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El 70% de los argentinos considera culpable a Adorni, según un estudio de la UBA

Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA reveló que el escándalo que rodea al Jefe de Gabinete perforó el relato anti-casta del gobierno: 7 de cada 10 argentinos lo considera culpable y casi el 80% cree que el caso afecta directamente la imagen presidencial.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.

Cómo el «Caso Adorni» perfora el relato anti-casta y pone en jaque a Milei

★ El denominado «Caso Adorni» alcanzó dimensiones que amenazan con convertirse en el punto de inflexión más grave de la administración de Javier Milei desde su asunción en diciembre de 2023. Un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado a conocer este martes, establece una analogía con la célebre «foto de Olivos» que marcó el quiebre de la legitimidad de Alberto Fernández durante la pandemia: en ambos casos, un escándalo puntual erosionó el núcleo del discurso moral con el que el gobierno de turno había llegado al poder.

El estudio, basado en una encuesta a 4.711 casos en el AMBA, reveló que el 97,3% de los consultados afirmó haber escuchado o leído sobre el caso. La cifra es elocuente: en un ecosistema mediático fragmentado y con alta polarización, un hecho rara vez logra ese nivel de penetración transversal. El «Caso Adorni» lo consiguió.

El relato anti-casta, en el banquillo

El impacto más profundo del escándalo no se mide solo en la imagen del funcionario sino en el daño al corazón del discurso presidencial. El 79,9% de los encuestados considera que el caso afecta «mucho» o «algo» el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder: su promesa de terminar con «la casta» y la corrupción política.

El dato es devastador para una gestión que construyó su identidad en la denuncia del sistema. Porque si hay algo que el kirchnerismo y el macrismo no pudieron sostener en su momento frente a la opinión pública, es exactamente esto: la coherencia entre el discurso y la conducta de sus integrantes.

Las cifras de la desconfianza

El informe del OPSA desagrega la percepción ciudadana con una precisión que no deja margen para interpretaciones optimistas desde el oficialismo.

El 66,5% de los encuestados considera que los hechos denunciados contra Manuel Adorni son «reales y graves«, mientras que solo un sector minoritario los interpreta como una operación política destinada a perjudicar al gobierno. El 70,3% lo considera «totalmente culpable» y el 65,8% afirma no creerle «nada» cuando sale a defenderse públicamente de las acusaciones.

Estos porcentajes deben leerse en el contexto de lo que la justicia federal ya investiga: un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, refacciones de lujo pagadas con 245.000 dólares en efectivo y sin factura en un country de Exaltación de la Cruz, un departamento en el barrio porteño de Caballito adquirido bajo condiciones que los investigadores no lograron justificar, presuntas triangulaciones con empresas del Estado como YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y el uso del avión presidencial para trasladar a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York. La investigación está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en el fuero federal.

El daño político: imagen y confianza

La encuesta también midió el impacto institucional del escándalo. El 62,5% sostuvo que el caso empeoró la imagen del gobierno nacional, mientras que el 74,9% cree que lo perjudica políticamente. Estos números son especialmente significativos porque atraviesan la polarización: incluso entre votantes del oficialismo, la negación total resulta minoritaria.

El estudio del OPSA señala que el «Caso Adorni» y la «foto de Olivos» comparten la capacidad de erosionar la legitimidad política al afectar dimensiones morales y generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y la conducta real de sus integrantes. La diferencia radica en que Fernández ya acumulaba un desgaste previo considerable; Milei, en cambio, había sostenido hasta ahora una base de adhesión que descansaba fuertemente en su imagen de outsider incorruptible ajeno al establishment político.

Justicia e impunidad: la demanda social que crece

El estudio cierra con un diagnóstico que trasciende el caso puntual. El 71,8% de los encuestados considera que el funcionamiento actual de la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad y la falta de sanción efectiva. A la vez, el 81,2% cree que penas más severas y efectivas contribuirían a reducir hechos de corrupción.

La lectura política es clara: la ciudadanía no solo cuestiona a Adorni, sino que demanda una transformación estructural en los mecanismos de control y sanción. Una demanda que, paradójicamente, el propio Milei supo capitalizar en campaña y que ahora amenaza con volverse en su contra con renovada intensidad.

Puntos clave

  • El 97,3% de los encuestados en el AMBA conoce el «Caso Adorni», según el OPSA de la UBA.
  • El 70,3% lo considera «totalmente culpable» y el 65,8% no le cree cuando se defiende públicamente.
  • El 79,9% cree que el escándalo afecta directamente el discurso anti-casta de Milei.
  • El 74,9% considera que el caso perjudica políticamente al gobierno nacional.
  • El 71,8% sostiene que la Justicia argentina favorece la impunidad y la corrupción.

Judiciales ⚖️

La “casta judicial” avanza en el Senado con el pliego de la esposa del juez de la causa $Libra

El Senado realizará este miércoles una nueva audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos donde expondrán 15 candidatos a ascender en la Justicia, entre ellos la esposa del juez que investiga la presunta megaestafa $Libra y el hijo de un ex camarista federal.

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El Argentino Diario-Congreso de la Nación.

La “familia judicial” en acción: la esposa del juez de la causa $Libra quiere ser jueza con el visto bueno de Milei

★ A pesar del discurso anti-casta que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada, la artillería de la «familia judicial» sigue avanzando posiciones en el Poder Judicial argentino con el respaldo del oficialismo. Este miércoles, el Senado de la Nación realizará una nueva Audiencia Pública donde expondrán una quincena de candidatos a ascender en diferentes fueros de la Justicia federal y ordinaria, en el marco de la Comisión de Acuerdos que preside el senador Juan Carlos Paggoto.

La esposa del juez de la Causa $Libra pide su turno

El caso más llamativo de la jornada es el de Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza de primera instancia para el Juzgado de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa $Libra, una de las causas judiciales de mayor resonancia pública del período, que involucra presuntas maniobras de lavado de dinero y movimientos financieros off-shore vinculados al entorno del propio Gobierno.

La postulación de Juan no es un dato menor. En un sistema judicial que históricamente funcionó como una red de pertenencias, lealtades y vínculos familiares, la irrupción de la cónyuge de un juez en actividad como candidata a magistrada refuerza lo que los críticos denominan el fenómeno de la «familia judicial»: el circuito endogámico por el cual el Poder Judicial se reproduce a sí mismo, blindando posiciones y garantizando continuidades que poco tienen que ver con el mérito.

Un hijo de camarista también rinde examen

La lista de candidatos que expondrán este miércoles incluye también a Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata. Duran se desempeñó como juez subrogante en el Juzgado Federal de La Plata y es hijo del ex camarista Alberto Duran, un dato que agrega otro eslabón al entramado de linajes judiciales que el oficialismo parece dispuesto a consolidar.

En la misma jornada rendirán examen, entre otros, el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado para el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal; el fiscal de Morón Mario Ferrario, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín; Emilio Faggi, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Claudio Silvestri, Carlos Cuesta y María Michelli para distintas salas del Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata; Pablo Flores y Javier Arzubi Calvo para el Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín; Mariano Amaduri como juez nacional en lo Criminal y Correccional 7; Gabriela Mariel Palopoli como jueza de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal; y María Massa, candidata a magistrada de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias.

El oficialismo no consigue el dictamen: los «dialoguistas» frenan los pliegos

A pesar del avance en las audiencias, el Gobierno no logró aún traducir ese impulso en un dictamen favorable. Los senadores denominados «dialoguistas» se resisten a firmar los despachos hasta que el Ejecutivo envíe también candidatos para cubrir vacantes en juzgados del interior del país. Esta disputa demora el tratamiento de los pliegos en el recinto de sesiones ordinarias.

El Gobierno envió ayer 45 pliegos para cubrir vacantes en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y algunas provincias, pero referentes dialoguistas señalaron que siguen faltando postulaciones para otras jurisdicciones del interior. Los dictámenes puestos a firma no reunieron aún las 9 firmas necesarias para habilitarse al tratamiento en sesión ordinaria.

Entre los legisladores que deben suscribir esos despachos se encuentran el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara; los radicales Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri; la misionera del Frente de la Concordia Sandra Rojas Decout; la tucumana Beatriz Avila; el correntino Carlos «Camau» Espínola; Sandra Mendoza de Convicción Federal; y la salteña Favia Royon.

El trasfondo: poder judicial y gobierno libertario, una alianza con historia

La aceleración del proceso de designaciones judiciales en el Senado no ocurre en el vacío. El gobierno de Javier Milei mantiene desde sus inicios una relación de conveniencia con sectores del Poder Judicial, en especial con los tribunales de Comodoro Py, epicentro histórico del llamado «Partido Judicial». La denominada Causa $Libra, cuyo juez instructor es precisamente el esposo de una de las candidatas de hoy, representa uno de los frentes de mayor complejidad para el Ejecutivo, ya que apunta a presuntas maniobras financieras off-shore vinculadas al entorno presidencial.

En ese contexto, la postulación de Ana María Cristina Juan no puede leerse como un movimiento inocente. La intersección entre las causas que comprometen al Gobierno y los vínculos familiares de quienes se suman a la magistratura configura un escenario que, por su naturaleza, merece escrutinio público y periodístico sostenido.

Puntos clave:

  • La esposa del juez que investiga la Causa $Libra expone este miércoles como candidata a jueza federal en Hurlingham.
  • Laureano Duran, hijo del ex camarista Alberto Duran, aspira a un cargo en la Cámara de Apelaciones de La Plata.
  • El oficialismo no logró aún el dictamen para los pliegos por la resistencia de senadores dialoguistas.
  • El Gobierno envió 45 pliegos pero sectores del Senado advierten que faltan candidatos para el interior del país.
  • Se necesitan 9 firmas para habilitar el tratamiento de los pliegos en sesión ordinaria.
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