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Soberanía energética

Kicillof tildó de “disparate jurídico” el fallo contra YPF y denunció la “complicidad” del Gobierno libertario

El gobernador bonaerense dio una conferencia de prensa en la que cuestionó con dureza la sentencia de la jueza de Nueva York y alertó sobre el rol del Gobierno de Milei contra la soberanía nacional.

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En la conferencia de prensa que ofreció este martes 1° de julio en La Plata, el gobernador bonaerense Axel Kicillof definió como “un disparate jurídico” e “intolerable intromisión sobre nuestra soberanía” el fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que obliga a Argentina a transferir el 51 % de las acciones de YPF a los fondos buitres en un plazo de 14 días, como parte de pago de un juicio por US$ 16.100 millones.

Fallo y tensión política

Preska ratificó que la expropiación de YPF en 2012 —durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Kicillof como ministro de Economía— violó derechos de accionistas minoritarios, y ordenó transferir las acciones a BNY Mellon para que los fondos Petersen, Eton Park y Burford Capital cobren parte de lo adeudado . Además, su decisión desestimó los argumentos de inmunidad soberana y apelaciones de la Argentina.

Kicillof acusa a Milei de “complicidad”

En su discurso, Kicillof vinculó el fallo con el accionar del presidente Javier Milei. “Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales” . Apuntó además contra los recientes viajes de Milei a Estados Unidos: “Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…”.

Además, ironizó con un tuit donde Milei aparecía con un mameluco de YPF en un streaming solidario: “Casualmente anoche, el Presidente estuvo varias horas paveando […] disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar” .

Defensa del rol estatal y apelación

Kicillof defendió la expropiación de 2012 y la reestatización de YPF como una medida de recuperación de la soberanía energética y afirmó que “desde su recuperación, la empresa volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo” .
También destacó que la orden judicial contraviene el marco legal argentino: “solo el Congreso, por dos tercios, puede disponer esas acciones” y denunció que el fallo pone en riesgo la soberanía energética del país.

Como ex ministro de Economía, Kicillof participó activamente en el proceso de reestatización de la petrolera en 2012, razón por la cual cuestionó con dureza los argumentos del fallo, que se basa en presuntas violaciones al estatuto de la compañía, por encima de las leyes nacionales.

El eje del conflicto: ¿Estatuto privado vs Constitución Nacional?

Kicillof fue categórico al rechazar el enfoque del fallo judicial emitido desde Estados Unidos:

“Lo que estamos discutiendo hoy en el fallo que condena a la Argentina a pagar un monto a un fondo buitre es si tiene más valor el estatuto de YPF, una empresa privada, o una ley y —más que eso— la Constitución Nacional”.

En ese sentido, sostuvo que el criterio aplicado por la jueza Preska implica una subordinación inaceptable de la normativa argentina:

“No hay forma de que alguien considere que porque el estatuto de YPF diga una cosa está por encima de la Constitución y de las leyes argentinas”.

Y completó:

“Es inaudito que una jueza resuelva que nuestras leyes no valen nada, o que valen menos que el estatuto de una empresa privada”.

La privatización y la expropiación en disputa

Kicillof también cuestionó los intentos del oficialismo de justificar el fallo como una consecuencia inevitable de la decisión de expropiar YPF. Recordó que la privatización bajo el mando de Repsol fue “una verdadera desgracia para el país”, y que la recuperación del control estatal respondió a una necesidad estratégica.

“Estoy convencido de que ningún juez argentino, por más que sea simpatizante de un sector o de otro, puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo para un fondo buitre en Nueva York. Esta sentencia es un disparate jurídico”.

Duras críticas a Milei: “Está entregando a YPF”

El gobernador bonaerense fue más allá del plano legal y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por su actitud frente a la causa. Según Kicillof, el jefe de Estado no solo no defiende los intereses del país, sino que “le da la razón a los demandantes”.

“Milei está poniendo en riesgo a YPF, lo cual llama a diferentes acciones que vamos a iniciar. Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome y que ponga en riesgo la soberanía energética, que abra negociaciones con fondos buitres cuando no hay nada firme… esto todavía puede apelarse”.

Kicillof consideró que el mandatario actúa como “un topo que vino a destruir el Estado” y advirtió que desde la provincia de Buenos Aires no permitirán la venta de la petrolera.

“Lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, a la Argentina, pero sabemos que entró como un topo a destruir el Estado. Es gravísimo. A YPF hay que defenderlo. Desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, YPF no se vende. Y se lo advierto a Milei: no se vende, y menos todavía se entrega ni se regala”.

Puntos Clave del caso YPF:

  • Axel Kicillof calificó como “disparate jurídico” el fallo de la jueza Preska sobre YPF
  • Cuestionó que el estatuto de una empresa esté por encima de la Constitución Nacional
  • Denunció que Javier Milei “le da la razón a los fondos buitres”
  • Aseguró que la sentencia todavía puede apelarse y advirtió sobre los riesgos a la soberanía energética
  • Ratificó que desde la provincia de Buenos Aires no permitirán la privatización de YPF
  • La jueza Loretta Preska ordenó entregar el 51 % de YPF a fondos buitres por US$ 16.100 millones, con un plazo de 14 días
  • Kicillof calificó este fallo como “una intolerable intromisión” y acusó al Gobierno nacional de estar “del lado de los poderes extranjeros”
  • Denunció que Milei viaja seguido a EEUU, donde reside la jueza, y lo acusó de “complicidad”
  • Reafirmó que la reestatización de YPF permitió recuperar producción, inversión y empleo, y cuestionó la legalidad de la exigencia sin aprobación del Congreso

Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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