Judiciales ⚖️
A 10 años de la tragedia de Once los culpables están libres
El choque de la formación del ex ferrocarril Sarmiento en la estación del barrio porteño de Once derivó en dos juicios orales penales en 2015 y 2017.
El choque de la formación del ex ferrocarril Sarmiento en la estación del barrio porteño de Once derivó en dos juicios orales penales en 2015 y 2017.
El primero se hizo contra el motorman del tren Marcos Córdoba, los entonces directivos de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) y los exsecretarios de Transporte en el kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Este debate oral en 2015 derivó en condenas a prisión para 21 personas que quedaron firmes en la Corte Suprema, salvo la de J
Hasta que esto ocurra, Jaime recuperó la libertad pero exclusivamente en esta causa, ya que en la actualidad está detenido y sometido a juicio en el marco de una pesquisa por supuesto enriquecimiento ilícito y otros hechos de corrupción.
Los condenados en el juicio oral iniciado en 2015 se presentaron para quedar presos el 5 octubre de 2018 en los Tribunales Federales de Retiro, una vez que Casación revisó sus condenas, las redujo y rechazó luego un recurso extraordinario ante la Corte.
Salvo en el caso de Jaime, el máximo tribunal del país dejó firme las penas el 24 de septiembre de 2020, al rechazar varios recursos de queja.
El 31 de diciembre pasado quedó en libertad condicional el expresidente de TBA al momento del choque, Carlo Michelle Ferrari, quien había sido condenado a 5 años de prisión por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y «estrago culposo agravado» en relación al hecho que derivó en la muerte de 52 personas y causó heridas a 789 en la mañana del 22 de febrero de 2012.
Al igual que otros condenados, el exdirectivo de TBA tenía ya concedido el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir penas que vencen entre 2023 y 2024.
Otros beneficiados con la libertad condicional entre diciembre de 2021 y enero último fueron los ex directivos de TBA Jorge De los Reyes, Sergio Daniel Tempone y Carlos Pont Verges.A todos se les retiró la tobillera electrónica con la que cumplían el arresto domiciliario.
En otro de los casos, Jorge Álvarez, también directivo de la concesionaria al momento de la tragedia, quien había sido condenado a seis años de prisión, recibió la libertad condicional el 9 de diciembre último y salió de la cárcel de Ezeiza, donde cumplía la condena que vencerá el 4 de octubre de 2024.
Schiavi, por su parte, salió en libertad condicional el 15 de noviembre pasado, al cumplir dos tercios de su condena a cinco años y seis meses de prisión. Su pena vencerá el 4 de abril de 2024.
Por su parte, el maquinista Córdoba, con una pena de tres años y tres meses de cárcel, obtuvo la condicional en septiembre de 2020 y salió de la cárcel de Marcos Paz .
En cuanto al máximo responsable de la empresa TBA, Claudio Cirigliano, está con condena firme a 7 años de cárcel y tiene arresto domiciliario desde abril de 2021 por cuestiones de salud.Cirigliano dejó en ese mes la cárcel de Ezeiza y quedó alojado en su casa de la Ciudad de Buenos Aires con tobillera electrónica, con su esposa como garante.
En los restantes casos, los condenados ya habían accedido a la libertad condicional en 2020 por haber sido sentenciados a tres años de prisión o porque gozan de prisión domiciliaria con motivo de problemas de salud.
En octubre de 2018, en un segundo juicio por la tragedia, el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión.Este juicio lo realizó el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que lo condenó por «administración fraudulenta» en un veredicto que está confirmado en la Cámara Federal de Casación pero con un recurso de queja a estudio de la Corte Suprema.
Judiciales ⚖️
Marra le exigió a Milei por carta la renuncia de Adorni por ocultar 500.000 dólares: «el contrato con la sociedad se está poniendo en duda»
Adorni permanece en funciones con el respaldo del gobierno, mientras la causa judicial avanza porque admitió en TV haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas, en contradicción directa con sus propias declaraciones ante el Congreso.
El cofundador de La Libertad Avanza y ex legislador porteño publicó este jueves una carta abierta al presidente en la que, sin nombrar al jefe de Gabinete, reclamó una decisión que «duele» para preservar la palabra del Gobierno. La ruptura se produce en el pico de la crisis desatada por la admisión pública de Adorni de haber ocultado medio millón de dólares en sus declaraciones juradas.
Las fracturas dentro del universo libertario se aceleraron este jueves cuando Ramiro Marra, uno de los fundadores históricos de La Libertad Avanza y ex legislador porteño del espacio, publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que le exigió, sin mencionar su nombre, la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La misiva, agrega una voz del propio riñón libertario al coro de voces que desde distintos sectores de la política argentina reclaman la salida del funcionario más comprometido judicialmente del Gobierno.
«El contrato está en duda»
En el texto, Marra construyó su argumento sobre la idea de un pacto incumplido entre el Gobierno y la ciudadanía. Señaló que existe una situación de desgaste que «ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es «la palabra». Sin nombrar a Adorni en ningún momento, la referencia resultó inequívoca para quienes siguen el escándalo patrimonial que tiene al jefe de Gabinete bajo investigación judicial del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
«Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda», escribió el ex bróker de bolsa en uno de los pasajes más contundentes de la carta.
El proyecto «no le pertenece a una familia»
En otro tramo que apuntó directamente a las lealtades personales que sostienen a Adorni dentro del Gobierno, Marra le advirtió al presidente los límites de su propio poder y la responsabilidad que implica: «Con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos». Y añadió que cuidar el rumbo del país «muchas veces significa tomar decisiones que duelen».
El exdirigente también apeló a su propia experiencia de haber sido expulsado del partido a comienzos de 2025 por vía de un tuit, sin preaviso y sin explicaciones de fondo, para trazar una diferencia de conducta: «Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando». El cierre de la carta fue un pedido directo: que Milei «tome la decisión que corresponde» para proteger la supuesta credibilidad de su Gobierno.
La confesión que desató la tormenta
La carta de Marra llega en el peor momento para Adorni desde que la causa judicial se instaló en la agenda pública. El 10 de junio pasado, el jefe de Gabinete admitió en una entrevista con el canal LN+ que él y su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron al menos 500.000 dólares fuera de sus declaraciones juradas patrimoniales, cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados durante 25 años y a ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin. La frase que más repercusión generó fue su propia justificación del ocultamiento: «Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos».
La confesión televisiva contradijo de manera directa lo que el propio Adorni había declarado ante el Congreso apenas semanas antes, cuando aseguró que «nunca existió ocultación alguna» y que en su declaración pública «se encuentra el detalle de todos los bienes que componen mi patrimonio». Al día siguiente de la entrevista, el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas rectificativas de 2023 y 2024, junto con la de 2025, que registran su patrimonio neto total en más de 627 millones de pesos. Los bienes totales declarados pasaron de 662,6 millones a 944,5 millones de pesos entre el inicio y el cierre de 2025, según consignó el propio documento presentado ante la OA.
La presión crece desde adentro y desde afuera
El reclamo de Marra no es aislado ni pertenece solo a la oposición. La diputada Marcela Pagano, que impulsó la investigación y solicitó la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, publicó días atrás una respuesta pública en la que enumeró las contradicciones del funcionario: señaló que Adorni mintió sobre el estado dominial del inmueble en el country Indio Cuá, que su relato sobre las criptomonedas resultó inverosímil y que reconoció haber contactado al contratista Matías Tabar antes de su declaración judicial, lo cual, advirtió, constituye entorpecimiento de la investigación. «Lo que él llama errores son inmoralidades», sostuvo la legisladora.
Desde el sector del PRO, la diputada nacional y titular del partido en Santa Fe, Gisela Scaglia, también reclamó la salida del funcionario: «Nos toma el pelo. Mintió y seguirá mintiendo porque no tiene cómo explicar su patrimonio. Decir que acomodó sus cuentas porque encontró un pendrive es el modo más burdo de reírse en la cara de la gente». En la misma línea se pronunció el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. La presión ya desbordó los límites del kirchnerismo y de la oposición tradicional para instalarse en el corazón mismo del espacio que llevó a Milei al poder.
La investigación judicial no cede
Mientras la tormenta política arrecia, la causa judicial avanza sin pausas. El juez Lijo y el fiscal Pollicita investigan un esquema patrimonial que, según el informe especial elaborado por este medio, ya supera los 840.000 dólares en bienes e inversiones que Adorni no logra justificar en su totalidad, entre los que se incluyen las refacciones del country Indio Cuá, pagadas con 245.000 dólares en efectivo y sin factura según declaró el contratista Tabar, y la compra del departamento en el barrio de Caballito con una modalidad de deuda con las propias vendedoras, dos jubiladas. A eso se suma el uso del avión presidencial para el traslado de Angeletti a Nueva York, la investigación sobre contratos en la Televisión Pública vinculados a la productora de un amigo íntimo de Adorni y las ramificaciones que conectan la causa con el escándalo de la Causa $Libra.
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