La Justicia de Santa Fe ordenó la suspensión por 90 días del cobro de las cuotas de un crédito obtenido mediante una estafa a través de una billetera virtual. La víctima, una mujer jubilada, recibió un llamado telefónico de un supuesto empleado de una empresa de telefonía e internet que le ofreció un “descuento especial para jubilados”. Durante la comunicación, le pidieron ingresar a un enlace que facilitó el acceso a sus cuentas bancarias y digitales.

El fiscal Agustín Nigro detalló que “en pocos minutos se transfirieron $865.000” desde la cuenta bancaria de la mujer y “otros $5.115.661” que se encontraban en la billetera virtual. Además, la empresa financiera le otorgó un préstamo por $2.730.000 a nombre de la víctima, monto que fue transferido automáticamente sin su consentimiento.

Medidas judiciales y resistencia de la empresa

El juez José Luis García Troiano resolvió suspender el cobro de las cuotas del préstamo durante tres meses. Según el fiscal Nigro, esta decisión busca “evitar que la víctima sufra mayores perjuicios de los que ya tuvo”. Sin embargo, el magistrado rechazó una solicitud para que la empresa proveedora del servicio reintegre el dinero sustraído en su totalidad.

Actualmente, se lleva a cabo una investigación para rastrear el destino de los fondos. Las primeras pesquisas indican que varias personas, presuntamente vinculadas entre sí y no oriundas de Santa Fe, estarían involucradas en el esquema fraudulento.

Un contexto de creciente ciberdelincuencia

El caso refleja el aumento de las estafas virtuales en Argentina, un fenómeno agravado por la proliferación de billeteras electrónicas y la falta de controles efectivos en las transacciones digitales. Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las denuncias de este tipo de fraudes crecieron un 30% en los últimos dos años.

Organismos judiciales y de defensa al consumidor han advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las plataformas financieras digitales. Además, insisten en que las empresas proveedoras de estos servicios deben asumir mayor responsabilidad frente a las estafas que afectan a sus clientes.

Un llamado a la prevención

El fiscal Nigro hizo hincapié en la importancia de no compartir datos sensibles a través de enlaces o llamadas telefónicas y recomendó extremar los cuidados al utilizar aplicaciones financieras. Asimismo, recordó que los bancos y empresas de servicios no solicitan información personal ni accesos remotos a través de canales no oficiales.

Mientras tanto, la víctima del fraude enfrenta una incertidumbre económica agravada por la resistencia de la empresa a devolver los fondos sustraídos. La resolución del caso será clave para sentar precedentes legales en un ámbito que todavía carece de regulación específica.