Energía
Jueza de Nueva York ordenó entregar 51% de YPF a fondos buitre en 14 días
La magistrada Loretta Preska dictó una resolución que atenta contra la soberanía energética argentina al exigir la cesión del control de la petrolera estatal en un plazo de 14 días como parte del pago de una condena de US$ 16.100 millones.
La jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó una orden de ejecución que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Petersen Energía y Eton Park dentro de los próximos 14 días. La resolución forma parte del cobro de una sentencia de US$ 16.100 millones por la expropiación de la petrolera realizada en 2012.
Un fallo que ignora la soberanía energética
La decisión judicial constituye un ataque directo a la soberanía energética argentina, ya que pretende entregar el control de la principal empresa petrolera del país a fondos especulativos extranjeros. Según la orden, «se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».
La magistrada estadounidense determinó además «instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».
Argumentos jurídicos cuestionables
Preska se amparó en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para justificar su decisión, sosteniendo que «la propiedad de un estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación».
El tribunal dictaminó que «el uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en los Estados Unidos (incluyendo el programa de ADR, la cotización en la NYSE, el registro en la SEC y la venta de deuda a inversores estadounidenses) cumple con este requisito».
Desconocimiento de la legislación argentina
La resolución desconoce abiertamente la legislación argentina, específicamente el Artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF (Ley 26.741), que establece restricciones a la transferencia de acciones. Preska argumentó que no existe un «verdadero conflicto» entre la ley argentina y lo solicitado por los demandantes, ya que Argentina tiene opciones legales para cumplir, como «obtener el permiso del Congreso, cambiar la ley o satisfacer el fallo mediante un acuerdo».
La jueza indicó que «incluso si hubiera un conflicto, las consideraciones de comunidad internacional favorecen la concesión del alivio solicitado por los demandantes debido al fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias».
Impacto en el mercado y antecedentes
La noticia, difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, golpeó inmediatamente las acciones de YPF en Wall Street, registrando un desplome superior al 5% en su cotización.
Paradójicamente, la decisión de Preska va en contra del pedido del propio gobierno de Estados Unidos, que en septiembre del año pasado solicitó que no avanzara en la entrega de acciones de YPF a beneficiarios del fallo.
Las claves del fallo judicial
El fallo «Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic» se originó por el incumplimiento de la cláusula de oferta pública tras la estatización de YPF en 2012. La resolución establece plazos estrictos: depósito en el Bank of New York Mellon dentro de 14 días y traspaso a los fondos en un día hábil posterior.
La magistrada aplicó la excepción comercial de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y rechazó los argumentos de inmunidad planteados por el gobierno argentino. Además, consideró que las acciones son plenamente transferibles, pese a la prohibición contenida en la legislación nacional.
Consecuencias y opciones de defensa
La resolución judicial puede ser apelada ante la Corte de Apelación. El gobierno argentino ya había apelado en 2023 la condena inicial, aunque debería haber depositado una garantía para evitar que comenzaran los embargos.
Si Argentina incumple la orden, los demandantes pueden solicitar sanciones civiles y nuevos embargos sobre activos soberanos, lo que agravaría aún más la situación del país en el sistema judicial estadounidense.
Puntos Clave:
- La jueza Loretta Preska ordenó entregar el 51% de YPF a fondos buitre en 14 días como pago de US$ 16.100 millones
- La resolución desconoce la legislación argentina y atenta contra la soberanía energética nacional
- Las acciones de YPF cayeron más del 5% en Wall Street tras conocerse la decisión
- Argentina puede apelar la resolución ante la Corte de Apelación estadounidense
- El fallo va contra la recomendación del propio gobierno de Estados Unidos de no avanzar con la entrega
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Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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