La jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó una orden de ejecución que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Petersen Energía y Eton Park dentro de los próximos 14 días. La resolución forma parte del cobro de una sentencia de US$ 16.100 millones por la expropiación de la petrolera realizada en 2012.

Un fallo que ignora la soberanía energética

La decisión judicial constituye un ataque directo a la soberanía energética argentina, ya que pretende entregar el control de la principal empresa petrolera del país a fondos especulativos extranjeros. Según la orden, «se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».

La magistrada estadounidense determinó además «instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».

Argumentos jurídicos cuestionables

Preska se amparó en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para justificar su decisión, sosteniendo que «la propiedad de un estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación».

El tribunal dictaminó que «el uso por parte de Argentina de sus acciones de control para dirigir la actividad comercial de YPF en los Estados Unidos (incluyendo el programa de ADR, la cotización en la NYSE, el registro en la SEC y la venta de deuda a inversores estadounidenses) cumple con este requisito».

Desconocimiento de la legislación argentina

La resolución desconoce abiertamente la legislación argentina, específicamente el Artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF (Ley 26.741), que establece restricciones a la transferencia de acciones. Preska argumentó que no existe un «verdadero conflicto» entre la ley argentina y lo solicitado por los demandantes, ya que Argentina tiene opciones legales para cumplir, como «obtener el permiso del Congreso, cambiar la ley o satisfacer el fallo mediante un acuerdo».

La jueza indicó que «incluso si hubiera un conflicto, las consideraciones de comunidad internacional favorecen la concesión del alivio solicitado por los demandantes debido al fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias».

Impacto en el mercado y antecedentes

La noticia, difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, golpeó inmediatamente las acciones de YPF en Wall Street, registrando un desplome superior al 5% en su cotización.

Paradójicamente, la decisión de Preska va en contra del pedido del propio gobierno de Estados Unidos, que en septiembre del año pasado solicitó que no avanzara en la entrega de acciones de YPF a beneficiarios del fallo.

Las claves del fallo judicial

El fallo «Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic» se originó por el incumplimiento de la cláusula de oferta pública tras la estatización de YPF en 2012. La resolución establece plazos estrictos: depósito en el Bank of New York Mellon dentro de 14 días y traspaso a los fondos en un día hábil posterior.

La magistrada aplicó la excepción comercial de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y rechazó los argumentos de inmunidad planteados por el gobierno argentino. Además, consideró que las acciones son plenamente transferibles, pese a la prohibición contenida en la legislación nacional.

Consecuencias y opciones de defensa

La resolución judicial puede ser apelada ante la Corte de Apelación. El gobierno argentino ya había apelado en 2023 la condena inicial, aunque debería haber depositado una garantía para evitar que comenzaran los embargos.

Si Argentina incumple la orden, los demandantes pueden solicitar sanciones civiles y nuevos embargos sobre activos soberanos, lo que agravaría aún más la situación del país en el sistema judicial estadounidense.

Puntos Clave:

• La jueza Loretta Preska ordenó entregar el 51% de YPF a fondos buitre en 14 días como pago de US$ 16.100 millones
• La resolución desconoce la legislación argentina y atenta contra la soberanía energética nacional
• Las acciones de YPF cayeron más del 5% en Wall Street tras conocerse la decisión
• Argentina puede apelar la resolución ante la Corte de Apelación estadounidense
• El fallo va contra la recomendación del propio gobierno de Estados Unidos de no avanzar con la entrega