La Justicia porteña condenó a los dos propietarios del geriátrico Apart Los Incas, ubicado en el barrio de Belgrano, y a su directora médica, por la muerte de 10 residentes durante la pandemia de coronavirus. La sentencia fue dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires y estableció dos años de prisión condicional para Hugo Visca, Luis Daniel Megyes y Carla Raffo, además de inhabilitaciones y una indemnización total que asciende a $40 millones.

El establecimiento, denunciado en 2020 por sus condiciones sanitarias y la falta de protocolos adecuados para enfrentar la emergencia sanitaria, se convirtió en uno de los focos más graves de contagio y letalidad en adultos mayores durante los meses críticos de la pandemia. Según fuentes judiciales, el geriátrico incumplió medidas de aislamiento, atención médica y prevención de contagios, lo que provocó la propagación del virus y la posterior muerte de diez personas internadas allí.

Condenas leves y críticas de las víctimas

Pese a la magnitud del caso, los condenados no cumplirán prisión efectiva. La pena se estableció en dos años de prisión condicional, con la prohibición para los dueños de operar geriátricos durante tres años y para la médica responsable durante cuatro. Además, se fijó una compensación económica de $4 millones por cada víctima fatal.

Fueron absueltas las parejas de los dueños, Daniela Alejandra Gonzalo y Alicia Haydee Allegue, así como Paula Trunzo, ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad que tenía a su cargo la fiscalización de este tipo de instituciones. Todas las partes solicitaron su sobreseimiento, pese a que ocupaba un rol clave de control institucional.

Sergio Federovisky, ex viceministro de Ambiente y denunciante del caso, cuestionó duramente la decisión judicial. “Es una vergüenza. Voy a apelar”, declaró tras conocerse el fallo. Federovisky había presentado la denuncia pública en 2020, al advertir sobre las condiciones críticas dentro del geriátrico.

Un fallo que deja preguntas abiertas

La lectura de los fundamentos quedó programada para el lunes 14 de julio. Mientras tanto, la causa deja expuestas fallas graves en la fiscalización de establecimientos para adultos mayores, así como en la respuesta estatal ante situaciones de riesgo sanitario. La absolución de la ex funcionaria porteña también generó cuestionamientos, ya que desde organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas se reclamó una investigación más profunda sobre el rol del Gobierno de la Ciudad.

El caso de Apart Los Incas fue uno de los más emblemáticos en plena emergencia sanitaria por COVID-19. Las muertes de los residentes, la falta de atención oportuna y la ausencia de respuesta institucional en tiempo real dejaron una huella dolorosa en la memoria de familiares y trabajadores de salud.

La baja severidad de las penas alimentó el debate sobre la impunidad y la desigual aplicación de la Justicia en casos que involucran a adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables durante la pandemia.