Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
Desregulación
La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado
Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.
Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.
Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.
Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.
Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.
La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».
Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio
La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.
Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.
A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.
La producción en caída libre: 34% menos que en 2023
Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.
La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.
El reclamo: que se cumpla la ley
La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.
Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.
Puntos clave
- Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
- La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
- La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
- La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
- Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.
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