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Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.

Desregulación

La motosierra de Sturzenegger no se apaga: el Gobierno planifica una nueva ola de despidos en el Estado

El ministro de Desregulación recorre ministerio por ministerio para determinar nuevos recortes de personal en la segunda mitad del año. Los sindicatos ATE y UPCN advierten sobre el deterioro salarial y amenazan con conflictividad.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.
Funcionarios del propio gobierno expresaron dudas sobre el impacto de una ola de despidos en la administración.

Sturzenegger recorre ministerios para planificar nuevos despidos en el Estado en el segundo semestre

★ La administración de Javier Milei prepara una nueva ronda de despidos en el sector público. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantiene activa la denominada «motosierra» y ejecuta un relevamiento sistemático de la planta de personal en todas las carteras del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de profundizar el ajuste en la segunda mitad del año.

En las últimas semanas, funcionarios del área de Sturzenegger, ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, recorrieron distintos ministerios para relevar dotaciones, funciones y eventuales duplicaciones de tareas. El criterio rector es determinar si las mismas funciones pueden cumplirse con menos trabajadores.

El mensaje que llega a cada ministerio

La señal que transmiten los enviados de Sturzenegger es unívoca. «Cada vez que gente de Sturzenegger aparece por las oficinas, se deja bien en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad de año, en lo posible en cada área estatal», reveló una fuente de alto rango. Desde las propias filas del gobierno libertario, no todos comparten el optimismo oficial: algunos funcionarios advierten que la eliminación masiva de empleados podría generar dificultades concretas en la gestión administrativa del Estado.

ATE promete conflicto abierto

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que resistirá la avanzada. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, fue contundente: «No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar». Aguiar también exigió la reapertura inmediata de las paritarias del sector. «Si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado», advirtió.

UPCN: preocupación sin definición táctica

En la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, la preocupación es palpable aunque la organización aún no definió medidas de fuerza. «Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional», señalaron desde el sindicato.

Los dirigentes de UPCN denunciaron que el Ejecutivo desvinculó a trabajadores con más de diez años de antigüedad, «muy formados y muy preparados», que incluso aprobaron el examen de idoneidad impuesto por el propio gobierno con un índice de aprobación del 95 por ciento. «Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa», señalaron.

La posición del gremio apunta a una distinción que el discurso oficial sistemáticamente evita: «El Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado», concluyeron.

El ajuste como política estructural

El plan de nuevos despidos se inscribe en un proceso de reducción del empleo público que lleva más de dos años. Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Milei recortó los salarios reales de los trabajadores estatales en torno al 29 por ciento, según datos del Foro Economía y Trabajo, y redujo el gasto primario total en un 31 por ciento acumulado. La política de ajuste responde a las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025 por USD 20.000 millones, cuya segunda revisión fue aprobada en abril de 2026.

La perspectiva de una nueva oleada de cesantías en el Estado agudiza la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos del sector, en un contexto en que los ingresos de los trabajadores estatales aún no recuperaron el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la gestión libertaria.

Puntos clave:

  • El ministerio de Sturzenegger recorre carteras para relevar personal y planificar nuevos despidos para el segundo semestre de 2026.
  • Funcionarios del propio gobierno expresaron dudas sobre el impacto en la gestión administrativa.
  • ATE anunció confrontación abierta y exigió la reapertura inmediata de paritarias.
  • UPCN advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad y aun así los despidos continúan.
  • Los recortes se ejecutan en el marco de las metas fiscales acordadas con el FMI.
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