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Energía

Milei en campaña: apelará el fallo YPF y culpa a Kicillof por la crisis judicial

El jefe de Estado argentino confirmó que recurrirá «en todas las instancias» la decisión de entregar el 51% de la petrolera estatal, pero en pleno año electoral utiliza la crisis para atacar al gobernador bonaerense y desligarse de responsabilidades.

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Javier Milei anunció que Argentina apelará el fallo de la jueza Loretta Preska que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos buitre, pero aprovechó la crisis para lanzar duros ataques contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la situación judicial adversa.

Estrategia de deflexión política

«Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK», escribió Milei en su cuenta de X.

El Argentino Diario-Tuit de Javier Milei.
Tuit de Javier Milei.

El mandatario utilizó la crisis institucional para atacar en plano año electoral al principal referente de la oposición bonaerense, añadiendo: «Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires».

Promesa de defensa jurídica

Pese a la retórica confrontativa, Milei confirmó que su gobierno implementará una estrategia de defensa legal: «Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales».

El presidente concluyó su mensaje con un agregado personal: «Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. PD: yo avisé que el soviético es un pelotudo!»

Plazos acotados para la apelación

La apelación deberá presentarse rápidamente, ya que el fallo establece que las acciones deben entregarse en un plazo de 15 días. La Procuraduría General de la Nación no quiso hacer declaraciones ante la consulta de los medios sobre la estrategia legal a seguir.

Antecedentes del caso judicial

El caso se origina en la expropiación de YPF realizada en 2012, cuando Kicillof se desempeñaba como viceministro de Economía y encabezó la estrategia para nacionalizar la empresa que pertenecía a la española Repsol. El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio contra el país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado.

Perspectivas jurídicas complejas

Según fuentes con conocimiento de la causa, «la decisión es absolutamente inédita (por eso se opuso el Departamento de Justicia del gobierno de EEUU en su escrito amicus respaldando la postura de la defensa argentina). Se puede apelar y la propia Preska, o en su caso la Court of Appeals, debería suspender los efectos de esta decisión».

Las mismas fuentes indicaron que «es imposible que sin aprobación de Congreso se entreguen las acciones. Si Milei quisiera hacerlo, sería un problema para Burford porque debería hacer una oferta pública, algo que ni por cerca quiere hacer».

Escenario de negociación forzada

El CEO de Latin Advisors, Sebastián Maril, explicó que «desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que un día de estos una corte le diga que su propietario no es el Gobierno, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford, y listo».

Maril advirtió que «Argentina va a apelar, sin dudas, algo que puede durar un año y medio, y podría haber negociaciones en el medio, algo que hasta ahora el país nunca quiso hacer. Ahora deberá hacerlas».

Un gobierno que busca desligarse

La estrategia comunicacional de Milei evidencia un intento de desligarse de responsabilidades en la crisis, trasladando toda la culpa a gestiones anteriores. Sin embargo, la realidad es que su gobierno debe enfrentar las consecuencias judiciales y buscar alternativas de negociación que hasta ahora había rechazado.

La apelación prometida por el presidente se convertirá en una prueba de fuego para su capacidad de defender los intereses nacionales más allá de la retórica confrontativa que caracteriza su gestión.

Puntos Clave:

  • Milei confirmó que apelará el fallo «en todas las instancias» disponibles
  • El presidente responsabilizó directamente a Kicillof por la crisis judicial
  • Argentina tiene apenas 15 días para presentar la apelación del fallo
  • Fuentes jurídicas consideran «absolutamente inédita» la decisión de Preska
  • El proceso de apelación podría durar un año y medio, con posibles negociaciones

Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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El-Argentino-Electricidad energía luz

La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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