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Kicillof en la Marcha Universitaria: “El Gobierno está empecinado en destruir el futuro del país”
El gobernador bonaerense encabezó la cuarta Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo, junto a su gabinete, intendentes y legisladores. El reclamo central apuntó al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la recomposición salarial docente, en una jornada que se replicó en todo el país.
Kicillof marchó por la universidad pública y denunció una caída del 45,6% en los recursos universitarios
★ El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada durante la gestión de Javier Milei, en Plaza de Mayo, junto a integrantes de su gabinete, intendentes bonaerenses, legisladores y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
La movilización, que se replicó simultáneamente en ciudades de todo el país, congregó a estudiantes, docentes, investigadores, gremios y organizaciones sociales en defensa de la educación pública y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.
“El Presidente ataca a la universidad porque es la mejor herramienta de movilidad social”
Desde Plaza de Mayo, Kicillof apuntó directamente contra el Ejecutivo nacional: «Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino«, afirmó. Y agregó que «el Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades».
El mandatario bonaerense también denunció el impacto del ajuste sobre los claustros: «En estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios. Ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país«, subrayó.
«Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos», sumó Kicillof ante la multitud congregada frente a la Casa Rosada.
El reclamo: financiamiento en caída libre y salarios en mínimos históricos
La convocatoria estuvo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA. El reclamo central es la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y ratificada a fines de marzo de 2026 por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, había advertido en la previa que la situación del sistema universitario es «hiperaguda» por el impacto de los recortes presupuestarios en el funcionamiento de las casas de estudio, los salarios y los hospitales dependientes de la institución.
El documento leído durante el acto central en Plaza de Mayo precisó que las transferencias a universidades nacionales acumularon una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, una reducción calificada como inédita en la historia reciente del sistema universitario argentino. A eso se suma que los salarios de los docentes universitarios se ubican en su nivel más bajo en los últimos 23 años, con una pérdida de poder adquisitivo estimada en cerca del 34%.
La alianza entre el movimiento universitario y el sindical quedó expresada también en la presencia de Alejandro «Peluca» Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quien selló un acuerdo de lucha conjunta con el Frente de Unidad Sindical Universitaria y lo sintetizó en una frase: «El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad».
La posición del Gobierno: negación y contraoferta en cuotas
Frente a la masiva movilización, el Ejecutivo volvió a rechazar los reclamos. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que «no se recortaron presupuestos universitarios» y ratificó el envío de partidas destinadas a los hospitales universitarios. La posición oficial sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario no prevé en forma expresa las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena compromete «la estabilidad económica y la macroeconomía del país».
En paralelo, la Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% para el período 2023-2026 y propone abonarlo en cuotas, una oferta que los sectores universitarios rechazaron de plano por considerarla insuficiente.
Esa brecha entre la negación oficial y los datos que circularon durante la movilización no hizo más que alimentar la tensión política de una jornada que el documento del CIN, FUA y los gremios calificó como una situación en la que el Gobierno «incumple la regla democrática y constitucional básica» al no acatar una ley sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia.
Una jornada federal con adhesión en todo el país
La marcha se extendió a decenas de ciudades: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, entre otras, registraron movilizaciones simultáneas. En la provincia de Buenos Aires, la protesta también se replicó en al menos siete ciudades del interior bonaerense.
También expresó su respaldo el excanditado presidencial y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien defendió la educación superior como «el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones» y llamó a defender «la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia».
La movilización de este martes es la cuarta de carácter federal que se convoca durante la gestión Milei, en una disputa que combina la discusión presupuestaria con un debate político más profundo sobre el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación pública y gratuita. Para el kirchnerismo y el peronismo, que se hicieron presentes en la Plaza con fuerza institucional, la jornada representó también una oportunidad de articular reclamo social y capital político en la antesala de un año electoral.
Puntos clave:
- Kicillof encabezó la cuarta Marcha Federal Universitaria del período Milei en Plaza de Mayo, junto a su gabinete, intendentes y legisladores bonaerenses.
- El reclamo central exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, ratificada judicialmente en marzo de 2026.
- Las transferencias a universidades acumularon una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según el documento leído en el acto central.
- Los salarios docentes universitarios registran su nivel más bajo en 23 años, con una pérdida del 34% de poder adquisitivo.
- La movilización se extendió a Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y al menos siete ciudades de la provincia de Buenos Aires.
Islas Malvinas
El doble discurso soberano de Milei: abraza Malvinas mientras reactiva lo que frenó
El Gobierno anunció en cadena nacional una Ley de Soberanía para Malvinas que reforma la ley Solanas, reactiva una Base Naval en Tierra del Fuego que la propia gestión libertaria había paralizado y crea un Consejo de Seguridad Nacional con fondos de inteligencia que ya generan sospechas en la oposición. Todo esto llega en un momento en que el Congreso viene golpeando sistemáticamente al oficialismo.
Trescientos millones de pesos frescos para la SIDE en dos meses, una Base Naval en Tierra del Fuego frenada durante casi dos años por el propio Gobierno y un Consejo de Seguridad Nacional que la oposición compara con el que creó la dictadura de Onganía: así luce el paquete legislativo con el que Javier Milei intenta apropiarse de la causa Malvinas.
El presidente, que en su momento definió su admiración por Margaret Thatcher y sostuvo la doctrina de respetar la voluntad de los kelpers sobre el reclamo de soberanía, anunció en cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre Malvinas. Milei presidirá este lunes 14 una reunión con legisladores de La Libertad Avanza (LLA) para terminar de definir si se trata de uno o dos proyectos separados, algo que tampoco es habitual en la dinámica de gestión del líder libertario.
La ley Solanas y la Base Naval que LLA tenía congelada
El núcleo del proyecto es una reforma a la ley impulsada en 2011 por el entonces diputado Fernando «Pino» Solanas, que estableció sanciones económicas para las empresas que exploran hidrocarburos en la plataforma continental en disputa con el Reino Unido. El Gobierno ya anunció sanciones y denuncias contra varias de esas compañías, y ahora busca endurecer el marco legal.
En paralelo, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Cancillería) viajaron a Tierra del Fuego para reencauzar la obra de la Base Naval Integrada, un proyecto que la propia gestión libertaria había paralizado completamente desde que asumió. El diputado Jorge Taiana, exministro de Defensa, describió el estado real de la situación ante la prensa: la obra se inició en 2021 y avanzó apenas un 9%, aunque aclaró que en Tierra del Fuego solo se puede construir entre octubre y mayo, unos siete meses al año. «Luego vino este gobierno y no hizo absolutamente nada, la frenó por completo», sostuvo Taiana.
El Consejo de Seguridad Nacional y la sospecha de los fondos de inteligencia
El otro eje del paquete es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que involucraría a la Cancillería, los ministerios de Defensa y Economía y la SIDE, con el objetivo declarado de detectar amenazas a la seguridad del país. La propuesta encendió las alarmas en el bloque peronista: legisladores del PJ deslizaron que el verdadero objetivo podría ser abrir una nueva vía para disponer de los fondos reservados de inteligencia, y evocaron un antecedente de hace 60 años: el Consejo Nacional de Seguridad que creó la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966, concebido no para una amenaza externa sino para articular la represión interna.
La sospecha no surge del vacío. La SIDE recibió la semana pasada un refuerzo de 30.000 millones de pesos sin partidas específicas, justificado en la supuesta necesidad de mayor protección por el aumento de la tensión con el Reino Unido. Ese monto se suma a otro incremento de casi 50.000 millones de pesos que el organismo había recibido en julio, con 8.000 millones destinados a fondos reservados que así treparon a 26.000 millones, en esa oportunidad justificado por la visita del papa León XIV. La oposición ya prepara un pedido de informes.
El clima interno del oficialismo también aportó combustible a las sospechas: Santiago Caputo y varios colaboradores cercanos a Milei salieron en las redes sociales a tildar de «cipayos» y de «trabajar para la corona británica» a quienes cuestionaron la cadena nacional presidencial, una retórica de confrontación que la oposición interpretó como un intento de cerrar el debate antes de que comience.
Un organismo que nació muerto: el Consejo de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas
Mientras el Gobierno anuncia nuevas instituciones, el diputado socialista Esteban Paulón intimó formalmente a Milei, al canciller Quirno y a la secretaria de Malvinas, Paola Iris Di Chiaro, para que reactiven el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558 en 2020 para sostener políticas de Estado sobre la causa. El organismo debía reunirse cada 120 días, pero solo sesionó una vez, en agosto de 2024, durante la gestión de Diana Mondino, y nunca más. Paulón le dio al Gobierno diez días hábiles para informar un cronograma de reactivación, bajo apercibimiento de avanzar con acciones administrativas, legislativas y judiciales.
Un Congreso cada vez más hostil para LLA
El paquete Malvinas llega en un momento de creciente debilidad legislativa del oficialismo. La semana pasada, La Libertad Avanza sufrió una derrota en Diputados con la agenda de discapacidad y endeudamiento, y Patricia Bullrich no logró garantizar los votos para sesionar en el Senado. El próximo martes 15, la atención se desplaza hacia la presentación del Presupuesto 2027, con gobernadores que ya no dan por sentada su adhesión y que esperan ver cuántos recursos habrá para obras, en medio de la desconfianza generada por el recorte a los subsidios de las Zonas Frías.
En ese contexto, la oposición coincide en una lectura transversal del paquete Malvinas: más que endurecer sanciones, lo que corresponde es cumplir la ley vigente, que desde hace tres años no se cumple. La pregunta que queda flotando es si el gesto soberano de Milei apunta a Malvinas o a la caja de la SIDE.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno enviará al Congreso un proyecto que reforma la ley Solanas, endureciendo sanciones a empresas que exploran hidrocarburos en la plataforma en disputa con el Reino Unido.
- La Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, paralizada por el propio Gobierno durante casi dos años con un avance del 9%, será reencauzada según el anuncio del Ejecutivo.
- La creación de un Consejo de Seguridad Nacional que involucra a la SIDE generó sospechas en la oposición sobre el uso de fondos reservados de inteligencia, que ya recibieron refuerzos por más de 80.000 millones de pesos en dos meses.
- El Consejo de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por ley en 2020, solo sesionó una vez en toda su historia y fue intimado a reactivarse en diez días hábiles.
- LLA atraviesa un momento de creciente fragilidad legislativa, con derrotas recientes en Diputados y el Presupuesto 2027 sin respaldo garantizado de los gobernadores.
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