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Trump firmó en Versalles el acuerdo con Irán: 60 días para negociar la paz

Trump y Pezeshkian rubricaron en forma digital el memorando de entendimiento de 14 puntos que establece un alto el fuego de 60 días, la reapertura del Estrecho de Ormuz y un cronograma de levantamiento de sanciones. El presidente estadounidense lo anunció al salir del Palacio de Versalles durante la cumbre del G7.

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Trump y Pezeshkian firman digitalmente el memorando de paz: 60 días para negociar el acuerdo definitivo con Irán.

Los presidentes de Estados Unidos y de Irán, Donald Trump y Masoud Pezeshkian, firmaron este miércoles 17 de junio de manera digital el memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra entre ambos países, según confirmaron funcionarios de la Casa Blanca a la cadena CBS y el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, en declaraciones a la televisión estatal IRIB TV reportadas por la agencia Xinhua. El documento, de 14 puntos, ya se encuentra «en vigor», según indicó un funcionario de la Casa Blanca.

Trump realizó el anuncio al salir del Palacio de Versalles, donde cenaba con el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) que se celebra en Evian-les-Bains, Francia. «Está firmado. Firmado en Versalles. Acabo de firmarlo», declaró el mandatario estadounidense a la prensa, según consignaron funcionarios a la cadena NBC News. El sitio France 24 también informó que ambos presidentes suscribieron «oficialmente» el documento.

No fue la primera firma del proceso. El pasado domingo, el memorando ya había sido rubricado digitalmente por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, según informó un funcionario estadounidense. Pese a la firma remota del miércoles, Vance viajará el viernes a Suiza para una ceremonia presencial en Bürgenstock, que tendría carácter simbólico, confirmó una fuente oficial.

Un acuerdo interino, no definitivo

El memorando establece un alto el fuego inmediato entre ambos países, pero funcionarios de las dos partes aclararon que no constituye un tratado definitivo, sino un marco diplomático de transición. El documento prevé un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo final, prorrogable por mutuo consentimiento, durante el cual avanzarán las negociaciones técnicas sobre el programa nuclear iraní y otras cuestiones regionales sensibles.

Entre los puntos centrales del entendimiento figura la reapertura del Estrecho de Ormuz, corredor marítimo estratégico por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, bloqueado desde el inicio de las hostilidades a fines de febrero. Irán se comprometió a garantizar el «paso seguro de buques comerciales» durante los primeros 60 días, tras los cuales se negociará con Omán la futura administración de la vía. El propio Trump celebró el hecho en su plataforma Truth Social con la frase: «¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!»

El acuerdo contempla además el levantamiento progresivo de sanciones sobre Irán y el descongelamiento de fondos y activos, aunque de manera gradual y condicionada a los avances en las negociaciones nucleares, según describieron funcionarios de Pakistán, uno de los mediadores clave en el proceso, bajo reserva de identidad. En una primera etapa, Estados Unidos concedería exenciones que permitirían a Irán retomar exportaciones de petróleo en forma libre. Los ingresos iraníes por exportación de crudo superaron los 46.000 millones de dólares en 2024, según datos consignados por medios internacionales.

Trump: «Si no me gusta, volveremos a dispararles»

La naturaleza frágil del entendimiento quedó en evidencia en las propias palabras del presidente estadounidense, quien matizó el alcance del documento con una amenaza explícita: «Es un memorándum de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas», declaró Trump según consignaron medios internacionales. La frase, característica del estilo transaccional del mandatario republicano, dejó en claro que la paz dista de estar consolidada.

Desde Washington, el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, salió a desmentir versiones filtradas: luego de que CNN publicara un borrador del acuerdo, Cheung escribió en redes que el texto «no refleja» el contenido real del documento. Paralelamente, funcionarios estadounidenses advirtieron que el alto el fuego no será unilateral y que Irán deberá contener a Hezbolá: «Si Hezbolá ataca a Israel, Israel tendrá plena capacidad para contraatacar», remarcaron bajo anonimato.

Resistencias en Israel, dudas en el Congreso

El acuerdo generó resistencias en sectores clave. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acató el entendimiento sin renunciar a la ocupación militar del sur del Líbano, y enfrenta críticas internas porque el memorando no garantiza una retirada iraní de la región ni limita de inmediato la capacidad nuclear de Teherán, dos de los objetivos centrales de la seguridad israelí. Pese al acuerdo, reportes de medios internacionales indicaron que Israel y Hezbolá continuaron con enfrentamientos en el sur del Líbano.

En el plano interno estadounidense, Trump también deberá convencer a sectores del Partido Republicano escépticos ante las concesiones otorgadas a Irán sin contrapartidas equivalentes y claras. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, valoró el acuerdo como «una oportunidad nueva para garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear» y destacó que la reapertura del Estrecho de Ormuz representa «un gran paso adelante», aunque advirtió que «restaurar los flujos va a llevar tiempo».

Antecedentes: de la guerra al memorando

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero de 2026 y generó un impacto inmediato en la economía global: el bloqueo del Estrecho de Ormuz disparó el precio del barril de petróleo más de un 50% desde el inicio de las hostilidades. En Argentina, ese sacudón se tradujo en aumentos acumulados del 23% en los combustibles, según datos relevados por este medio en cobertura previa. En abril, ambas partes acordaron un alto el fuego provisional para habilitar negociaciones, aunque los ataques continuaron de manera intermitente. El proceso negociador contó con la mediación de Pakistán y Omán, entre otros actores regionales.

Los líderes del G7 reunidos en Francia respaldaron el acuerdo y lo calificaron en un comunicado conjunto como «una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera armas nucleares», según difundieron durante la cumbre. El G7 se declaró «dispuesto a contribuir a su implementación». El memorando también prevé un mecanismo ejecutivo de supervisión respaldado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Puntos clave

  • Trump y Pezeshkian firmaron digitalmente el memorando de 14 puntos el miércoles 17 de junio desde Versalles y Teherán respectivamente.
  • El acuerdo establece un alto el fuego de 60 días y la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, cerrado desde el inicio del conflicto en febrero.
  • El levantamiento de sanciones será gradual y condicionado a los avances en las negociaciones nucleares.
  • Trump advirtió que el acuerdo no es definitivo y amenazó con reanudar los ataques si el memorando no satisface a su administración.
  • Israel y Hezbolá continuaron con escaramuzas en el sur del Líbano pese al anuncio del cese de hostilidades.

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La Justicia frenó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La jueza federal Mariel Borruto ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar obras en el área del proyecto Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas. La cautelar abarca perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial, e incluye restricciones sobre actos financieros vinculados al emprendimiento.

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Jueza federal ordenó suspender toda obra y acto financiero vinculado a Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas.

Una medida judicial frenó en seco el avance del proyecto petrolero Sea Lion en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a las empresas internacionales Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras en la zona, en una decisión que abarca perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de hidrocarburos.

La resolución fue dictada en el marco de una acción presentada por un ex combatiente de la guerra de Malvinas y se produce en medio de las denuncias que el propio Gobierno nacional activó contra empresas que operan en el archipiélago bajo licencias otorgadas por el Reino Unido, sin autorización de la República Argentina. La cautelar no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas, según precisó la propia magistrada en el fallo.

Qué prohíbe la cautelar

El alcance de la medida es amplio y multidimensional. Además de suspender las obras físicas del proyecto, la jueza Borruto prohibió a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto Sea Lion.

Como parte de las obligaciones impuestas a las empresas, el fallo les exige detallar la estructura societaria utilizada para el emprendimiento, identificar las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos realizados o comprometidos, las aseguradoras y reaseguradoras involucradas, y toda la documentación ambiental disponible: estudios de impacto, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia. También deberán informar sobre obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas, y toda ampliación o incorporación de pozos prevista.

El Estado nacional en el banquillo informativo

La resolución no apunta solo a las empresas privadas. La magistrada le solicitó a la Cancillería argentina que informe, en un plazo de diez días, si las compañías involucradas en el proyecto «cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina».

La jueza también ofició a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para que indique si existe en sus registros algún aviso o procedimiento de análisis de impacto ambiental iniciado respecto del proyecto Sea Lion o de sus posibles ampliaciones. En caso de que no existiera tal procedimiento, deberá comunicar al Juzgado si en el futuro se inicia alguna gestión en ese sentido.

Un fallo en el contexto de la política soberana de Milei sobre Malvinas

La decisión judicial cobra especial relevancia en un escenario en el que el propio Gobierno de Javier Milei anunció que ampliará las denuncias contra las empresas que operan en las islas con licencias británicas. La paradoja es llamativa: mientras el oficialismo impulsa discursivamente la causa Malvinas en el plano judicial, avanza en simultáneo con una agenda de desregulación y apertura al capital extranjero que en otros ámbitos debilita las herramientas de defensa de los recursos estratégicos del Estado argentino.

El proyecto Sea Lion, operado por las firmas demandadas en aguas que la Argentina reivindica como propias, forma parte de una disputa estructural sobre los recursos hidrocarburíferos de la Plataforma Continental argentina. La explotación de esas reservas sin el consentimiento del Estado nacional constituye, desde la perspectiva del derecho internacional y la legislación argentina, una violación a la soberanía sobre los recursos estratégicos del país. La medida cautelar dictada por la jueza Borruto es, por ahora, el freno más concreto que el sistema judicial colocó sobre ese avance.

Lo que tenés que saber

  • La jueza federal Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender toda obra y acto financiero vinculado al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas.
  • La medida cautelar fue impulsada por un ex combatiente de la guerra de Malvinas y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas.
  • Las demandadas deberán presentar ante la Justicia la estructura societaria del proyecto, sus fuentes de financiamiento, documentación ambiental y el detalle de obras realizadas o planificadas.
  • La Cancillería tiene diez días para informar si las empresas cuentan con autorización argentina para operar en aguas de la Plataforma Continental.
  • La decisión se produce en el marco de las denuncias que el propio Gobierno nacional activó contra empresas que explotan recursos en el archipiélago con licencias del Reino Unido.
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