total se ubicó, según el propio INDEC, en 274.793 personas.

El derrumbe, sector por sector

El recorte no impactó de manera pareja en toda la estructura estatal. En términos absolutos, la administración descentralizada (organismos con autonomía técnica, administrativa y financiera) concentró la mayor pérdida de puestos, con 23.511 empleos menos (caída del 17,19%). Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 22.237 bajas (20,17%), y la administración centralizada, que perdió 17.176 cargos (30,75%), el porcentaje más alto de toda la administración pública. La administración desconcentrada restó 3.914 puestos (15,70%) y los “otros entes” perdieron 1.722 (11,08%).

Correo Argentino, a la cabeza del ranking de despidos

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza el ranking con 5.449 despidos, según el CEPA, lo que compromete funciones como la distribución de documentos de identidad, medicamentos y materiales educativos en zonas donde no llegan los operadores privados. Le siguen el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en momentos en que el Gobierno avanza con su plan de privatización de la entidad, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 bajas. La Casa de Moneda perdió 715 puestos (una caída proporcional del 51% de su dotación), mientras que la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística sumaron 638 y 594 desvinculaciones respectivamente. En Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores, lo que el CEPA describe como un golpe directo a la capacidad del Estado de producir material militar.

El ajuste también golpeó a la ciencia y la fiscalización

Dentro de la Administración Pública Nacional, el organismo con más bajas nominales fue ARCA (ex AFIP), con 3.398 puestos eliminados, lo que el informe vincula con un debilitamiento de la capacidad de fiscalización y recaudación del Estado. El CONICET perdió 1.953 trabajadores entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, y el ANSES, 1.844 agentes. También sufrieron recortes significativos la Dirección Nacional de Vialidad (1.436 puestos), los Estados Mayores de la Armada (1.374), el Ejército (964) y la Fuerza Aérea (780), el ENACOM (881), el INTI (833) y el INTA (824).

La jornada de hoy: ATE ocupó la CNEA

El informe del CEPA se conoció horas después de que estallara un nuevo foco de conflicto en el sector científico y tecnológico estatal. Este martes, la CNEA notificó a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que no renovaría los contratos a plazo fijo que vencían el 30 de junio, lo que afectó, según la denuncia de los gremios, a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, varios de ellos con más de diez años de antigüedad en el organismo. La comunicación llevó la firma de Alejandro Lemos, gerente de Recursos Humanos de la CNEA.

En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió ocupar pacíficamente la sede central del organismo, en la avenida del Libertador, en reclamo por la reincorporación de los despedidos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la medida del Gobierno como un intento de “vaciar” la CNEA y desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta retención del presidente del organismo, Martín Porro, a quien describió como “atrincherado por decisión propia”. Los gremios advirtieron que los despidos afectan áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino, como el reactor multipropósito RA10 y el desarrollo del reactor CAREM.

Un Estado que se repliega

El informe del CEPA concluye que el proceso de ajuste no responde a una lógica de modernización administrativa, sino a una reducción cuantitativa y sostenida que, mes a mes, debilitó la capacidad operativa del Estado en áreas tan diversas como la ciencia, la fiscalización tributaria, la seguridad social, la producción de contenidos públicos y la conectividad territorial. El caso más extremo en términos proporcionales sigue siendo el de la ex Télam (hoy Agencia de Publicidad del Estado), con una caída del 78,8% de su personal, que la dejó en una situación de virtual extinción operativa.

Puntos clave

  • El Sector Público Nacional perdió 68.561 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y abril de 2026, una caída del 20%, según el CEPA.
  • El Correo Argentino lidera el ranking de despidos con 5.449 bajas, seguido por el Banco Nación (2.368) y Aerolíneas Argentinas (1.983).
  • ARCA, CONICET y ANSES encabezan los recortes dentro de la Administración Pública Nacional, con 3.398, 1.953 y 1.844 puestos eliminados respectivamente.
  • Este martes, ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
  • La ex Télam, hoy Agencia de Publicidad del Estado, registra el recorte proporcional más severo, con una caída del 78,8% de su personal.
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