Judiciales ⚖️
La “casta judicial” avanza en el Senado con el pliego de la esposa del juez de la causa $Libra
El Senado realizará este miércoles una nueva audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos donde expondrán 15 candidatos a ascender en la Justicia, entre ellos la esposa del juez que investiga la presunta megaestafa $Libra y el hijo de un ex camarista federal.
La “familia judicial” en acción: la esposa del juez de la causa $Libra quiere ser jueza con el visto bueno de Milei
★ A pesar del discurso anti-casta que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada, la artillería de la «familia judicial» sigue avanzando posiciones en el Poder Judicial argentino con el respaldo del oficialismo. Este miércoles, el Senado de la Nación realizará una nueva Audiencia Pública donde expondrán una quincena de candidatos a ascender en diferentes fueros de la Justicia federal y ordinaria, en el marco de la Comisión de Acuerdos que preside el senador Juan Carlos Paggoto.
La esposa del juez de la Causa $Libra pide su turno
El caso más llamativo de la jornada es el de Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza de primera instancia para el Juzgado de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa $Libra, una de las causas judiciales de mayor resonancia pública del período, que involucra presuntas maniobras de lavado de dinero y movimientos financieros off-shore vinculados al entorno del propio Gobierno.
La postulación de Juan no es un dato menor. En un sistema judicial que históricamente funcionó como una red de pertenencias, lealtades y vínculos familiares, la irrupción de la cónyuge de un juez en actividad como candidata a magistrada refuerza lo que los críticos denominan el fenómeno de la «familia judicial»: el circuito endogámico por el cual el Poder Judicial se reproduce a sí mismo, blindando posiciones y garantizando continuidades que poco tienen que ver con el mérito.
Un hijo de camarista también rinde examen
La lista de candidatos que expondrán este miércoles incluye también a Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata. Duran se desempeñó como juez subrogante en el Juzgado Federal de La Plata y es hijo del ex camarista Alberto Duran, un dato que agrega otro eslabón al entramado de linajes judiciales que el oficialismo parece dispuesto a consolidar.
En la misma jornada rendirán examen, entre otros, el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado para el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal; el fiscal de Morón Mario Ferrario, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín; Emilio Faggi, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Claudio Silvestri, Carlos Cuesta y María Michelli para distintas salas del Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata; Pablo Flores y Javier Arzubi Calvo para el Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín; Mariano Amaduri como juez nacional en lo Criminal y Correccional 7; Gabriela Mariel Palopoli como jueza de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal; y María Massa, candidata a magistrada de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias.
El oficialismo no consigue el dictamen: los «dialoguistas» frenan los pliegos
A pesar del avance en las audiencias, el Gobierno no logró aún traducir ese impulso en un dictamen favorable. Los senadores denominados «dialoguistas» se resisten a firmar los despachos hasta que el Ejecutivo envíe también candidatos para cubrir vacantes en juzgados del interior del país. Esta disputa demora el tratamiento de los pliegos en el recinto de sesiones ordinarias.
El Gobierno envió ayer 45 pliegos para cubrir vacantes en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y algunas provincias, pero referentes dialoguistas señalaron que siguen faltando postulaciones para otras jurisdicciones del interior. Los dictámenes puestos a firma no reunieron aún las 9 firmas necesarias para habilitarse al tratamiento en sesión ordinaria.
Entre los legisladores que deben suscribir esos despachos se encuentran el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara; los radicales Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri; la misionera del Frente de la Concordia Sandra Rojas Decout; la tucumana Beatriz Avila; el correntino Carlos «Camau» Espínola; Sandra Mendoza de Convicción Federal; y la salteña Favia Royon.
El trasfondo: poder judicial y gobierno libertario, una alianza con historia
La aceleración del proceso de designaciones judiciales en el Senado no ocurre en el vacío. El gobierno de Javier Milei mantiene desde sus inicios una relación de conveniencia con sectores del Poder Judicial, en especial con los tribunales de Comodoro Py, epicentro histórico del llamado «Partido Judicial». La denominada Causa $Libra, cuyo juez instructor es precisamente el esposo de una de las candidatas de hoy, representa uno de los frentes de mayor complejidad para el Ejecutivo, ya que apunta a presuntas maniobras financieras off-shore vinculadas al entorno presidencial.
En ese contexto, la postulación de Ana María Cristina Juan no puede leerse como un movimiento inocente. La intersección entre las causas que comprometen al Gobierno y los vínculos familiares de quienes se suman a la magistratura configura un escenario que, por su naturaleza, merece escrutinio público y periodístico sostenido.
Puntos clave:
- La esposa del juez que investiga la Causa $Libra expone este miércoles como candidata a jueza federal en Hurlingham.
- Laureano Duran, hijo del ex camarista Alberto Duran, aspira a un cargo en la Cámara de Apelaciones de La Plata.
- El oficialismo no logró aún el dictamen para los pliegos por la resistencia de senadores dialoguistas.
- El Gobierno envió 45 pliegos pero sectores del Senado advierten que faltan candidatos para el interior del país.
- Se necesitan 9 firmas para habilitar el tratamiento de los pliegos en sesión ordinaria.
Comunidad 👥
Pueblos Originarios rechazan el “Día de la Raza” de Milei y van a la casa de Cristina
Organizaciones indígenas convocan a una concentración este lunes frente al edificio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en rechazo a la restitución del «Día de la Raza» dispuesta por el gobierno de Javier Milei. La movida choca con la Ley 27.399, que desde 2017 establece legalmente la fecha como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
El gobierno de Javier Milei restableció el nombre «Día de la Raza» para el feriado del 12 de octubre, dejando sin efecto en sus comunicaciones institucionales la denominación «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» que había instaurado un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010. La medida reactiva un debate político y legal de fondo: el cambio por decreto colisiona con la Ley Nacional 27.399, votada por el Congreso en 2017, que consagra la denominación inclusiva con rango de ley y no puede ser modificada por el Ejecutivo de manera unilateral.
La respuesta de los pueblos originarios no tardó en llegar. Este lunes, distintas organizaciones indígenas convocaron a una concentración a partir de las 15 horas frente al edificio ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La elección del lugar no es casual: las organizaciones convocantes reivindican el decreto que Fernández de Kirchner firmó en 2010 durante su primera presidencia como el acto fundacional del cambio de paradigma que el gobierno libertario ahora intenta desandar.
Un decreto que choca con una ley
El Ejecutivo Nacional oficializó por decreto la restitución del «Día de la Raza», retomando la narrativa que enmarca la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como el inicio de un «proceso de intercambio profundo entre Europa y América». Esa visión, que durante décadas fue cuestionada por historiadores, activistas y organizaciones de derechos humanos como un relato funcional al colonialismo, vuelve así al calendario oficial del Estado argentino.
El problema central es que el decreto presidencial no puede, por sí solo, derogar una ley del Congreso. La Ley 27.399, sancionada en 2017 con respaldo parlamentario, establece en su texto que el 12 de octubre es el «Día del Respeto a la Diversidad Cultural». Modificar esa denominación requiere que el Congreso sancione una nueva norma. Mientras eso no ocurra, el cambio impulsado por el gobierno convive con una contradicción jurídica: el Estado nacional celebrará institucionalmente una fecha con un nombre distinto al que le asigna la ley vigente.
La jornada en San José 1111
La concentración de este lunes en la puerta de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner reunirá una serie de actividades culturales y políticas. El programa incluye la realización de un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a la ex presidenta, una muestra de danza folclórica paraguaya y música en vivo. El acto tiene una doble dimensión: la reivindicación identitaria de los pueblos indígenas y el posicionamiento explícito contra la política cultural del gobierno de Milei.
«Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos. Reivindicamos el Decreto del 2010 de Cristina Fernández de Kirchner que, como Presidenta, establecía esta fecha como el Día del respeto a la Diversidad cultural, cambiando el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado», expresaron las organizaciones convocantes. Y agregaron: «Defendemos nuestra madre Tierra y decimos ‘NO’ a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos Originarios».
La «batalla cultural» libertaria en perspectiva
La restitución del «Día de la Raza» no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de decisiones del gobierno de Milei que apuntan a desmantelar denominaciones y políticas asociadas a los gobiernos kirchneristas y a una perspectiva de derechos que el oficialismo rechaza de manera sistemática. El mismo patrón se observó en la restitución del «Día del Niño» en reemplazo del «Día de las Infancias», también por decreto, también revirtiendo un cambio de denominación que buscaba visibilizar diversidades.
En ambos casos, la operación política tiene una doble función: enviar una señal ideológica a la base electoral libertaria y erosionar el legado simbólico del kirchnerismo. Pero también en ambos casos, el instrumento elegido por el Ejecutivo, el decreto presidencial, tiene un límite concreto cuando enfrenta normas con jerarquía legal superior. El gobierno puede cambiar el rótulo institucional de la fecha, pero no puede borrar lo que dice la ley mientras el Congreso no la modifique.
Lo que tenés que saber:
- Organizaciones de Pueblos Originarios convocaron para este lunes, desde las 15 hs., a una concentración en San José 1111 (CABA), en rechazo a la restitución del «Día de la Raza» por parte del gobierno de Milei.
- El Ejecutivo Nacional oficializó por decreto el cambio de denominación del feriado del 12 de octubre, retomando la figura del «Día de la Raza» que la gestión Kirchner había dejado sin efecto en 2010.
- La Ley Nacional 27.399, sancionada en 2017, establece al 12 de octubre como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» y tiene rango superior al decreto presidencial.
- El programa del acto incluye mural en vivo, ceremonia ancestral, danza folclórica paraguaya y música en vivo frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner.
- La medida se suma al patrón de reversiones simbólicas del gobierno de Milei, que también restableció el «Día del Niño» en lugar del «Día de las Infancias».
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