Política 📢
Cumbre del Mercosur: Milei y Lula enfrentan visiones opuestas en un encuentro clave
Los líderes regionales se reúnen en el Palacio San Martín para discutir la integración, el acuerdo con la Unión Europea y el futuro del bloque. Las tensiones ideológicas entre el presidente argentino y su par brasileño marcan la agenda.
El Palacio San Martín volverá a ser escenario de una cumbre clave para América del Sur. Este martes y miércoles se llevará a cabo la LXVI reunión del Mercosur en un contexto atravesado por disputas ideológicas y estrategias divergentes sobre el futuro del bloque. El presidente Javier Milei deberá ceder la presidencia pro tempore a su par brasileño Luiz Inácio «Lula» da Silva, en medio de un cruce silencioso pero latente que define dos modelos opuestos de inserción regional.
Milei apuesta por una apertura radical de la economía argentina al mercado global y promueve acuerdos bilaterales con potencias como Estados Unidos. Lula, en cambio, sostiene una visión integracionista basada en la soberanía regional, la defensa del medio ambiente y el fortalecimiento del bloque como escudo frente a las presiones externas.
La cumbre, que convocará también a los presidentes de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y otros Estados asociados, estará marcada por un contrapunto político, económico y simbólico, donde las estrategias diplomáticas se entrecruzarán con el clima de desconfianza acumulado en los últimos meses.
Del libre mercado al regionalismo: dos modelos en disputa
Durante su mandato temporal en el Mercosur, Milei evitó rupturas formales pero mantuvo una distancia crítica con la estructura del bloque. En un principio, incluso llegó a sugerir una salida unilateral de Argentina, aunque luego moderó su discurso ante la presión del sector exportador y las necesidades energéticas vinculadas con Brasil.
Lula, en cambio, asume la conducción del bloque con el objetivo de reimpulsar su rol estratégico a nivel global, con énfasis en la defensa ambiental, la integración soberana y la consolidación de acuerdos comunes frente a las potencias. Para el mandatario brasileño, el Mercosur sigue siendo “una herramienta de defensa económica y política del sur global”.
El traspaso de la presidencia marcará un giro discursivo y programático. Mientras Milei insistirá en flexibilizar el Arancel Externo Común para permitir negociaciones bilaterales más agresivas —principalmente con Estados Unidos—, Lula impulsará una agenda orientada a reforzar las cadenas de valor regionales y profundizar los lazos con los BRICS.
El acuerdo con la Unión Europea: consensos, trabas y urgencias
Uno de los puntos más relevantes de la cumbre será el estado del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El tratado, negociado durante más de dos décadas, enfrenta resistencias en varios países europeos —como Francia, Austria y Países Bajos— que rechazan la flexibilización de las barreras comerciales en nombre de la defensa de sus productores y la protección ambiental.
Pese a esas trabas, los países del Mercosur coinciden en la necesidad de avanzar en su ratificación. Sin embargo, los matices persisten: Paraguay y Uruguay exigen mayor margen para abrir sus economías individualmente; Brasil quiere usar el acuerdo para posicionarse como potencia ambiental global; y Argentina apunta a ampliar las excepciones al arancel común para abrirse a otros mercados.
Lula y Cristina: una posible reunión con peso simbólico
Más allá del cronograma oficial, el foco político de la semana estará puesto en un posible encuentro entre Lula da Silva y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. Si el encuentro se concreta, representará un gesto de alto voltaje político: un mensaje regional de respaldo a la exmandataria y un abierto cuestionamiento al rumbo que encarna Milei.
Para Brasil, la figura de Cristina sigue teniendo relevancia como parte de un entramado de liderazgos progresistas en América Latina. Para Milei, en cambio, la reunión se interpretaría como una provocación directa. El gesto podría tensar aún más una cumbre ya marcada por la distancia entre las partes.
Agenda técnica y definiciones clave
El miércoles comenzarán las reuniones técnicas, que incluirán encuentros de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales, cancilleres y delegaciones de los Estados parte y asociados. El jueves 3 de julio será el día central, con la sesión plenaria de los jefes de Estado, donde se espera un documento conjunto que refleje los consensos alcanzados y las tensiones persistentes.
Aunque el gobierno argentino apuesta por una cumbre “fría pero productiva”, la escena está cargada. La necesidad de sostener el vínculo con Brasil por razones energéticas —como las exportaciones de gas desde Vaca Muerta al polo industrial de San Pablo— obliga a mantener una diplomacia pragmática, pese a las profundas diferencias ideológicas entre Milei y Lula.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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