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Educación

La cuarta marcha federal exige que la Corte obligue a Milei a cumplir la ley universitaria

Por cuarta vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei, rectores, docentes y estudiantes se movilizaron en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Federación Universitaria Argentina denunció que el presupuesto universitario no superó en ningún mes el 64% del poder adquisitivo que tenía en enero de 2023.

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Milei ignoró la ley, desoyó a los jueces: ahora las universidades le hablan a la Corte Suprema

★ Una nueva marea universitaria colmó las calles del país este martes en lo que se denominó la Cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y en rechazo al incumplimiento sistemático del Poder Ejecutivo Nacional.

Rectores, docentes, no docentes y estudiantes de todo el país confluyeron en la exigencia de que la Corte Suprema de Justicia intervenga y no permita que el Gobierno de Javier Milei continúe ignorando tanto la norma sancionada por el Congreso como los fallos judiciales que ordenaron su aplicación.

Un reclamo que se acumula desde diciembre de 2023

La Federación Universitaria Argentina (FUA), a cargo de la lectura del documento de cierre de la marcha, precisó que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a los Gastos de Funcionamiento de las universidades «no ha superado, en ninguno de los meses de la gestión» de Milei, «el 64% del que tenía en enero de 2023». La FUA advirtió además que desde diciembre de 2023 «se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias».

Esos números se enmarcan en un proceso de ajuste sostenido: según datos sistematizados por el IIEP (UBA-CONICET), los recortes reales acumulados en el financiamiento universitario desde el inicio de la gestión libertaria representan una caída superior al 30%, en paralelo a un desmantelamiento generalizado del gasto social que también afectó los programas sociales, las transferencias a las provincias y la inversión pública en infraestructura.

La acusación al Ejecutivo: ruptura del Estado de Derecho

El texto leído por la FUA fue categórico en su diagnóstico político: «El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.»

El documento cerró con una afirmación que condensa el espíritu de la movilización: «Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.»

La gravedad del planteo no es menor: los estudiantes no solo reclaman fondos, sino que denuncian una fractura en la división de poderes que trasciende la disputa presupuestaria y pone en cuestión el funcionamiento institucional del país.

Quiénes marcharon

La movilización convocó a las principales expresiones del sistema universitario y sindical. Estuvieron presentes Franco Bartolacci y Anselmo Torres, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respectivamente, junto a los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y la federación de no docentes FATUN.

Bajo el escenario se ubicó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a senadores, diputados y legisladores porteños del peronismo, el FIT y el Nuevo MAS. La CGT y las dos CTA también participaron con sus respectivas columnas, exigiendo la recomposición salarial para docentes y no docentes y el financiamiento para el funcionamiento de universidades y hospitales universitarios. La comunidad científica, en particular los sectores ligados a la investigación, se sumó a la marcha describiendo su situación como «un límite», marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La apelación a la Corte Suprema

El pedido al máximo tribunal resultó uno de los ejes centrales de la jornada. Rectores, docentes y estudiantes reclamaron que la Corte «los acompañe» y «no permita» que el Ejecutivo siga desconociendo la ley vigente. La invocación al Poder Judicial es, en sí misma, una señal del agotamiento de otras vías: el Congreso ya aprobó la norma con amplias mayorías, los jueces ya emitieron fallos ordenando su cumplimiento inmediato, y el Gobierno continúa sin transferir los fondos en los montos y plazos establecidos.

La movilización se replicó en todas las provincias del país, ratificando que la crisis universitaria no es una cuestión circunscripta a las grandes ciudades, sino una preocupación extendida en todo el territorio nacional. «La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia», concluyó el documento leído por la FUA.

Puntos clave:

  • El presupuesto universitario no superó el 64% de su poder adquisitivo de enero de 2023 en ningún mes de la gestión Milei.
  • Desde diciembre de 2023 se perdió el equivalente a casi 9 meses de transferencias a las universidades.
  • La FUA acusó al Ejecutivo de «alzarse» contra los otros poderes del Estado al ignorar la Ley N° 27.795 y los fallos judiciales.
  • La marcha contó con el apoyo de la CGT, las dos CTA, el CIN y las principales federaciones docentes y no docentes del país.
  • Los manifestantes apelaron a la Corte Suprema para que intervenga y fuerce el cumplimiento de la ley de financiamiento.

Educación

CONADU Histórica inicia un paro de una semana por la ley de financiamiento, días después del Papa

La federación docente realiza un paro hasta el miércoles 18 y reclama el cumplimiento de la ley, la deuda salarial y un Presupuesto 2027 que la respete. El oficialismo busca llevar ese proyecto al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre.

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El Argentino Diario-Financiamiento Universitario-UBA-Universidades-Educación Superior.

La CONADU Histórica inició este jueves un paro nacional de una semana en las universidades públicas, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que, según denuncia, el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, y un Presupuesto 2027 que respete esa norma. La medida llega cuatro días después del discurso de León XIV en el Palacio Libertad, que pidió robustecer la universidad.

La decisión se tomó el viernes 6 de noviembre, en un Congreso Extraordinario con 81 representantes de asociaciones de base, que aprobaron la semana de paro por amplia mayoría. La Asociación Gremial Docente de la UBA remarcó que el proyecto de presupuesto del año próximo debe respetar lo que establece la ley.

El Congreso también resolvió, por unanimidad, una huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Parlamento. Además, pondrá en consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre y debatirá medidas para el inicio del ciclo 2027 si el Gobierno sigue sin aplicar la ley. El personal nodocente de la FATUN suma paros de 24 horas este jueves y el lunes 16, en el mismo reclamo.

El oficialismo busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre, según se informó. Esta tarde se reúne con los bloques aliados, que reclaman cambios; el radicalismo insistirá con el financiamiento universitario. Si el debate fuera el 18, coincidiría con el último día de la semana de paro.

La ley, el veto y la Justicia

La Ley 27.795 fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso después del veto presidencial. El Poder Ejecutivo la promulgó con el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa cláusula y ordenó cumplir la norma. El Gobierno apeló y, el 9 de octubre, el magistrado concedió el recurso: ahora decide la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Según esa resolución, seguía vigente la cautelar que ordena recomponer salarios docentes y becas. La CONADU Histórica sostiene que el Gobierno la continúa incumpliendo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Gobierno incumple. En un documento que su presidente, Franco Bartolacci, entregó al Papa en Roma el 23 de octubre, afirmó que el Ejecutivo “desconoce los otros dos poderes de la República” al ignorar la ley y desoír los fallos que ordenan su cumplimiento inmediato. El conflicto tuvo su expresión callejera en la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, frente al Congreso.

El Presupuesto 2027 y los salarios

El CIN pidió 11 billones de pesos para 2027, un 33% más que lo previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Bartolacci, que además es rector de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió ante los legisladores: “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”. Su vicepresidente, Anselmo Torres, agregó: “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”.

En una entrevista reciente, Bartolacci situó el reclamo salarial en el centro del conflicto. Dijo que alrededor del 70% de los trabajadores docentes y nodocentes de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos mensuales. “Eso te provoca muchas cosas: renuncias, perdés recursos humanos muy valiosos (…). Cuando no tenés renuncia, tenés cada vez más extendido el pluriempleo, porque ante la dificultad salarial, para poder vivir incorporan otros trabajos”, explicó. Y sumó: “Mucho cansancio, malestar en la comunidad, por la situación salarial por supuesto, pero también por el destrato y la desconsideración del gobierno nacional”.

El mensaje del Papa y la discusión en el Congreso

El domingo 8 de noviembre, en su primer discurso ante las autoridades, en el Palacio Libertad, León XIV dijo: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. Y agregó: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. El texto no menciona la ley, el presupuesto ni los salarios universitarios.

Bartolacci participó el lunes 9 del encuentro del Papa con instituciones y el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. “Está muy bien aplaudir efusivamente un mensaje cargado de afirmaciones trascendentes sobre casi todos los temas importantes que enfrenta el país. Pero valorar el mensaje exige algo más: escucharlo más atentamente y hacerlo carne en nuestras prácticas cotidianas”, señaló. En el Congreso, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó: “Que haya partidas para educación, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.

Lo que tenés que saber:

  • La CONADU Histórica paró desde este jueves y hasta el miércoles 18 de noviembre, por una resolución del Congreso Extraordinario del 6 de noviembre.
  • Reclama que se cumpla la Ley 27.795, el pago de la deuda salarial y un Presupuesto 2027 acorde a esa norma.
  • Habrá otra huelga de 24 horas el día en que el Congreso trate el Presupuesto; el oficialismo apunta al 18 o al 25 de noviembre. Los exámenes de diciembre quedaron en consulta.
  • La Justicia declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la ley; el Gobierno apeló y la Cámara decide.
  • El CIN pidió 11 billones para 2027, un 33% más que el proyecto oficial, y Bartolacci advirtió que sin cambios será muy difícil abrir las universidades.
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