Santiago Peña renunció, pero sigue siendo presidente de Paraguay. El Congreso no le aceptó la dimisión y el mandatario pidió por escrito 72 horas de prórroga para preparar su defensa en el juicio político que ya avanza en el Senado, donde estaba citado para este viernes a las 10.

Peña dirigió el pedido al presidente del Congreso, Basilio Núñez, en una nota enviada el jueves por la noche, y lo difundió en la red X: “He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa”, informó. En la presentación sostuvo que recibió la notificación N.º 4217 ese jueves a las 22.15, con un escrito de acusación de 15 páginas y anexos por unas 300 hojas, y que un plazo inferior a 12 horas no alcanza para elegir un abogado y reunir pruebas con las garantías del debido proceso.

El oficialismo ya anticipó que no concederá la prórroga. Núñez adelantó que el Senado la rechazará: “Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia”, afirmó. Sus declaraciones anticipan el rechazo, pero no constituyen una resolución formal de la Cámara alta.

Una renuncia fallida y un juicio político en marcha

El jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad impulsar el juicio político contra Peña, con los 78 legisladores presentes a favor, pese a que el presidente ya había anunciado su renuncia en un video difundido en sus redes. Antes, la Cámara había rechazado, por 48 votos contra 30, el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, que no alcanzó la mayoría constitucional requerida.

Después se convocó a una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la renuncia, pero se cayó por falta de quórum, tras el retiro de legisladores del Partido Colorado. El Senado siguió entonces con el proceso, designó a los legisladores que sostendrán la acusación y citó a Peña. Para destituirlo se necesitan dos tercios de los votos en Diputados y 30 de los 45 votos en el Senado.

La diferencia entre renunciar y ser destituido no es menor. Una renuncia le permitiría conservar un ingreso como senador vitalicio, algo que la oposición rechazó de plano, mientras que el juicio político le quitaría ese privilegio.

En paralelo, el Partido Colorado negoció la sucesión: Horacio Cartes, presidente del partido, se reunió con Alliana, el elegido para completar el mandato que vence en agosto de 2028, aunque el proceso contra Peña demora la formalización del nuevo Ejecutivo. Cartes había anunciado horas antes que acompañaba el juicio político “a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, y el propio Núñez había pedido la renuncia de Peña o, en su defecto, el juicio político.

Un pedido de perdón con condicional y acusaciones que aún no se probaron

En su mensaje de renuncia, Peña pidió disculpas con una salvedad: “quiero pedir disculpas al pueblo si he fallado”. El presidente que renunció para no ser destituido no reconoció responsabilidad alguna, solo la posibilidad de haber fallado.

La acusación, presentada el miércoles por 35 legisladores opositores y disidentes colorados, sostiene que Peña incurrió en conflicto de intereses: fue accionista de Ueno Holding, el conglomerado dueño del banco, hasta abril de 2025, designó a Carlos Carvallo al frente del Banco Central (que había presidido la Financiera Ueno, antecesora del banco) y toleró que el Instituto de Previsión Social concentrara fondos en la entidad por encima de los límites. Son acusaciones, no hechos probados. El cuestionamiento no es nuevo: en agosto de 2025, el dirigente colorado Alcides Ortega ya había pedido un juicio político por la condición de accionista de Peña y por un convenio de captación de fondos del IPS.

Ueno Bank: allanamientos, detenidos y ahorros congelados

El Banco Central de Paraguay inició el martes la resolución de Ueno Bank, un banco digital con unos 2,9 millones de clientes, luego de que su índice de solvencia cayera a cerca del 6%, la mitad del mínimo legal del 12%. Los depósitos quedaron inaccesibles por al menos 15 días. El Banco Central había detectado en junio indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo controlante, y la Fiscalía abrió una causa penal por presunta lesión de confianza, con ocho directivos detenidos. Peña apartó a Carvallo y designó en su lugar a Pedro De Jesús Acosta.

Este viernes, el agente fiscal Francisco Cabrera, a cargo de la causa, allanó una oficina del grupo Vázquez, donde incautó equipos informáticos, documentos y cajas fuertes, mientras se realizaban allanamientos en otras 13 compañías con posibles vínculos con el banco. La Policía Nacional custodia además la casa de Peña desde las 7.30, en medio del estallido social.

Unos 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social quedaron inmovilizados, con depósitos vinculados a unos 32.000 jubilados. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos 38.000 dólares) por depositante, y todo lo que exceda ese tope queda en el aire. El congelamiento de pagos también golpea a los Bomberos: miles de cuarteles limitaron sus tareas porque sus pagos están paralizados desde el martes. En medio de la crisis también renunció el ministro del Interior, Enrique Riera.

Lo que tenés que saber:

• Peña renunció el jueves pero sigue en el cargo: el Congreso no le aceptó la renuncia y la sesión conjunta para tratarla no tuvo quórum.
• Pidió 72 horas de prórroga para su defensa en el juicio político; Basilio Núñez anticipó que el Senado la rechazará.
• Diputados aprobó el juicio político por unanimidad y rechazó, por 48 votos contra 30, el pedido contra el vicepresidente Pedro Alliana.
• Para destituir a Peña se necesitan dos tercios en Diputados y 30 de los 45 votos del Senado.
• Por Ueno Bank hay ocho directivos detenidos y allanamientos a una oficina del grupo Vázquez y a otras 13 compañías, con casi tres millones de clientes con ahorros congelados.