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Hondurasgate: audios filtrados vinculan a Milei con una presunta red continental de desinformación

Una investigación periodística difundió grabaciones atribuidas al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. En los audios aparecen menciones a financiamiento, campañas digitales y estrategias contra gobiernos de la región. El Gobierno argentino todavía no respondió públicamente.

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Lo que tenés que saber

  • Una investigación de Diario Red y Hondurasgate difundió 37 audios atribuidos a Juan Orlando Hernández.
  • En las grabaciones se menciona a Javier Milei y un supuesto aporte de 350.000 dólares.
  • Los audios hablan de una estructura de “periodismo digital” para “golpear mediáticamente” gobiernos latinoamericanos.
  • Pablo Iglesias aseguró que la autenticidad de las voces fue sometida a validación forense.
  • Casa Rosada no emitió declaraciones sobre las acusaciones.
  • El expresidente hondureño negó la autenticidad del material difundido.
  • El caso generó repercusiones políticas en Argentina y otros países de la región.

Audios filtrados generan impacto político regional

La difusión de una serie de grabaciones atribuidas al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández desató una fuerte repercusión política en América Latina. El material fue publicado por Hondurasgate y Diario Red, medio dirigido por Pablo Iglesias, exreferente de Podemos en España.

Según la investigación, los audios exponen conversaciones sobre una supuesta estructura continental destinada a impulsar campañas mediáticas contra gobiernos progresistas de la región.

Entre los nombres mencionados aparece el presidente Javier Milei, vinculado en las grabaciones a un presunto aporte económico para financiar una unidad de “periodismo digital”.

Qué dicen los audios sobre Javier Milei

En una de las grabaciones difundidas, Hernández afirma: «Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya».

Otro fragmento agrega: «Le contaba al presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350.000 dólares también (…) estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte».

Pablo Iglesias explicó que la investigación solo puede confirmar que Hernández realiza esas afirmaciones en los audios, aunque aclaró que no existe verificación pública sobre el supuesto aporte económico.

La validación forense de las grabaciones

De acuerdo con Diario Red, el contenido pasó por procesos de verificación técnica mediante herramientas forenses de análisis de voz.

Iglesias señaló: «Las auditorías nos parecen de una calidad que supera los estándares periodísticos y que es óptima para publicar».

El periodista también sostuvo que las fuentes del material “son de primera calidad”, aunque sus identidades permanecen reservadas.

El silencio del Gobierno argentino

Hasta el cierre de la publicación original, el Gobierno nacional no realizó declaraciones oficiales sobre las acusaciones ni sobre las menciones al presidente argentino.

Mientras tanto, distintos dirigentes políticos comenzaron a pronunciarse sobre el caso. El diputado Nicolás Trotta afirmó: «Esto es gravísimo, Milei y su gobierno no tienen paz. No solo atacan la libertad de expresión en la Argentina, insultando, persiguiendo e intimidando periodistas y cerrando la sala de periodistas de la Casa Rosada, sino que ahora tomamos conocimiento que financian en Centroamérica una unidad para desprestigiar el gobierno de México, el gobierno de Colombia y el gobierno de Honduras».

Juan Orlando Hernández negó las acusaciones

El expresidente hondureño rechazó públicamente la autenticidad de los audios difundidos.

Hernández cumple una condena en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas. Según la investigación periodística, en las grabaciones también aparecen referencias a Donald Trump, Benjamín Netanyahu y estrategias políticas regionales.

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Irán declaró terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea por la medida unilateral de Milei

Teherán designó a la Armada y a la Fuerza Aérea como “organizaciones terroristas”, en represalia por inscribir al CGRI en el RePET. Invocó una ley de 2019 y atribuyó a Buenos Aires la responsabilidad por las consecuencias. La decisión de Milei fue ministerial, sin ley del Congreso ni fallo judicial.

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El Argentino Diario-Placa de la nota sobre Irán en un televisor de una redacción.

La Cancillería de Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”. Lo hizo en un comunicado oficial, en represalia por la inscripción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el registro argentino de entidades vinculadas al terrorismo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní presentó la medida como una respuesta recíproca a lo que describe como un paso “hostil” de Buenos Aires, contrario a principios fundamentales del derecho internacional, al designar como entidad terrorista al CGRI, al que Teherán señala como un componente oficial de sus Fuerzas Armadas.

Lo que dijo Teherán

La decisión, según el comunicado, se adopta al amparo de una ley de 2019 sobre medidas recíprocas, dictada tras la designación del CGRI como “organización terrorista” por Estados Unidos. El texto de esa norma, citado por la Cancillería iraní, establece que “todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de los Estados Unidos de América de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a una acción recíproca”.

El comunicado no menciona al Ejército Argentino y no anunció sanciones ni otras medidas concretas, más allá de la calificación. Advirtió: “Es evidente que el Gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta acción”.

Qué implica esa designación

La calificación es un acto unilateral del Gobierno de Teherán, que somete a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas a su norma de reciprocidad. El comunicado no precisó congelamiento de bienes, restricciones de tránsito ni disposiciones operativas sobre buques o aeronaves.

El 1 de noviembre, Irán aplicó el mismo mecanismo a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido, como publicó El Argentino Diario. En abril, después de la inscripción del CGRI en el RePET, la Cancillería argentina declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio 48 horas para dejar el país. El ministro Pablo Quirno confirmó entonces su salida.

Una decisión ministerial, sin Congreso ni sentencia

El Gobierno de Javier Milei anunció el 31 de marzo que declaraba al CGRI “organización terrorista” y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La formalización fue la Resolución Conjunta 3/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, firmada ese día por la ministra Alejandra Monteoliva y el ministro Pablo Quirno, y publicada el 6 de abril en el Boletín Oficial, cuando entró en vigencia.

No es una ley del Congreso ni una sentencia judicial. Es un acto administrativo del Ejecutivo, apoyado en el Decreto 918/2012, que habilita a ambos ministerios a pedir la inscripción en el RePET cuando consideren que hay “motivos fundados para sospechar” una amenaza externa a la seguridad nacional. Los considerandos invocan “informes de carácter reservado”.

El Comunicado Oficial 143 de la Oficina del Presidente, del 31 de marzo, sostuvo que esa inscripción habilita sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del CGRI en el país. Esa vía unilateral, sin aval legislativo ni de la Justicia, es la que ahora Teherán toma como base para señalar a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas.

Los atentados de los 90 y lo que dice la Justicia

La Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de su historia. El 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires: 29 muertos y más de 200 heridos. El 18 de julio de 1994, otro ataque demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA): 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, el peor atentado en suelo argentino.

El Comunicado Oficial 143 atribuye ambos ataques a Hezbolá, al que presenta como “el brazo operativo del CGRI en la región”, y afirma que las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia “determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. En virtud de ello, añade, la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, a quien el texto de marzo señaló como recién designado al frente del CGRI.

El Gobierno de Irán niega responsabilidad en esos atentados y rechaza las acusaciones contra sus funcionarios como infundadas, según la posición oficial de su Cancillería.

El costo del alineamiento

La Oficina del Presidente vinculó en marzo esa designación a un realineamiento: el Gobierno, dijo, está decidido a que la Argentina “vuelva a alinearse a la civilización occidental”. Teherán, en el comunicado de este miércoles, encuadró la decisión argentina en el acatamiento o el respaldo a la designación que Estados Unidos hizo del CGRI.

Hasta el cierre de esta nota, no trascendió una respuesta pública de Cancillería, del Ministerio de Defensa ni de Casa Rosada.

Lo que tenés que saber:

  • Irán declaró este miércoles “organizaciones terroristas” a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas.
  • Lo hizo en represalia por la inscripción del CGRI en el RePET, anunciada el 31 de marzo y formalizada el 6 de abril.
  • Esa inscripción fue una resolución conjunta de dos ministerios, sin ley del Congreso ni sentencia judicial.
  • Teherán invocó una ley de reciprocidad de 2019 y advirtió que el Gobierno argentino será responsable de las consecuencias derivadas de esta acción, sin detallarlas.
  • No trascendió, al cierre, una respuesta oficial de Buenos Aires.
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