El juez federal Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF N° 7) donde se sustancia el juicio oral de la Causa Cuadernos contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 74 imputados, le envió una carta al presidente Javier Milei para reclamarle que frene el concurso abierto para reemplazarlo en ese cargo. El escrito, de ocho carillas, denuncia lo que el magistrado califica como un doble estándar institucional que lo pone en una situación de desigualdad respecto de otros jueces que atravesaron circunstancias idénticas pero recibieron un trato radicalmente distinto por parte del mismo Gobierno.

La información precisa que Castelli fue trasladado al TOF N° 7 durante la gestión de Cambiemos, por decreto, y que ese mecanismo de traslado es precisamente el que está en el centro de la disputa judicial y constitucional que viene resolviéndose de manera selectiva desde 2020.

El argumento del doble estándar

El eje de la carta de Castelli es la comparación con el caso del juez Carlos «Coco» Mahiques, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien también llegó a ese cargo por traslado en 2018, durante la misma administración macrista. Sin embargo, lejos de impulsar un concurso para reemplazarlo, el presidente Milei lo nominó formalmente el mes pasado para un nuevo período de cinco años, con acuerdo del Senado de la Nación. El dato no es menor: Carlos Mahiques es padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien también firma, junto al Ejecutivo, las decisiones sobre designaciones judiciales.

En su escrito, Castelli le señaló directamente al presidente: «El criterio que usted adoptó en 2026 en representación del Poder Ejecutivo, junto al Senado, en el caso del traslado Mahiques, es idéntico a la postura asumida por ese Poder Ejecutivo en 2024 al aceptar el procedimiento de solución amistosa ante la CIDH». Y marcó la paradoja de que el Gobierno canceló ese proceso de solución amistosa apenas 20 días antes de que comenzara el juicio oral en la Causa Cuadernos contra Cristina Kirchner.

Para Castelli, se trata de un «ataque a la estabilidad como garantía del principio de independencia en la magistratura». Además, cuestionó al Consejo de la Magistratura por lo que califica de actuación contradictoria: ese organismo nunca impulsó concursos para reemplazar al universo de aproximadamente 50 jueces que se encuentran en situación de traslado, y solo activó los procedimientos en los casos de él mismo, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los tres magistrados cuyo desplazamiento fue impulsado durante el gobierno de Alberto Fernández precisamente porque intervenían en causas sensibles para el kirchnerismo.

Seis años de una disputa constitucional sin resolver

El conflicto tiene su origen en 2018, cuando durante la presidencia de Mauricio Macri se produjeron una serie de traslados de jueces que la oposición kirchnerista cuestionó por considerarlos inconstitucionales. Castelli fue desplazado desde un tribunal oral de San Martín al TOF N° 7 de Comodoro Py. Sus colegas Bruglia y Bertuzzi pasaron del Tribunal Oral Federal N° 4 a la estratégica Sala I de la Cámara Federal, instancia revisora de todas las causas de corrupción. Los tres jueces tenían en común que participaban en causas vinculadas a la expresidenta.

En 2020, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo conocido como «Bertuzzi» y estableció que los traslados no otorgaban estabilidad definitiva en el cargo: los jueces podían permanecer en sus funciones de manera transitoria, pero solo hasta que se realizaran los concursos previstos por la Constitución para cubrir esas vacantes en forma permanente. Fue sobre esa base que el Consejo de la Magistratura abrió los concursos N° 461 para las vacantes de Bruglia y Bertuzzi, y N° 479 para la de Castelli. El magistrado sostiene que la consecuencia directa de que se aplique el criterio adoptado con Mahiques sería la nulidad de ambos concursos.

El propio ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo «Bertuzzi», declaró públicamente que «la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad», y contrastó el trato recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia. La crítica proviene, entonces, no solo de los jueces afectados sino del propio tribunal que fijó el precedente.

La CIDH y el proceso de solución amistosa truncado

Castelli también le pidió a Milei que retome el proceso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que el propio Gobierno había dado inicio en abril de 2024 pero que interrumpió en octubre de 2025, veinte días antes del comienzo del juicio oral por los Cuadernos. En su escrito de ocho carillas, el juez también reclamó que la CIDH considere su caso y denunció que la forma en que se trató su situación configura una «fatal contradicción en perjuicio del sistema republicano, traducida en discriminación y persecución con afectación de la seguridad jurídica, la igualdad, y que impacta en la estabilidad como garantía de la independencia de la magistratura».

En paralelo, el camarista Leopoldo Bruglia siguió el mismo camino y también solicitó a la CIDH una medida cautelar para suspender el concurso que busca reemplazarlo. En su presentación, señaló al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y al viceministro Santiago Viola, este último representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un organismo donde, curiosamente, tanto él como Bertuzzi habían procesado a Viola en el pasado por una causa en la que se lo acusó de haber promovido testigos falsos.

El impacto en el juicio por los Cuadernos

El desenlace de esta disputa no es un asunto menor. Si Castelli fuera reemplazado como resultado del concurso, perdería su condición de «juez natural» en los expedientes radicados en el TOF N° 7, incluido el juicio de los Cuadernos donde se juzga a Cristina Kirchner junto a ex funcionarios y empresarios que, según la acusación, pagaron y recibieron sobornos para mantener contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas. La causa, una de las más voluminosas de la historia judicial argentina, acumula más de 540 hechos investigados y 154 imputados originales. La salida de uno de los jueces en pleno juicio oral generaría un escenario de alto impacto institucional.

Lo que el caso Castelli expone con nitidez es el funcionamiento del doble estándar en el «partido judicial»: los mismos actores que cuestionaron los traslados del macrismo cuando los jueces resultaban incómodos para el kirchnerismo, y los mismos que hoy gestionan el sistema judicial bajo el gobierno de Milei, aplican criterios opuestos según a quién beneficie cada decisión. El padre del ministro de Justicia conserva su cargo sin concurso; el juez que preside el tribunal que juzga a la principal adversaria política del Gobierno enfrenta un proceso de reemplazo acelerado.

Puntos clave

• El juez Germán Castelli del TOF N° 7 le envió una carta de ocho carillas al presidente Milei para frenar el concurso abierto para reemplazarlo en la Causa Cuadernos.
• Castelli denunció un doble estándar: mientras a él se le aplica un concurso de reemplazo, al juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, se le renovó el cargo por cinco años sin concurso.
• El Gobierno canceló el proceso de solución amistosa ante la CIDH apenas 20 días antes del inicio del juicio oral de los Cuadernos contra Cristina Kirchner.
• El propio ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti reconoció que la aplicación selectiva de los concursos «afecta la legitimidad» del sistema.
• Si Castelli es reemplazado, perdería su condición de juez natural en el juicio de los Cuadernos, el proceso de corrupción más grande de la historia judicial argentina.