La Justicia federal avanza sobre la red de coimas que habría operado bajo el sistema SIRA

★ La Justicia federal avanza sobre una presunta trama de corrupción que habría operado en paralelo al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 bajo la conducción económica de Sergio Massa y la gestión de Matías Tombolini al frente de la Secretaría de Comercio Interior.

La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, apunta a una supuesta «gestoría paralela» mediante la cual empresarios habrían abonado sobornos equivalentes al 10% y el 15% del valor de las operaciones para acceder al dólar oficial en un mercado cambiario severamente restringido.

La «gestoría paralela»: un peaje para importar con dólares oficiales

Según la investigación judicial, el esquema habría funcionado como un circuito privado de aceleración de trámites: quienes pagaban accedían al dólar oficial «al toque», mientras el común de los empresarios aguardaba hasta 120 días para obtener los mismos permisos.

Los montos bajo análisis podrían alcanzar cientos de millones de dólares, con al menos cuatro operaciones concretas identificadas. El fiscal Picardi ordenó más de 30 allanamientos, el secuestro de computadoras, teléfonos celulares y documentación, y solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas, según información difundida por La Nación en base a fuentes judiciales.

El financista Migueles y ARG Exchange: el corazón del esquema

El expediente tomó impulso a partir de una causa anterior vinculada al mercado paralelo de divisas. Los peritajes telefónicos incorporados revelaron comunicaciones que describían presiones para destrabar permisos de importación. El nombre más visible de la investigación es el del financista Martín Migueles, conocido públicamente por su vínculo con Wanda Nara.

Según el dictamen fiscal citado en distintos medios, Migueles habría estado vinculado a la casa de cambio ARG Exchange, que por sí sola habría manejado alrededor de 250 millones de dólares, y a otras estructuras que también se encuentran bajo análisis. Una veintena de agencias adicionales y tres bancos privados integran el universo investigado.

Los audios y videos secuestrados en los allanamientos muestran, según información difundida por Clarín, a Migueles celebrando el aumento de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue, en alusión directa al crecimiento de sus ganancias. El material incluye imágenes de bienes de lujo (un Porsche, una Ford Raptor, una propiedad en el Yacht Club de Nordelta con jacuzzi y pileta) y referencias a celebraciones en boliches de alta gama. Migueles también habría recurrido a un falsificador especializado para adulterar facturas de servicios públicos y utilizarlas en trámites de habilitación de casas de cambio.

Los funcionarios imputados: el BCRA en el banquillo

Cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentran formalmente imputados: Fabián Violante (gerente principal), Diego Volcic y María Valeria Fernández (inspectores jefe de Supervisión), y Analía Jaime y Romina García (inspectoras generales de Supervisión). Todos entregaron sus teléfonos y claves a la Justicia, con excepción de García, que no proporcionó la contraseña de su dispositivo.

Entre los dueños de casas de cambio imputados figuran Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y el propio Martín Migueles. También aparece en el expediente Daniel Chiliutti, quien se desempeñaba como director general de Relaciones Comunitarias y Programas Especiales de la Municipalidad de Tigre y habría intervenido en la habilitación de la agencia ARG Exchange en esa localidad, según el dictamen del fiscal.

El foco sobre Comercio: el nombre que la Justicia aún reserva

La investigación avanza también sobre la estructura de la Secretaría de Comercio que condujo Tombolini. El fiscal Picardi, según fuentes judiciales, habría identificado a dos de los cuatro empresarios que presuntamente pagaron sobornos, y aguarda resultados de pruebas pendientes para avanzar formalmente sobre un exfuncionario de esa dependencia, cuyo nombre se mantiene bajo reserva hasta completar el circuito documental.

Distintos medios señalaron que el número dos de la Secretaría de Comercio entre 2019 y 2023 fue Germán Cervantes, quien se desempeñó como subsecretario de Política y Gestión Comercial y tuvo intervención directa en el manejo del sistema de importaciones durante el período investigado.

Es relevante señalar que en diciembre de 2023, ante una denuncia anterior vinculada al mismo tema, el fiscal Eduardo Taiano solicitó archivar la causa contra seis funcionarios de la Secretaría de Comercio, incluido el propio Tombolini. El juez Julián Ercolini homologó el requerimiento y sobreseyó a los seis imputados. La actual investigación es una causa distinta, derivada de otra pesquisa, y no replica aquel expediente archivado.

El nepotismo que no cesa: la esposa de Tombolini, asesora ad honorem

En paralelo al avance judicial, volvió a instalarse la discusión sobre la designación de María Magdalena Stroman, esposa de Tombolini, como asesora ad honorem en la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, en abril de 2023. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establecía que la funcionaria no percibiría remuneración por sus tareas.

Lo que el documento oficial no explicita es que Stroman había integrado, en 2019, la lista de candidatos a legisladores porteños de Consenso Federal, el mismo espacio político de Tombolini. La designación se produjo en pleno debate público sobre las demoras y las irregularidades denunciadas en el funcionamiento del sistema SIRA.

Un sistema diseñado para la discrecionalidad

El SIRA fue creado para administrar el acceso a divisas en un contexto de cepo cambiario y fuertes restricciones a las importaciones. En la práctica, involucraba a varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la propia Secretaría de Comercio.

Esa arquitectura institucional, donde la discrecionalidad era estructural y la brecha cambiaria otorgaba una renta extraordinaria a quienes podían saltear la fila, generó las condiciones para el supuesto esquema de corrupción que hoy investiga la Justicia. Que ese terreno haya sido aprovechado por funcionarios concretos es lo que el expediente intenta probar.

Puntos clave

• La Justicia federal investiga sobornos del 10% al 15% del valor de operaciones de importación durante la vigencia del sistema SIRA (octubre 2022-diciembre 2023).
• El fiscal Picardi ordenó más de 30 allanamientos y solicitó el levantamiento del secreto fiscal de 50 personas físicas y jurídicas.
• El financista Martín Migueles y la casa de cambio ARG Exchange (con operaciones por alrededor de USD 250 millones) son figuras centrales del expediente.
• Cinco funcionarios del BCRA están formalmente imputados; un exfuncionario de la Secretaría de Comercio permanece bajo investigación con nombre bajo reserva.
• Tombolini fue sobreseído en diciembre de 2023 en una causa anterior; la actual investigación es un expediente distinto y aún no lo señala formalmente.