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Récord histórico de quiebras: el industricidio de Milei ya supera al menemismo, al macrismo y la pandemia
En la mitad del año 2026 ya se registraron 132 concursos preventivos de pymes formales, casi el 70% de los 190 que hubo en todo 2025. Consultoras privadas proyectan el cierre de 3.070 industrias y la destrucción de 105.000 empleos directos e indirectos antes de que termine el año. Entidades empresariales advierten sobre una ruptura virtual de la cadena de pagos y piden una ley de emergencia productiva al Congreso.
La industria argentina atraviesa un proceso de destrucción sin precedentes históricos. Los datos oficiales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirman que solo hasta junio de 2026 se presentaron 132 empresas formalmente constituidas en concurso preventivo, cuando en todo 2025 la cifra había llegado a 190, y en 2020, el año pico de la pandemia de Covid-19, solo 106 firmas habían llegado a esa instancia. El «industricidio» que la Unión Industrial Argentina (UIA) denunció durante la gestión de Cambiemos tiene hoy un sucesor con números aún peores: el de la era libertaria de Javier Milei.
La quiebra como destino: los números que rompen todos los récords
El relevamiento del titular del Departamento Tributario de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Germán Pizzano, pone en perspectiva judicial lo que las cámaras sectoriales describían en términos productivos. En 2023 se iniciaron 82 concursos preventivos; en 2025 la cifra trepó a 190, un aumento del 131,71%. Solo en el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron 92 procesos, una cadencia que, extrapolada al año completo, proyecta una cifra sin antecedentes en la historia económica argentina reciente.
Para Pizzano, la coyuntura no es coyuntural: es estructural. «La crisis pyme ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales», advirtió. El abogado del IPA señaló que el aumento de los concursos preventivos «muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial» y reclamó al Congreso la sanción urgente de una legislación de emergencia económica y productiva que permita suspender ejecuciones judiciales, facilitar acuerdos preventivos y extender los plazos concursales. «El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de Emergencia», sentenció.
CAME al Congreso: suspender las ejecuciones o cerrar la persiana
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) trasladó la urgencia al ámbito legislativo. Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, confirmó que las ejecuciones y embargos de ARCA se convirtieron en el «problema número uno de las pymes». Con la fuerte caída de las ventas, las empresas no logran cubrir los impuestos corrientes ni los planes de pago; cuando esos planes caen, la deuda se retrotrae a «montos siderales imposibles de afrontar», lo que desata los embargos.
Ante ese cuadro, CAME envió una carta a los presidentes de bloque del Congreso para reclamar la incorporación de un capítulo a la Ley de Inocencia Fiscal que suspenda temporalmente las ejecuciones, cree un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas con condonación del 50% de los intereses devengados, y fije una tasa de financiación del 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. La entidad también alertó sobre un aumento interanual del 25% en el rechazo de cheques sin fondos, un dato que anticipa el agravamiento del cuadro.
Un importante referente industrial de Santa Fe, uno de los epicentros fabriles del país, graficó la asfixia en términos concretos: «Aproximadamente el 70% de las pymes de la región hace varios meses que no llega al punto de equilibrio». En reserva de identidad, advirtió que la cadena de pagos «se está aletargando mucho, con plazos de más de 120 días», lo que dispara los costos financieros en un contexto donde además «está difícil obtener los cheques». Y añadió, con indignación, que la instrucción que reciben las delegaciones de ARCA es clara: «Hay que recaudar, no importa la situación». Esta intransigencia fiscal activa ejecuciones a los 60 días de mora. «Hacen el blanqueo más grande sin importar de dónde viene la plata y a pymes de 30 o 50 años con aporte las ejecutan a 60 días», lamentó.
El textil, caso testigo: lo mejor del sector es lo que peor está
El sector textil concentra algunos de los datos más dramáticos de la crisis. La Fundación ProTejer confirmó en su último informe que en mayo de 2026 la industria textil operó con más de seis de cada diez máquinas apagadas. La producción se desplomó un 26,2% interanual en ese mes. El mercado interno, históricamente abastecido en partes iguales entre bienes locales e importados, hoy está capturado en un 70% por las importaciones.
Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) avalan el desangre: entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la cadena textil, indumentaria y calzado perdió 942 establecimientos y lideró el ranking de despidos relativos de la economía con un colapso del 21% de su plantilla laboral. Una fuente empresarial del sector, en reserva de identidad, fue contundente: «Lo mejor del sector son los que peor están. El que tiene mejor tecnología, el que tiene más gente capacitada, el que tiene más trayectoria. Todos esos son los que peor están.»
Los plazos de cobro en indumentaria se extendieron hasta los 180 días, lo que equivale a cobrar a contratemporada. «Cobrás la temporada de verano en el invierno y la del invierno en el verano. No tenés cómo ni siquiera reponer el capital de trabajo», explicó la fuente. A eso se suma el regreso del fantasma del cheque rebotado: «Clientes históricos te dicen: ‘no deposites el cheque porque te viene para atrás'». Las pymes quedan así catalogadas como «la mancha venenosa» en el sistema bancario y se ven marginadas del crédito.
3.070 fábricas y 105.000 empleos: la proyección para el cierre del año
El economista Diego Coatz, al frente de la consultora I+D y ex UIA, elaboró un relevamiento que anticipa la magnitud del daño para todo 2026. Siete de las doce principales cadenas industriales operan con cerca de un 40% de capacidad ociosa. Coatz describió lo que ocurre como «un proceso de destrucción regresiva del entramado productivo, con menos empresas, menor capacidad de inversión y mayor pérdida de empleo y conocimiento industrial». Según sus proyecciones, el año culminará con la pérdida de 3.070 empresas industriales y la destrucción de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos. «La capacidad ociosa prolongada deja de ser solamente un indicador de actividad: comienza a traducirse en pérdida de empresas, proveedores, empleo y conocimiento industrial difícil de recuperar», sentenció el analista.
El telón de fondo de esta destrucción es la crisis de consumo que documenta la Fundación Encuentro en su último informe. En el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los hogares se ubicó en $2.800.000 mensuales netos, pero el 78% de los hogares argentinos percibe menos que esa media. Un 21% de esos hogares se encuentra directamente por debajo de la línea de pobreza. Esta concentración de ingresos es, según el documento, «la razón fundamental por la cual el consumo masivo sigue deprimido» a pesar de las mejoras macroeconómicas que el Gobierno exhibe como trofeos.
Un responsable con récord propio: Caputo acumula 23% de caída industrial en dos gobiernos
La indignación fabril con la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda es total. Fuentes empresariales del sector señalaron que las declaraciones de funcionarios del Gobierno que llamaron «tarados» a los industriales «no ayudan» y representan «una falta de respeto para con millones de personas que viven de la industria». Y la ironía estadística que circula en los pasillos de la UIA es contundente: el ministro Luis Caputo acumula, entre su paso por la gestión de Mauricio Macri y la actual, una caída industrial del 23%.
El «equilibrio macroeconómico» que el Gobierno libertario exhibe como logro histórico no llega a las fábricas, no llega a los talleres y no llega a los trabajadores registrados que pierden su empleo. Llega, en cambio, a los juzgados comerciales, donde el expediente de quiebra se convirtió en el documento más representativo de la Argentina productiva de 2026.
Puntos clave
- Hasta junio de 2026 se registraron 132 concursos preventivos de pymes formales, casi el 70% de los 190 de todo 2025 y más del doble que el pico pandémico de 2020.
- Consultoras privadas proyectan el cierre de 3.070 industrias y 105.000 empleos destruidos antes de que termine el año.
- La industria textil operó en mayo de 2026 con el 60% de sus máquinas apagadas y registró una caída de producción del 26,2% interanual.
- CAME exige al Congreso suspender las ejecuciones fiscales de ARCA y crear un régimen de facilidades de 48 cuotas para evitar la ola de quiebras.
- El 78% de los hogares argentinos gana menos que el ingreso promedio nacional y un 21% está por debajo de la línea de pobreza, sosteniendo la caída del consumo masivo.
Desregulación
Retroceso libertario: Milei congela el paquete de desregulación de Sturzenegger golpeado por los fracasos
Tras los reveses sufridos en el Senado con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, el Gobierno nacional analiza paralizar el paquete de leyes del Ministerio de Desregulación para frenar el desgaste político.
Javier Milei evalúa paralizar el paquete de reformas legislativas elaboradas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La decisión comenzó a gestarse en la Casa Rosada luego de las derrotas políticas sufridas en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo tuvo que retirar del proyecto de Ley de Propiedad Privada las reformas a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego.
Proyectos paralizados y retiro de iniciativas
Entre los textos que quedarían congelados figura la denominada ley Hojarasca, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero cuyo tratamiento en el Senado no llegó a iniciarse. Asimismo, las autoridades consideran retirar la propuesta de regulación del lobby antes de su debate en comisiones y frenar un borrador de desregulación de 144 páginas que afectaba las normativas de corretaje, la venta de medicamentos fuera de farmacias y la comercialización de Gas Licuado de Petróleo.
En los pasillos oficiales admitieron que las propuestas drásticas elaboradas por el ministerio generaron fuertes cortocircuitos con gobernadores e intendentes aliados. La falta de consensos parlamentarios desgastó la posición de los voceros del oficialismo y obligó a la conducción del bloque libertario a ceder posiciones para evitar rechazos absolutos en el recinto.
Tensiones internas y reorganización de la agenda
La acumulación de tropiezos legislativos motivó discusiones internas entre el núcleo político del Gobierno y el equipo técnico de Desregulación. Según trascendió, dirigentes del oficialismo sugirieron concentrar el esfuerzo legislativo en normas de consenso previo para evitar nuevos costos políticos antes de las próximas instancias electorales.
A las dificultades parlamentarias se sumó el impacto del reciente paro de 48 horas de prácticos portuarios, donde la Casa Rosada tuvo que intervenir desplazando al equipo de Sturzenegger para encauzar las negociaciones y liberar el tránsito fluvial en los puertos agroexportadores.
Puntos clave
- El Poder Ejecutivo analiza congelar el tratamiento de los proyectos elaborados por Federico Sturzenegger.
- La iniciativa ley Hojarasca y el proyecto de Ley de Lobby quedarían paralizados en el Congreso de la Nación.
- La medida responde al desgaste político provocado por la quita del capítulo de tierras y manejo del fuego en el Senado.
- El Gobierno busca evitar nuevos reveses legislativos frente a la falta de consensos con bloques provinciales.
- La conducción política de la Casa Rosada reorganizará la agenda parlamentaria para priorizar proyectos de menor confrontación.
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