Milei ignoró la ley, desoyó a los jueces: ahora las universidades le hablan a la Corte Suprema

★ Una nueva marea universitaria colmó las calles del país este martes en lo que se denominó la Cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y en rechazo al incumplimiento sistemático del Poder Ejecutivo Nacional.

Rectores, docentes, no docentes y estudiantes de todo el país confluyeron en la exigencia de que la Corte Suprema de Justicia intervenga y no permita que el Gobierno de Javier Milei continúe ignorando tanto la norma sancionada por el Congreso como los fallos judiciales que ordenaron su aplicación.

Un reclamo que se acumula desde diciembre de 2023

La Federación Universitaria Argentina (FUA), a cargo de la lectura del documento de cierre de la marcha, precisó que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a los Gastos de Funcionamiento de las universidades «no ha superado, en ninguno de los meses de la gestión» de Milei, «el 64% del que tenía en enero de 2023». La FUA advirtió además que desde diciembre de 2023 «se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias».

Esos números se enmarcan en un proceso de ajuste sostenido: según datos sistematizados por el IIEP (UBA-CONICET), los recortes reales acumulados en el financiamiento universitario desde el inicio de la gestión libertaria representan una caída superior al 30%, en paralelo a un desmantelamiento generalizado del gasto social que también afectó los programas sociales, las transferencias a las provincias y la inversión pública en infraestructura.

La acusación al Ejecutivo: ruptura del Estado de Derecho

El texto leído por la FUA fue categórico en su diagnóstico político: «El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.»

El documento cerró con una afirmación que condensa el espíritu de la movilización: «Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.»

La gravedad del planteo no es menor: los estudiantes no solo reclaman fondos, sino que denuncian una fractura en la división de poderes que trasciende la disputa presupuestaria y pone en cuestión el funcionamiento institucional del país.

Quiénes marcharon

La movilización convocó a las principales expresiones del sistema universitario y sindical. Estuvieron presentes Franco Bartolacci y Anselmo Torres, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respectivamente, junto a los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y la federación de no docentes FATUN.

Bajo el escenario se ubicó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a senadores, diputados y legisladores porteños del peronismo, el FIT y el Nuevo MAS. La CGT y las dos CTA también participaron con sus respectivas columnas, exigiendo la recomposición salarial para docentes y no docentes y el financiamiento para el funcionamiento de universidades y hospitales universitarios. La comunidad científica, en particular los sectores ligados a la investigación, se sumó a la marcha describiendo su situación como «un límite», marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La apelación a la Corte Suprema

El pedido al máximo tribunal resultó uno de los ejes centrales de la jornada. Rectores, docentes y estudiantes reclamaron que la Corte «los acompañe» y «no permita» que el Ejecutivo siga desconociendo la ley vigente. La invocación al Poder Judicial es, en sí misma, una señal del agotamiento de otras vías: el Congreso ya aprobó la norma con amplias mayorías, los jueces ya emitieron fallos ordenando su cumplimiento inmediato, y el Gobierno continúa sin transferir los fondos en los montos y plazos establecidos.

La movilización se replicó en todas las provincias del país, ratificando que la crisis universitaria no es una cuestión circunscripta a las grandes ciudades, sino una preocupación extendida en todo el territorio nacional. «La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia», concluyó el documento leído por la FUA.

Puntos clave:

• El presupuesto universitario no superó el 64% de su poder adquisitivo de enero de 2023 en ningún mes de la gestión Milei.
• Desde diciembre de 2023 se perdió el equivalente a casi 9 meses de transferencias a las universidades.
• La FUA acusó al Ejecutivo de «alzarse» contra los otros poderes del Estado al ignorar la Ley N° 27.795 y los fallos judiciales.
• La marcha contó con el apoyo de la CGT, las dos CTA, el CIN y las principales federaciones docentes y no docentes del país.
• Los manifestantes apelaron a la Corte Suprema para que intervenga y fuerce el cumplimiento de la ley de financiamiento.