El 12 de agosto de 2019, en pleno horario laboral y en las oficinas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Alberto Debiaggi, quien se desempeñaba como Director de Asuntos Jurídicos del organismo, abusó sexualmente de una trabajadora. La víctima, identificada solo como Cecilia para resguardar su identidad, relató los hechos a la Revista Cítrica en 2019.

La denuncia fue presentada de inmediato en sede penal y administrativa. Sin embargo, la respuesta institucional no fue la protección que la trabajadora merecía. El presidente del INAES, Marcelo Collomb, se negó en forma reiterada a apartar a Debiaggi del organismo, pese a las audiencias personales y los requerimientos formales de la junta interna de ATE y de las trabajadoras del organismo.

Cecilia debió tomarse licencia psiquiátrica primero, y por violencia de género después. Le redujeron el sueldo. Debiaggi, en cambio, siguió concurriendo al organismo.

Represalias y solidaridad

La situación no quedó ahí. Según informó la propia junta interna de ATE INAES, como represalia por el acompañamiento sindical a la denunciante, dos delegados fueron denunciados penalmente por supuestas amenazas, una acusación que los propios trabajadores calificaron como «armada«. Ni esa maniobra logró frenar el avance judicial.

En 2021, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Debiaggi al considerar que existían elementos probatorios suficientes para avanzar al debate oral. Aun así, la causa tardó cinco años más en llegar al juicio.

El juicio y la condena

El juicio oral y público en la causa «Debiaggi, Carlos Alberto s/ infr. art. 119, 1° CP» se inició el 18 de marzo de 2026 ante la Justicia federal. Semanas después, el veredicto llegó: CULPABLE.

La junta interna de ATE INAES celebró la condena como «una conquista histórica» y subrayó que la victoria no hubiera sido posible sin «un sindicato que acompañe y se plante» y sin la sororidad de decenas de trabajadoras del organismo y delegadas de otras juntas que sostuvieron a la trabajadora durante años.

La causa también expuso los antecedentes de violencia de género de Debiaggi: según señaló en su momento ATE INAES en comunicado oficial, el ex funcionario registraba además una causa por violencia doméstica impulsada por su ex pareja, y diversas situaciones no denunciadas formalmente por temor por parte de otras trabajadoras de su Dirección.

Una victoria, un síntoma

El caso Debiaggi ilustra con crudeza una realidad extendida en el ámbito laboral estatal: la denuncia no garantiza la protección, no es la primera vez que denunciantes son despedidas o forzadas a tomarse «licencias». La trabajadora fue quien pagó las consecuencias inmediatas, mientras el agresor, amparado por el silencio institucional, continuó en funciones.

Siete años de proceso judicial, licencias forzadas, reducción salarial, represalias sindicales y una burocracia que prefirió mirar para otro lado antes de actuar. La condena es justa y necesaria. Pero también es la prueba de todo lo que aún falta construir para que el Estado deje de ser un lugar peligroso para quienes se atreven a denunciar.

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